domingo 08.12.2019

España se rompe: la desigualdad

El respeto a las señas de identidad de cada comunidad es fundamental, el respeto y la protección, pero España y Europa se enfrentan a día de hoy a problemas mucho más graves

Al final, pienso, la cuestión catalana terminará encauzándose del mismo modo que lo hizo la vasca tras la estrategia unilateral seguida por Ibarretxe. Persistirá la queja, el anhelo, el sueño, pero en el fondo casi todo el mundo es consciente de que no podemos volver a la Europa de los condados, a un continente compuesto por pequeñas unidades territoriales en las que cada una de ellas combata con la de al lado para autoafirmarse, rechazando cualquier proyecto común y solidario que sirva para mejorar la vida de la inmensa mayoría de los habitantes de Europa, independientemente del lugar donde, por suerte o por desgracia, les haya tocado nacer. El respeto a las señas de identidad de cada comunidad es fundamental, el respeto y la protección, pero España y Europa se enfrentan a día de hoy a problemas mucho más graves, tanto que pueden hacer naufragar por muchos años no sólo el proyecto de una unión europea verdadera, sino la propia subsistencia de los países que la componen como países desarrollados, democráticos y civilizados.

Centrándonos en España, no hay que esperar a ver que sucede con Catalunya para constatar que se está rompiendo a pasos agigantados. Los países no son sus banderas, sino las personas que los habitan. Las banderas forman parte del folclore y de las símbolos, unas veces excesivamente amados, otras demasiado odiados, pero el patriotismo verdadero no se demuestra arrodillándose ante la insignia nacional ni mesándose los cabellos porque haya sido ultrajada por quienes no la quieren o ven en ella al enemigo -ese es, decía el Dr. Johnson, el último refugio de los canallas-, se demuestra luchando para conseguir que ni una sola de las personas que la habitan sea tan poderoso como para poder comprar a otros, ni tan pobre como para desear venderse. Un país del que sentirse orgulloso, sería aquel en que nadie tuviera que preguntarse cada mañana qué va a dar de comer a sus hijos sin tener que recurrir al banco de alimentos, a Cáritas o las comedores sociales, un país en el que se respetase la Constitución que afirma que todos los españoles tienen derecho a un trabajo y una vivienda dignas, un país en el que nadie tuviese que arrimarse a un poderoso para tratar de paliar los efectos de su pobreza.

En España hoy, al menos un tercio de la población no tiene para vivir con el mínimo de dignidad

En España hoy, al menos un tercio de la población -según los datos más optimistas de los organismos internacionales y nacionales que estudian la situación- no tiene para vivir con el mínimo de dignidad que exige un país cuyo PIB supera el billón doscientos mil millones de euros y en el que reside una de las personas más ricas del mundo. En España hoy, existen más de tres millones de viviendas vacías fruto de la infame burbuja financiero-inmobiliaria, mientras que un número similar de familias no tienen un hogar donde desarrollar sus vidas. Al mismo tiempo, más de tres millones y medio de personas no encuentran trabajo de ningún tipo, cuando la mayoría de los que trabajan por cuenta ajena y propia hacen horas extraordinarias sin que nadie ponga coto a ese desmán. De los que trabajan, sobre todo los que han conseguido un curro después de la contrareforma laboral del Partido Popular, la mayoría no llegan a fin de mes y en muchos casos, han de seguir vinculados por necesidad económica a sus padres o abuelos para poder vivir. Si a eso añadimos el injusto sistema fiscal, cada vez más inclinado a los impuestos indirectos que perjudican mucho más a las clases menos pudientes, y que hace que casi la totalidad del impuesto de la renta de las personas físicas caiga sobre los trabajadores, hemos de concluir que España es un país roto en el que unos viven maravillosamente bien a costa de su trabajo y del trabajo de los demás, y otros no pueden desenvolver sus vidas ni trabajando dieciocho horas diarias. Contratos en prácticas que se suceden una y otra vez diga lo que diga la ley, becarios que hacen el trabajo que debieran desempeñar asalariados, falsos autónomos, jornadas laborales interminables, violación de la legislación laboral en todos su articulado, parados de larga duración que ni siquiera tienen resuello ya para seguir buscando trabajo coexisten al mismo tiempo que personas que cambian de deportivo tres veces al día, no pagan impuestos directos de ningún tipo y llevan su dinero fuera del país mientras enarbolan una de sus muchas banderas con pasión desaforada.

Mientras los latifundistas del sur siguen explotando sus tierras como hace cincuenta años y reciben la mayoría de las subvenciones de la Política Agraria Común, la mayoría de los jóvenes -que son muy pocos- que intentan poner en pie una pequeña explotación agrícola o ganadera, se ven asediados por los precios que imponen las grandes distribuidoras que controlan el mercado de alimentos casi en régimen de monopolio. Dicen que no se puede intervenir porque el libre mercado lo impide, empero si es posible intervenir cuando los bancos entran en crisis por sus pésimas prácticas o cuando la industria armamentística pierde clientela. La inmensa mayoría de las empresas pequeñas, sobre todo en sectores como la hostelería, incumplen casi todos lo preceptos de las leyes laborales, tanto en sueldos como en horas de trabajo, como en el respeto debido al trabajador, que no es un esclavo ni un colaborador altruista, sino una persona que necesita comer, estudiar, disfrutar de su ocio y de su familia. Entre tanto, dada la precariedad laboral, los avances tecnológicos y el ejército de parados existente, la huelga ha perdido casi toda su fuerza como instrumento de lucha y presión, y el Estado, los estados europeos, no dicen nada sobre la necesaria reducción de la jornada laboral que aliviaría esa situación y supondría una mejora sustancial de las condiciones laborales de la mayoría de los trabajadores y parados.

Una parte grande de la población ya no se siente representada por ningún partido, tampoco por sindicato alguno

La profundidad de la ruptura que se está produciendo en España desde hace diez años, llega al extremo de que una parte grande de la población ya no se siente representada por ningún partido, tampoco por sindicato alguno. Y en esa deriva propiciada por la exclusión, se están transformando en una masa anti-sistema cada vez más proclive a soluciones autoritarias y extra-constitucionales. No le llegan los mensajes de los partidos de izquierda, a los que ven como pertenecientes a clases sociales acomodadas muy diferentes a las suyas, y son, en su desencanto y desesperación, receptivos a los cantos de sirena, a las soluciones brutales que proponen las formaciones fascistas y para-fascistas del nuevo amanecer sin emigrantes que se queden con las ayudas sociales o les quiten el puesto de trabajo: ¡Como si ellos mismos no supieran como viven la mayor parte de los inmigrantes a los que maltratamos y explotamos miserablemente!

Entre las muchas tareas que esperan al nuevo Gobierno, todas urgentes y perentorias dada la desastrosa gestión de la crisis realizada por el Gobierno Rajoy, articular los medios e instrumentos que disminuyan la desigualdad propicien la cohesión social, acabando con las inmensas y crecientes bolsas de exclusión, nos parece la más perentoria. En otro caso, el golpe que se logró detener el 28 de abril pasado, volverá con más fuerza en unos años, y entonces será demoledor.

España se rompe: la desigualdad