viernes 13.12.2019

Una máquina de destruir derechos

Oigo a De Guindos –el hombre de Lehman Brothers- decir que no conoce otra manera de disminuir el paro que la creación de empleo.

De Guindos es hombre sabio aunque lo disimule con empeño y habilidad y sus palabras nos parecen acertadas tanto para una economía neoliberal como la que él defiende como para una mucho más social que es la que demanda la democracia y necesitan los ciudadanos

Oigo a De Guindos –el hombre de Lehman Brothers- decir que no conoce otra manera de disminuir el paro que la creación de empleo. De Guindos es hombre sabio aunque lo disimule con empeño y habilidad y sus palabras nos parecen acertadas tanto para una economía neoliberal como la que él defiende como para una mucho más social que es la que demanda la democracia y necesitan los ciudadanos. La teoría neoliberal que propaga el ministro de Economía y Perogrullo de Rajoy se basa en dos premisas, la primera es facilitar que los ricos acumulen cuantas más riquezas mejor de manera que aburridos en amasar euros piensen alguna vez en contratar criados para las cosas más peregrinas; la segunda, abaratar los salarios de tal modo que ningún trabajador chino, coreano, filipino o malayo pueda ganarnos en competitividad por abajo. Ambos postulados neoconservadores se están ejecutando en España de manera parecida a cómo se hizo en el Chile de Pinochet y en el de después. Conseguido que los ricos apenas paguen al Erario, logrado que una parte sustancial de los nuevos trabajos se remuneren con sueldos inferiores al salario mínimo, pasamos a la recta final de la conquista del Estado, que no es otra que la apropiación por los grandes capitalistas de la caja de la Seguridad Social dado que con salarios de esa índole y con el gran capital huido no es posible mantener ni las pensiones ni ninguna de las prestaciones consustanciales a la democracia. Se trata, pues, de un homicidio con premeditación, alevosía, malaleche y, tal vez, nocturnidad.

La creación de empleo es fundamental para que el engranaje del Estado Social de Derecho obtenga el combustible y los lubricantes precisos para su correcto funcionamiento. Ahora, la creación de empleo que no cotiza a la seguridad social ni contribuye fiscalmente al mantenimiento del Estado –aprendices, prácticos y becarios de que se nutren restaurantes de lujo, periódicos, bancos, bufetes y demás entes con derecho de pernada- es la forma más rápida y eficaz para acabar definitivamente con los servicios y derechos que los españoles nos hemos dado y garantiza la actual constitución. Cotizaciones de sueldos de seiscientos euros no pueden sostener pensiones de mil, ni declaraciones de la renta negativas por la cuantía mínima de los sueldos contribuir a aminorar el déficit o a paliar las deudas de la Seguridad Social y otras prestaciones fundamentales. Al mismo tiempo que las políticas económicas del Gobierno Rajoy mantienen el paro en torno al 20% de la población activa –desde Marx se sabe que el ejército de parados en el mejor instrumento para tener una mano de obra barata-, las televisiones y medios de comunicación del régimen emiten constantemente avisos sobre un porvenir nada halagüeño en el que no habrá pensiones o si las hay serán como las antiguas de beneficencia, recomendando al público en general que acuda a su estimado banco para pergeñarse un plan de pensiones que en caso de quiebra de la entidad, eso sí, garantizará el Estado que dice no podrá pagar pensiones en lo sucesivo. Si esto fuera cosa de broma, bien, comenzaríamos a reírnos todos, a escacharrarnos de la risa y se acabó, pero resulta que no es cosa de chanza, sino algo muy serio y muy pensado por quienes nos dirigen y nos tratan como a mercancías de desecho, como despojo sólo apto para kebab venenoso. No estamos hablando de una perspectiva a veinte o treinta años vista, de seguir con las actual política económica en el plazo máximo de cinco años la Seguridad Social colapsará obligando a quién esté en el Gobierno, sea quien sea, a realizar drásticos recortes que dejarán al sistema público en la mínima expresión, impidiendo a quienes son mayores o padecen enfermedades graves llevar una vida mínimamente decente. Esto, al igual que ocurre con los salarios del hambre que han impuesto, se nos presenta como algo inevitable, tan inevitable como la salida del sol, la evaporación o la muerte, dejando claro al trabajador de hoy que si no va a una entidad finaciera de las que crearon esta horrible crisis con el consentimiento de los gobiernos y paga un tanto al mes, su vida laboral se extinguirá con su vida física.

Somos un país de resignados, un país que ha pasado hambre durante siglos, que apenas lleva treinta viviendo con cierta dignidad material y con buena disposición para gritar “que me quiten lo bailao”, sólo así se explica que ante la banda de ladrones, inútiles y desaprensivos que rige la cosa pública y la privada, que ante la amenaza inminente de quiebra de la Seguridad Social por una gestión manifiestamente mejorable, que ante el colapso de todos los servicios públicos que garantiza la Constitución de 1978 por no afrontar adecuadamente su financiación y por una nefasta política de abandono, el pueblo no se haya echado a las calles para pedir el fin de tanta ignominia, tanto mangante y tanta putrefacción. Lo que ahora mismo se dirime en la política española no es una subida o bajada de sueldo del 1% ni una prolongación del permiso de maternidad de una semana, con ser esto muy importante no es nada al lado del desaguisado que nos están cocinando, lo que ahora mismo está sobre nuestras cabezas es la desaparición de la Seguridad Social y su pase a manos privadas por inanición, por estrangulamiento, por esclerosis financiera. Si hay algo que ha caracterizado al Gobierno Rajoy durante estos larguísimos cuatro años además de su obra legislativa reaccionaria y su opacidad, es la tendencia a dejarlo todo para mañana, a esperar a que escampe, a ver qué pasa, sucede que mañana ya está aquí, que se han gastado más de la mitad de la “hucha de las pensiones”, que los sueldos actuales no dan ni para el gasto corriente de los que trabajan, que el Estado no recauda lo que gasta pese a los enormes recortes con que nos han obsequiado y que quienes más tienen no pagan impuestos. Para evitar esta catástrofe inminente hay instrumentos que ofrecerían buenos resultados, el primero sería la expulsión de los poderes de quienes ahora están en ellos, resulta increíble que siete millones de personas sigan votando a quienes tanto daño han hecho, hacen y harán; el segundo, una subida del salario mínimo hasta los ochocientos euros, es paradójico que actualmente haya personas en la economía sumergida que ganen más dinero que en la emergida; el tercero, eliminar los contratos de prácticas y las becas que permiten tener mano de obra esclava y que, por tanto, no cotiza o cotiza poquísimo; el cuarto convertir los impuestos de la renta y el patrimonio en verdaderamente proporcionales y progresivos, aumentando los tramos de los mismos en vez de disminuirlos como ha hecho el actual gobierno; el quinto, disminuir, de acuerdo con la UE, la jornada laboral para que aumente el número de personas ocupadas y, por último, crear una Inspección de Hacienda especializada en fraude que no se dedique a perseguir a quienes tienen nómina y sí a hacer pagar a aquellos por cuyos bolsillos corre el dinero como el agua por el Amazonas. Si la era de la globalización propiciada por la crisis y la revolución tecnológica permite defraudar a los desalmados, también facilita los medios necesarios para saber a dónde está y en que se emplea hasta el último céntimo de euro en circulación. Si se quiere, se puede, el problema es que se quiera otra cosa distinta y contraria al interés general.

Una máquina de destruir derechos