domingo 08.12.2019

Estado, iniciativa privada y vejez: el negocio del sufrimiento

En la antigüedad, ese periodo anterior a las grandes revoluciones burguesas de que nos hablaba magistralmente Hobsbawm, la atención a la enfermedad, la pobreza, la educación y la vejez eran parcelas monopolizadas por la Iglesia según su particular entender. Huérfanos, ancianos, mendigos y enfermos pasaban parte de su vida en los hospitales reales o las mazmorras atendidas por frailes y monjas crucifijo en mano. Las tasas de mortandad eran tan brutales que todavía a finales del siglo XIX uno de cada dos viejos moría de hambre o de enfermedad en esas dependencias caritativas, hecho que provocó un gran debate en la prensa y en el Congreso de los Diputados creándose una comisión para acabar con los patronatos regidos por obispos, damas de la caridad y demás gente de bien.

La luchas de los trabajadores en toda Europa y la revolución rusa, hicieron que los Estados democráticos comenzasen a hacerse cargo de la enfermedad, la orfandad, la educación y la vejez, salvo en España, donde el cuidado de los viejos solitarios, pobres o enfermos, o las tres cosas a la vez, continuó en manos de los que tenían hilo directo con Dios y de empresarios civiles dispuestos a sacar tajada de esa dramática dejación del Estado. Hay comarcas, como es la mía, la de Segura, en la que sólo existe una residencia de ancianos pública para más de ciento cincuenta mil habitantes, residencia que, por supuesto, está saturada, y a la que no se puede acceder hasta después de la muerte si no se tiene lo que hay que tener en este país de trapisondistas. El resto de los viejos que no tienen quien les atienda, han de dar con sus huesos en los asilos de monjas y frailes y que sea lo que Dios quiera.

Es hora ya de que alguien plantee y exija que la asistencia integral a la vejez sea asumida por el Estado. El patriotismo es eso, tratar de la mejor manera posible a nuestros semejantes, a los que sufren y tienen necesidad. Lo demás es brutalidad y desaprensión

La mayoría de los ciudadanos españoles no tienen recursos para pagar las cantidades astronómicas que piden las residencias privadas para llevar allí a sus viejos, además, muchos no quieren porque saben como se las gastan y prefieren atenderlos en casa aunque sea a costa de no dormir, de no vivir. Por otra parte, quienes sí tienen dinero para pagar esos negocios a costa de dolor, en la mayoría de los casos, han de vigilar cómo tratan a sus mayores porque en muchos casos la única política geriátrica que llevan esos centros es la de maximizar beneficios, es decir, invertir lo mínimo en cuidados médicos, higiénicos, dietéticos y de ocio para que la cuenta de resultados de los dueños crezca cada año de modo exponencial. No creo que haya una sola persona en este país que no haya oído alguna vez lo que sucede en muchas residencias de ancianos privadas, desde ancianos que mueren de inanición a otros que sufren infecciones graves por falta de cuidados suficientes, pasando por los muchos que son tratados con violencia y desprecio.

Mucho más que la niñez, la vejez es la etapa más dura de nuestras vidas. Es la recta final, ese espacio de tiempo en el que se van perdiendo las fuerzas, aminoran las facultades cognitivas y crece la sensación de inutilidad, de ser un estorbo para los demás. La Ley de Dependencia elaborada por el Gobierno Zapatero podía haber sido una solución a esa dramática situación por la que pasan millones de ancianos en nuestro país después de una vida entregada al trabajo y a su familia. Serían personas del entorno del anciano o de los servicios sociales, las encargadas de atender al viejo en su hogar a cambio de una cantidad de dinero que estaría en relación con el grado de dependencia. En una población cada vez más envejecida, más dependiente, más necesitada, esa Ley pudo haber creado cientos de miles de puestos de trabajo sin costes excesivos, puesto que podría haber sacado a gente de las listas del paro, se podría financiar parcialmente con la pensión del asistido, dándole la oportunidad de vivir en el mismo sitio que lo había hecho durante buena parte de su vida, con sus recuerdos, sus vecinos, sus costumbres.

No fue así, esa Ley sigue en el dique seco y son muchos los viejos que mueren antes de que se haya aprobado la prestación adecuada. Había que proteger el negocio de las residencias privadas, eliminar toda competencia, obligar a los ancianos a dejarlo todo y a sus familiares a endeudarse por mucho tiempo si no tenían posibilidad de atenderlos, de modo que hoy cientos de miles de ancianos con medios escasos continúan viviendo solos en sus casas, sin las más mínimas condiciones higiénicas, sin que nadie sepa si comen o no, si duermen o no, si lloran o ríen.

Pese a lo inmensamente dramático de la situación, esta cuestión no ocupa ni un segundo en las campañas electorales ni en los aburridísimos debates de políticos, tertulianos y periodistas. ¿No le importa a nadie? Sí, ya lo creo, le importa a los que negocian con el dolor ajeno, a quienes esperan como agua de mayo las enormes cantidades de dinero que les regalan los conciertos con las  comunidades autónomas para sus residencias privadas, residencias en las que se trata al interno según su cuenta corriente o los avales económicos con que cuente.

La mayoría de nuestros viejos solitarios vivieron un periodo lúgubre y trágico de nuestra historia, trabajaron como burros sin derechos y con salarios muy bajos. Sus pensiones o son no contributivas o contributivas pero no superiores a los ochocientos euros. Lejos de llevar una vida amable, llena de cuidados y atenciones, relajada, viven los últimos años en un infierno de soledad y dejación, acudiendo a esas residencias privadas sólo aquellos que tienen algún medio para ello y muy a regañadientes, normalmente contra su voluntad.

Un Estado que compra aviones sofisticadísimos para matar más y mejor, que subvenciona las corridas de toros, que gasta miles de millones en el mantenimiento de la Iglesia Católica y sus colegios confesionales y adoctrinadores, que paga a sus reyes, diputados, senadores, directores generales, gerentes, ejecutivos, ceos como si fuesen más listos que Einstein cuando son lo que son y todos lo sabemos, no puede cuidar de sus viejos, los deja en manos del negocio o que mueran en sus casas de puta soledad, de terrible enfermedad, de miedo y de asco. Es lo que sucede cuando una parte fundamental de asistencia a las personas, cuando un pilar del Estado Social y de Derecho se entrega a la iniciativa privada, a los buitres carroñeros, a los desaprensivos especuladores, a los que disfrutan enriqueciéndose con el dolor ajeno. Es hora ya de que alguien plantee y exija que la asistencia integral a la vejez sea asumida por el Estado, ya sabemos lo que sucede con la iniciativa privada: Lo primero el negocio, después el negocio, luego lo demás. Ni nuestros mayores, ni nuestros enfermos, ni nuestros dependientes, ni nuestros pobres pueden ser tratados como lo eran en la Edad Media. El patriotismo es eso, tratar de la mejor manera posible a nuestros semejantes, a los que sufren y tienen necesidad. Lo demás es brutalidad y desaprensión.

Estado, iniciativa privada y vejez: el negocio del sufrimiento