La dictadura de los mercados no es un mito, ni la tormenta paranoica que aturde a unos cuantos pesimistas. La vemos todos los días, en nuestro vivir cotidiano
Desde hace unos años, España, toda ella, vive bajo la insoportable y destructora dictadura de los mercados. Aquí han desaparecido casi todos los controles que un Estado democrático debe tener sobre la actividad económica, aquí quienes más ganan son los que menos contribuyen a los gastos del común, los más insolidarios, los más humanamente atrasados; entre nosotros, apenas existen las inspecciones laborales, fiscales, educativas, urbanísticas o sanitarias, y no porque quienes de esos menesteres se ocupan no muestren interés por desempeñar su trabajo, sino porque son muy pocos, no tienen medios y no reciben las órdenes adecuadas. Un programa de televisión puede destapar en unas horas el horror que existe en muchas granjas donde se maltrata a los animales y se fomenta su enfermedad, mientras que el responsable administrativo del área dice que no actuaron antes porque no se habían enterado. Y no es eso, es que se ha adoptado el sistema norteamericano, en Estados Unidos no existen inspecciones de ningún tipo, cualquier granjero, cualquier emprendedor de lo que sea puede hacer lo que le venga en gana sin leyes que constriñan su desenvolvimiento económico, de tal manera que sólo si ese cerdo que tiene tumores del tamaño de una calabaza causa daños al ser consumido y se llega a él y al productor, entonces se actúa imponiendo multas y sanciones diversas que en ningún caso suponen un lastre insalvable para el desaprensivo. Ese es el camino y en eso estamos, dejando sin funcionarios a las inspecciones, limitando su campo de actuación, ocultando el trabajo de los que quedan como si fuesen un resquicio de un tiempo pasado y despreciable que interfería en las leyes dictadas por la mano invisible que mueve los mercados y al mundo. Tal como estamos, y si continúa este gobierno o uno similar durante unos años más, al Estado sólo quedará la función policial, sobre todo para reprimir a manifestantes y a ciudadanos disconformes con la nueva dictadura que nos han echado encima. Todo aquel que goce del título de emprendedor o tenga dinero, podrá hacer lo que le venga en gana, por encima de la ecología, de la salud, del bienestar, de la ley, de la justicia o del progreso a largo plazo. Es, que duda cabe, el camino más rápido para no llegar a ninguna parte.
La dictadura de los mercados no es un mito, ni la tormenta paranoica que aturde a unos cuantos pesimistas. La vemos todos los días, en nuestro vivir cotidiano, en el infierno que crean en rededor nuestro las múltiples empresas -la mayoría transnacionales- a las que se ha concedido el chollo de suministrarnos servicios públicos esenciales privatizados. Miremos por ejemplo lo que ocurre con las empresas de teléfonos. En teoría todas ellas están sometidas a la vigilancia de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, pero la realidad es muy otra, obran como quieren y como les conviene, maltratando a los consumidores, utilizando prácticas absolutamente despreciables, manipulando facturas y pagando sueldos de miseria. La comisión sólo actúa -cuando lo hace- si sus chanchullos han salido a la luz pública en los medios o si algún ciudadano acerado ha sido capaz de cumplir el tremendo proceso legal necesario para denunciarlas sin perder la cabeza o ser internado en un hospital psiquíátrico aquejado de cien mil ataques de nervios. Cuando vas a darte de alta, tienes un teléfono que cogen al primer tono y en el que te contestan con la máxima amabilidad. Una vez conseguido el contrato, te suben la tarifa contratada, te desprecian y te aplican cosas tan demoníacas como algo llamado “servicio de pago a terceros”, una artimaña que tu no has contratado pero que viene en la letra pequeña y les permite meter la mano en tu bolsillo sin el menor recato. Llamas, se pone un robot, el robot comienza a tocarte las narices desde el principio diciendo que no ha entendido la numeración, que vuelvas a llamar, que para ese asunto tienes que llamar a otro puto teléfono en el que serás atendido por un robot. Cuando te dicen que te pasan a un operador, el mismo robot te va repitiendo, mientras suena la música terrible, que nuestros teleoperadores están todos ocupados, que esperes, que te enciendas un cigarro, que bajes a por pan, que por qué no ves una película. Cuando ya no puedes más, y después de haberte leído completo el vademecum de año 17, se pone un señor de un país muy lejano y, con toda probabilidad, con un salario miserable, que no tiene remedio para tus males o que sí, que los tiene y que lo remediará en unos minutos, cosa que la mayoría de veces no sucede y provoca otra nueva tanda de llamadas con el mismo itinerario. No existe sede física dónde ir a quejarte o a mentarle la familia al jefe del operativo, ningún organismo oficial -ni la citada comisión- actúa de oficio y tu sigues contemplando como día tras día no sólo te roban, sino que te maltratan y se ríen de ti. Por si fuera poco, luego te enteras que las citadas empresas telecomunicativas, apenas pagan impuestos porque tienen cien mil formas legales para no hacerlo, los impuestos los paga usted, un 21%, porque los protectores del libre mercado han llegado a la conclusión de que somos gilipollas, que nos pueden freir a impuestos indirectos en los servicios básicos porque los que son malos son los impuestos directos y progresivos, es decir aquellos que hacen que pague más al Erario quien más ingresos tiene.
Vivo en un territorio azotado por la sequía desde hace años, tal ves siglos o quizá desde siempre. Pese a ello las tierras que rodean Alicante están repletas de naranjos y limoneros. El Estado no interviene, sólo la Mano Invisible. Salvo que vayas a una frutería de lujo, es casi imposible encontrar en las fruterías normales naranjas o limones de buena calidad a un precio justo tanto para el agricultor como para el consumidor. Sin embargo, paseas por las huertas y la fruta mejor está en el suelo, pudriéndose. Los fruteros compran fruta de estrío, de tercera, con sabor a viejo, que se pudre en unos días y la venden como si estuvieses en París, los intermediarios se forran vendiendo al exterior y quienes la cultivan ven como cada día que pasa su trabajo es más estéril. ¿Qué hace la Mano Invisible? Lo que tiene que hacer, dejar que la fruta se caiga para elevar el precio, vender la mala en el interior y llevarse fuera la mejor, todo ello para que el intermediario, que es el que menos tiene que ver en la producción, se forre, pueda mandar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos mientras el se hincha de papayas y mojitos en cualquier isla caribeña. Es esa mano invisible y su esbirro el Estado neoliberal -no la dolorosa sequía- quien está provocando que cada vez se abandonen más tierras en el Mediterráneo español, tierras de magnífica calidad que se convertirán en barbecho esperando la santa llegada del especulador inmobiliario, un ser incombustible que parecía llamado a desaparecer pero que hoy reverdece al calor de un Gobierno ultraconservador que fía de nuevo el crecimiento económico a la especulación y la destrucción del medio y de quienes lo habitan y cuidan.
Podríamos seguir citando ejemplos como los de las gasolineras, que sin saber por qué venden el petróleo al mismo precio y lo suben los fines de semana; las eléctricas, que son otro de los problemas endémicos de este país, ligadas desde su nacimiento al expolio del pueblo con la protección de la nomenclatura que luego pasa a sus consejos de administración, o la del loby hospitalario privado, que cada vez se lleva más dineros públicos para dejar -como las escuelas concertadas- sin recursos a los hospitales de todos, responsables únicos del aumento de la esperanza de vida de los españoles. Quizá ahí esté la cuestión: Además de enriquecerse a lo bestia, quieren que muramos antes, cuanto antes.
El periodo constitucional que vivimos desde 1978 evolucionó -con sus defectos y virtudes- relativamente bien hasta mediados de los noventa. A partir de esa fecha, se dio rienda suelta a los mercaderes multinacionales, implantándose una insoportable dictadura de los mercados gracias a la globalización y a la sumisión de los gobiernos estatales. En esas circunstancias, la democracia -gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y no cito a Lenin Sr. Hernando- está secuestrada y sometida, por tanto, desnaturalizada. Es obligación de todos, rescatarla de sus raptores para devolverla a sus legítimos “propietarios”.