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lunes. 05.12.2022

Ofensas contra los sentimientos religiosos

willy

Guillermo, además de actor, es también un ciudadano que lleva años denunciando la deriva autoritaria del gobierno del Partido Popular y del régimen monárquico

Creo que corría el año del Señor de 1979 cuando me cagué en Dios mientras pasaba el Santo Cristo de los Voluntarios, única imagen de la procesión del silencio de mi pueblo que hacía su recorrido acompañada por un tambor y unas decenas de nazarenos mientras las calles permanecían a oscuras y los bares cerrados a cal y canto. El Cristo salía bajo la advocación de la División Azul, aquellos voluntarios franquistas que, a sabiendas o no, fueron a luchar al lado de Hitler y su ejército exterminador. Pasaba por un periodo personalmente difícil y ese grito en medio de la noche nazarena mientras discutía con mis amigos me creo muchos más problemas que alegrías. Un gran disgusto a mis padres y la comparecencia ante un juez que decidió sobreseer la denuncia por blasfemia presentada por un cívico ciudadano amigo de mi familia en cumplimiento de su deber cristiano. Hoy, cuando han pasado cuarenta años de aquellos hechos que pudieron acabar con mi linchamiento en la vía pública, no recuerdo aquello como una heroicidad, eran tiempos difíciles y podía haber pasado cualquier cosa, pero pienso en quienes de verdad creen en Jesús y me pregunto ¿cómo es posible que saquen a un crucificado sobre una peana forrada de tela en la que se homenajea a semejante ejército? ¿Alguien imagina algo así en Alemania, un desfile católico con la cruz gamada y las bandas de las SS?

Hace unos días Guillermo Toledo se cagó en Dios, acto imposible de realizar por diversos motivos que no vienen al caso, quedando, por tanto, en la exhibición pública de un deseo que no tiene nada que ver con la fe de los creyentes sino con la implicación de la institución católica en lo temporal, en lo que es del César, en los presupuestos del Estado, en la dirección política del país, en su regreso al pasado más rancio y turbio. Toledo es un actor con una dilatada carrera a sus espaldas que ha tocado todos los palos del arte de Talía, demostrando sobradamente su alta capacidad para una profesión dura que cuenta desde hace años con la enemiga de los gobernantes. Pero Guillermo, además de actor, es también un ciudadano que lleva años denunciando la deriva autoritaria del gobierno del Partido Popular y del régimen monárquico. Resulta que desde la reforma del Código Penal de 1995, existe una un nuevo hecho punible que castiga la “ofensa a los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa”, algo parecido al delito de odio, tan amplio y difuso como él. Dicen que ese artículo se incluyó en la reforma del Código para evitar problemas con los países islámicos, pero la realidad es que hasta hace unos años apenas se había empleado y que es ahora cuando se aplica a personas que reaccionan de un modo u otro contra la entente cada vez más firme entre el Gobierno Central y los Autonómicos con la Iglesia Católica, que como decía Chesterton cuando se convirtió, debe ser la verdadera si ha subsistido dos mil años practicando esa liturgia tan particular. 

El delito de odio y el de ofensas a las creencias religiosas sobran de un Código Penal Democrático. Yo tengo mis propias creencias, en absoluto religiosas, y todos los días oigo y leo barbaridades sobre ellas. No me siento ofendido y humillado en ningún caso, pero es que si me sintiera dolido o afectado no tendría más remedio que aguantarme. Así es la libertad de expresión en un país democrático. 

Cuando en 1931 Azaña pronunció su célebre discurso sobre el artículo 26 de la Constitución, afirmó que España había dejado de ser católica, frase que fue utilizada por los ultras para calificar al Presidente del Gobierno de anticlerical y comunista. Nada más lejos de la realidad, Azaña hizo un canto a la Iglesia Católica de los siglos XV, XVI y XVII, cuando el poder civil y religioso eran una misma cosa, aunque se le olvidó aludir al enorme daño que el predominio católico había hecho al arte, la literatura y la ciencia al limitar la libre expresión y focalizarla en asuntos religiosos de su dogma. A partir del siglo XVIII, continuaba Azaña, la Iglesia Católica española comenzó un declive  imparable que la convirtió a finales del XIX en el principal obstáculo para el desarrollo y el progreso de España. Su vinculación a las clases más poderosas del país, el desprecio por la ciencia y el conocimiento libre, la defensa de la moral vieja y caduca, el silencio ante las injusticias, el apoyo a las determinaciones más autoritarias del poder y su ambición económica, política y social la hacían incompatible con el bienestar y la libertad de los españoles, debiendo, por tanto, regresar a los ámbitos que le eran propios dentro de sus templos. La ignorancia, la superstición y la intransigencia convirtieron a Don Manuel en una especie de demonio que regía los destinos de la Anti-España. Pues bien, la Constitución de 1978 no se atrevió a contemplar la laicidad del Estado, optando por una aconfesionalidad que debía prestar atención al catolicismo. De esa manera, la Iglesia Católica continuó teniendo una puerta abierta para seguir metiéndose donde no la llamaban como siempre hizo. 

A estas alturas del partido, esa institución privada recibe casi seis mil millones de euros para sus colegios concertados católicos, unos colegios que discriminan por raza e ingresos y que imponen a sus alumnos una ideología reaccionaria. Recibe otra cantidad enorme de euros para restaurar edificios monumentales y obras de arte, siendo ella la encargada de llevarse todo lo que recauda por entradas, préstamos y otros ingresos. Pero es que además, la Iglesia Católica, que es la segunda propietaria del país después del propio Estado, no paga ningún impuesto, ni siquiera el de Bienes Inmuebles; los sueldos de curas y profesores de los colegios católicos salen del Erario y no hay fiesta religiosa que no esté sostenida total o parcialmente por los impuestos de todos. Por si eso  fuera poco, el poder terrenal de la Iglesia se extiende a la Judicatura, donde un porcentaje alto de jueces pertenecen al Opus y organizaciones de parecido sesgo, a las escuelas de Economía y marquetin, a los sectores inmobiliario -recordemos las inmatriculaciones- y al mundo de las grandes empresas, en muchas de las cuales participa directa o indirectamente. Y esto no es cosa que diferencie a unas comunidades de otras, sino algo generalizado en todo el Estado, dándose la coincidencia de que Madrid, País Vasco y Catalunya -con gobiernos en teoría diferentes- son los territorios en que más dinero se da a la santa institución.

Dudo muchísimo que si la Iglesia Católica se dedicase a difundir los mensajes evangélicos dentro de sus templos y no se inmiscuyera en la Cosa Pública, existiese eso que en verdad deberían llamar ofensas a los sentimientos católicos de algunos. No habría ningún motivo, pero cuando la asignatura de religión vuelve a ser obligatoria y evaluable, cuando el obispo de Alcalá de Henares, Reig Pla, dice que “el feminismo y la homosexualidad atentan contra la familia”, el de Valencia, Cañizares, afirma que “en la escuela católica no puede entrar la ideología de género porque destruye al hombre” o el de Granada, Martínez, asevera que “las políticas de igualdad son una patología” hay alguien que desde la oscuridad de la caverna más lúgubre demuestra poco amor por las libertades y los derechos del hombre, utilizando en su contra los muchísimos instrumentos de poder y socialización que tiene. Y ante eso, no se puede poner la otra mejilla.

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