jueves 22.08.2019

Sanidad pública, un derecho irrenunciable

La Ley General de Sanidad de 1986 fue un éxito sin paliativos. En pocos años España construyó uno de los sistemas de salud más eficientes del mundo...

Al Dr. Martínez Elbal, una vida dedicada al corazón de todos

El 25 de Abril de 1986 el Congreso de los diputados, a instancias del ministro Ernest Lluch, aprobaba la Ley General de Sanidad que implantaba la universalización de la asistencia sanitaria mediante la creación del Sistema Nacional de Salud. Hasta entonces, la sanidad española se movía en un mar de chanchullos, inoperancias y flagrantes injusticias que permitían a algunos médicos del antiguo régimen enriquecerse a costa de la salud de los demás e impedían a muchos ciudadanos tener las mínimas prestaciones sanitarias. Hasta 1980, la mayoría de la población seguía sometida al sistema de igualas, una familia se ponía de acuerdo con un médico y a cambio de una cantidad mensual recibía una atención elemental, muchas veces ineficiente. Los grandes hospitales construidos durante los últimos años del franquismo estaban regidos por jardineros fieles que permitían que médicos como Cristóbal Martínez Bordiú, Ramiro Rivera y otros muchos actuasen en ellos según su personal concepción de la medicina y su interés. Consecuente, Rivera encabezaría la rebelión de una parte de la profesión contra esa nueva ley y las incompatibilidades que la acompañaban. Eran los tiempos de “por qué no se pasa usted por mi consulta particular, allí le podría evaluar mejor y darle un diagnóstico más certero…”, los tiempos en que muchos de los titulares de Servicio no aparecían por el mismo más que para cobrar pese a tener cuatro o cinco plazas a la vez en hospitales públicos: El trabajo en la privada rendía mucho; los tiempos –que parecido con lo que quiere el Partido Popular ahora- en que se aseguraba a un trabajador por dos meses al año y cuando llegaba la jubilación se encontraba con que no había tal. Fueron también los tiempos en que muchos médicos jóvenes que no creían que la salud fuese un negocio –es el caso del Dr. Martínez Elbal, que se jubiló hace un año como Jefe del Servicio de Hemodinámica del Hospital de la Princesa- se prepararon a conciencia en sus facultades y viajando a Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos para después repartir sus conocimientos entre miles de colegas y aplicarlos a millones de pacientes sin importarles que otros con mucha menos preparación se estuviesen haciendo de oro trabajando en la privada para señorones ensortijados.

La Ley General de Sanidad de 1986 fue un éxito sin paliativos. En pocos años España construyó uno de los sistemas de salud más eficientes del mundo: Se atendía a la totalidad de la población en todas las especialidades y con un nivel de éxito altísimo con mucha menos inversión que cualquier país de nuestro entorno, por ejemplo la mitad de lo que gasta Estados Unidos en un sistema segregador y excluyente en el que la atención sanitaria está directamente relacionada con la capacidad de pago del enfermo. Como consecuencia de un sistema en el que todos los recursos públicos se asignaban a la Sanidad Pública y de la altísima cualificación de muchos de nuestros profesionales sanitarios, en 1989 nacía la Organización Nacional de Trasplantes que hoy, al cumplir veinticinco años de vida, ha realizado más de quinientos mil trasplantes de todo tipo, lo que quiere decir que más de un uno por ciento de los españoles ha recibido un órgano o un tejido de otra persona para salvar la suya o mejorarla sustancialmente. La Organización Nacional de Trasplantes, que es, para orgullo de todos, líder mundial desde hace veinte años, no habría sido posible sin un sistema público de salud como el que ha habido hasta hoy en España gracias a la Ley General de Sanidad de Ernest Lluch, tampoco sin la preparación y la vocación a prueba de tentaciones de toda una generación de médicos y sanitarios en general que creyeron en el derecho por igual a la salud de todos los habitantes de este país. Empero, nada habría sido posible sin la voluntad política de crear un sistema público de salud fuerte, tan fuerte que pudiese sobreponerse a los intereses creados por años y años de medicina mercantil que permitía a quienes a ella se dedicaban vivir como si tuviesen un pozo de petróleo en el jardín de casa.

Hoy, todo ha cambiado, y aunque se mantienen en esencia la mayor parte de los servicios y prestaciones, el empeño del partido que gobierna en Madrid, pero también del que lo hace en Cataluña, en hacer de nuestra salud un negocio so pretexto de la crisis-estafa, ha disminuido drásticamente el número de médicos y enfermeros por habitante, ha cerrado quirófanos y menguado la inversión en investigación y tecnología, creando, como consecuencia, unas insoportables listas de espera que en algunos casos, y para enfermedades que ponen en riesgo la vida, superan los seis meses. Las protestas y manifestaciones de las mareas blancas no hacen mella en unos  señores que tienen muy claro cuál es su modelo sanitario, convencidos como están de que asfixiando a la Medicina Pública mediante esas listas de espera la privatización caerá por su peso, pues el enfermo que padezca una dolencia de consideración y no encuentre la forma de ser atendido en un hospital público terminará por acudir, valga lo que valga, a una clínica privada dónde un médico pesetero y desaprensivo ponga coto a sus males a cambio de su hacienda, siempre que se tenga, porque en caso contrario tocaría ponerse en paz con Dios para los creyentes o con el diablo para los que no lo somos.

El Partido Popular y Convergencia i Uniò tienen un modelo sanitario muy parecido al que hoy rige en Estados Unidos, y que básicamente se reduce a esto: La salud para el que la puede pagar, para los demás, la beneficencia, si se portan bien. Es un modelo mucho más caro, clasista y excluyente que antepone el negocio a la salud, pero es que además no es un sistema que monten particulares para particulares que quieran pagarlo, sino que pretenden que se pague con los fondos públicos que hoy financian la Sanidad de todos. Estamos, pues, ante un ataque en toda regla contra uno de los derechos esenciales de la Democracia, el derecho a la salud. Los grupos médico-mercantiles Capio, Rivera, Dkv se frotan las manos ante la visión del tesoro que ya adivinan suyo. Es nuestra obligación impedir, apoyando a las mareas blancas, protestando, escribiendo, gritando, que sus planes y los de los gobiernos de derechas se cumplan. No somos el segundo país del mundo en esperanza de vida por casualidad. La Sanidad Pública es un derecho, sagrado, irrenunciable, quienes la están ahogando deben saber que enfrente tienen un pueblo dispuesto a todo.

Sanidad pública, un derecho irrenunciable