sábado 24/10/20

Impuesto sobre la herencia

En los últimos meses estamos asistiendo a una burda campaña de la derecha contra el impuesto de sucesiones en Andalucía.

En Andalucía están exentas de tributar ni un real todas aquellas herencias de padres a hijos que sean inferiores a 250.000 euros

Desde los tiempos más antiguos, la herencia fue uno de los instrumentos fundamentales para consolidar el poder de las familias que ya eran poderosas. En España, desde la Alta Edad Media existían las instituciones jurídicas del Mayorazgo en Castilla y del Hereu en Cataluña, instituciones mediante las cuales el hijo mayor venía a ser agraciado con la casi totalidad de las propiedades y bienes familiares, dejando una pequeña porción para el sostenimiento de los hijos segundones que, en adelante, dependerían de la magnanimidad del primogénito, del ingreso en monasterio o del alistamiento en los ejércitos imperiales. No se trataba de una cuestión de cariño o desprecio paterno-filiar ni de justicia, sino de poder: Del mismo modo que el mayor de los hijos del monarca heredaba la corona, era el delfín encargado de acumular las riquezas paternas y engrandecerlas para intentar situar al apellido familiar entre los grandes. Fueron los ilustrados franceses y españoles los primeros en criticar severamente esa forma de acumular propiedades, aduciendo que la primogenitura creaba una clase rentista tan poderosa como refractaria a las innovaciones y a los cambios productivos, de tal modo que desde los primeros momentos liberales de nuestra historia –Godoy, la Pepa, el Trienio Liberal- y al calor de las incipientes desamortizaciones se quiso modificar sustancialmente una figura jurídica que en nada beneficiaba al país. Sin embargo, no es hasta las primeras revoluciones burguesas y, sobre todo, después del Manifiesto Comunista del Marx y Engels que se pone en cuestión no sólo el Mayorazgo o el Hereu, sino el propio concepto de herencia como derecho, situación que llevaría en las democracias del siglo XX a habilitar impuestos progresivos sobre el traspaso de riquezas por vínculos de sangre, teniendo en cuenta tanto el montante como el grado de parentesco.

No seré yo quien defienda a Susana Díaz, persona que considero absolutamente dañina para el partido en el que milita y su necesaria regeneración ideológica y ética. Empero, durante los últimos meses estamos asistiendo a una burda campaña de la derecha neoconservadora, trincona y franquista contra el impuesto de sucesiones en Andalucía, arguyendo que en esa Comunidad se paga mucho más por recibir una herencia paterna que en cualquier otra cuando la realidad es muy diferente. En Andalucía están exentas de tributar ni un real todas aquellas herencias de padres a hijos que sean inferiores a 250.000 euros, o lo que es lo mismo, sólo tienen que contribuir aquellos que reciban de sus padres cantidades superiores a los cuarenta y dos millones de las antiguas pesetas. Es cierto que en comunidades como Madrid apenas se paga por ese concepto sea cual sea el montante, pero eso responde a una cuestión estrictamente política y de clase: Eliminar cualquier tipo de impuesto directo a las clases que más dinero y más propiedades tienen, dejando las cargas que contribuyen al sostenimiento del Estado exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores y los consumidores.

Sería racional y justo que unas personas que heredan una casa familiar normal, unas tierras de labor que apenas producen, un monumento que hay que restaurar o un monte sin demasiadas perspectivas de urbanización, apenas pagasen por algo que trabajaron y guardaron sus padres para ellos. Sin embargo, es completamente absurdo e injusto que alguien que recibe, sin haber hecho nada para ello, mil millones de pesetas, un inmueble saneado en una buena zona del pueblo o la ciudad o un solar con unas magníficas perspectivas no tenga que pagar nada a Hacienda en virtud de criterios que se inscriben en los códigos legales medievales que fueron abolidos en toda Europa entre los siglos XIX y XX. Los argumentos usados por la derecha cavernícola española, y por quienes desde la ignorancia los apoyan, no tienen otro objetivo que dinamitar el sistema impositivo que derivado de las revoluciones democráticas se impuso en Europa hace más de un siglo y en España hace menos de cuarenta años, un sistema basado en algo tan elemental como que pague más quien más tiene.

En los últimos años, los sucesivos gobiernos han basado su política económica en los principios enunciados por los druidas de la Escuela de Chicago. Según ellos, el único papel del Estado debe ser mantener una policía bien preparada para reprimir desórdenes o protestas que incomoden al capital. Todo lo demás, servicios públicos del tipo y necesidad que sean, suministros, medicinas, educación, asistencia a la vejez, cultura, tiene que ser organizado por la iniciativa privada guiada por el horizonte del beneficio sin límites. Es en esa perspectiva que se inscriben no sólo las protestas cavernícolas de Andalucía, sino el fuerte impulso que los gobiernos han dado a impuestos indirectos tan brutalmente injustos con el IVA, un impuesto que no tiene nada que ver con su nombre, puesto que no grava el valor que se añade al producto hasta llegar al punto de venta –lo que sí sería de justicia-, sino el precio de este, actuando de ese modo no como parte de un sistema fiscal moderno, sino como lo hacían en la edad media las sisas, alcabalas, tercias, diezmos, montazgos y portazgos. Al mismo tiempo que se ha sublimado la importancia de ese impuesto medieval que nos hace pagar un 21% más por la luz, el teléfono o el agua, los gobiernos han procedido a suprimir tramos del que era el impuesto más justo de hace unos años, el que grava la renta de cada cual, de manera que una persona paga lo mismo si gana doce mil euros que si ingresa veinte mil, igual se ingresa treinta mil que sesenta mil, llegando a los tipos más elevados, los que deberían afectar a los ricos de verdad, que casi nadie paga porque tienen a su merced los paraísos fiscales o las SICAV, otra institución fiscal medieval hecha sólo y exclusivamente para que no paguen casi nada quienes más ingresan.

El sistema fiscal español es una perfecta aberración que permite huir legalmente de Hacienda a quienes más tienen y penaliza a los que viven de trabajar. En un Estado justo, éste cada vez lo es menos, debería existir una tabla que, junto al montante, contemplase los diversos casos en que se recibe una herencia y permitiese saber a los técnicos si las cargas que van con ella son excesivamente gravosas para el receptor, obligando en todos los casos que así no fuese a contribuir en todo el Estado según lo recibido y su rentabilidad. En ese mismo Estado justo, el IVA sobre los productos y servicios de primera necesidad tendría que ser el mínimo para las rentas más bajas, subiendo para las más altas proporcional y progresivamente, del mismo modo que el impuesto sobre la renta debería tener tantos tramos como fuesen menester para hacer adecuada la contribución de cada ciudadano al bien común. Nada de eso está en el horizonte político de nuestros gobernantes, que por otra parte siguen empeñados en hacer ver a la población que pagar impuestos es cosa del demonio, cuando es la única fórmula hasta ahora inventada para redistribuir la riqueza y poder construir y financiar todas aquellas cosas que necesitamos para vivir y para saber que es la vida.

Impuesto sobre la herencia