El Estado de Derechas, al contrario que el de Derecho, es aquel que utiliza formas democráticas para mantener y aumentar los privilegios de aquellas estirpes que ocuparon el poder antes de existir la democracia a costa del bienestar y el progreso de los gobernados, apoyándose en la creación de redes clientelares a las que exige vasallaje y comunión ideológica a cambio de protección económica o de promesas de felicidad inmediatas que se incumplen sistemáticamente. Para la existencia de un auténtico Estado de Derechas es imprescindible, además, la articulación de un perfecto sistema de desinformación y propaganda que abarque desde la escuela hasta los medios de comunicación tradicionales, para hacer creer al súbdito sumiso que es un ciudadano y que como tal es sujeto de derechos que nadie garantiza y, en todo caso, dependen de la fidelidad del sujeto al jefe. Los derechos no son algo inherente al ser humano salvo que resida, por cuna o amistad, en el vértice de la pirámide, en otro caso, como sucede en la sociedad de castas hindú, siempre quedará esperar a la próxima reencarnación, si en esta vida se ha sido lo suficientemente manso, para ver si se nace en un peldaño más alto del escalafón o el conocimiento de la ciencia medratoria, que consiste en alabar todas las decisiones del poderoso fueren las que fueren, seguirle, adorarle y llenar de pétalos de rosas cualquier camino susceptible de gozar de sus pisadas.
En el Estado de Derechas los derechos económicos y sociales fundamentales que posibilitan una vida más llevadera no están entre los considerados subjetivos, sino entre aquellos que se consideran principios rectores de la política social y económica y que se caracterizan porque en nada obligan a los poderes públicos, ahí encontramos por ejemplo el derecho al trabajo justamente remunerado, la protección social, jurídica y económica a la familia, el derecho a una Sanidad Pública, la redistribución de la riqueza y el derecho a una vivienda adecuada y salubre. Son derechos que aparecen en la Norma Fundamental pero que no se pueden exigir ante ningún organismo o tribunal, es decir que son papel mojado, que no existen, que forman parte de un desiderátum, de un brindis al sol, de un adorno navideño, de una promesa que nadie tiene la más mínima intención de cumplir porque nada pasa por su incumplimiento reiterado en el tiempo. Por el contrario, en un Estado de Derechas como es España, los derechos subjetivos si están garantizados, pero tampoco se cumplen porque desde que el gobierno del Partido Popular aprobó la conocida como “Ley Mordaza”, los poderes públicos pueden sancionar con multas millonarias y sin ninguna tutela judicial a quienes se manifiesten, opinen o se expresen de forma que no agrade al dueño del poder; tampoco existe la división de poderes, dado que legislativo, ejecutivo y judicial se confunden en una magma incandescente en el que los diputados, depositarios en teoría de la soberanía popular, sólo tienen la voz y el voto que les permite tener el jefe y los tres poderes se resumen en uno, el ejecutivo.
Aparte de consideraciones constitucionales, está la realidad que nos atañe a todos. Con el actual marco normativo están garantizadas, o eso parece indicar lo que pasa, que los bancos inimputables que causaron la mayor crisis-estafa de la actual democracia gracias a las leyes de Aznar y Rato que decidieron declarar edificable todo el suelo de España, estén sustituyendo a los trabajadores que tenían derechos económicos y sociales garantizados por un convenio colectivo por becarios extraordinariamente formados que cobran la tercera parte de sueldo por realizar la misma jornada laboral y las mismas funciones, pero carecen de los más mínimos derechos laborales, pudiendo ser pisoteados, vejados y zarandeados a placer por la entidad financiera impune sabedora de que la ley la ampara y de que si alguien protesta hay mil esperando.
También garantiza el actual ordenamiento constitucional –el Tribunal Constitucional no ha dicho ni pío en contra- que con dineros públicos los señores Mas, Boi Ruiz, Camps y Rajoy y las señoras Cospedal y Aguirre hayan construido una red de clínicas privadas que parasitan del Sistema Nacional de Salud diezmándolo para mayor beneficio de los dueños de esas clínicas que de un tiempo a esta parte y para confundir han venido en llamar también hospitales como ni no fuesen más que unas empresas que juegan con nuestra salud buscando maximizar beneficios. Así mismo, la Carta Magna asegura que el mayor propietario de inmuebles del país, que es la Iglesia Católica, no pague ni un solo euro por los miles de edificios que posee y que sean las distintas administraciones las encargadas de restaurar aquellos que tienen un valor histórico-artístico a fondo perdido, sin exigir el pago de las obras o la entrega del inmueble a cambio de las mismas. Es el Estado de Derechas español, un Estado confesional diga lo que diga la Constitución, porque de otra forma sería incomprensible que destinase miles millones de euros a sostener y mantener colegios católicos que obedecen a un poder distinto al que sale de las urnas –el Vaticano- y se dedican a adoctrinar a niños, adolescentes y jóvenes en ideas propias de un Estado medieval.
Por si fuera poco, y a los hechos me remito, garantiza la norma fundamental del Estado de Derechas español que un partido que supuestamente se ha financiado ilegalmente, cuyo tesorero afirma haber repartido cantidades ingentes de dinero entre la jefatura nacional, provincial y local del mismo, que hasta su sede pagó supuestamente con dinero negro, que supuestamente financió campañas electorales de modo oscuro pueda presentarse a las elecciones como si fuese otro partido catalán que tuvo a su responsable financiero en la cárcel y al ser liberado volvió a ocupar el mismo puesto desde el que manejó. Avala la Ley de Leyes que las llamadas entidades financieras puedan expulsar de su vivienda habitual a personas que se han quedado en paro por culpa de la crisis que esas mismas entidades causaron con su política crediticia demencial, certifica que el paro forzoso sea una forma de vida normal para millones de personas, respalda que los sueldos y las condiciones de trabajo que posibilita la última reforma laboral conviertan en precarios a la mayor parte de los trabajadores del país, comprometiendo no sólo su vida presente sino la futura al impedir que esos sueldos puedan financiar las pensiones que hacen posible una vejez soportable y posibilita que las eléctricas nos cobren uno de los precios más altos por kilowatio de toda Europa mientras se embolsas cantidades inimaginables de nuestro dinero.
En fin, España, como Cataluña, es un Estado de Derechas de toda la vida con el que muchos queremos romper definitivamente. Hay dos maneras para hacerlo, la primera sería la revolución, pero mucho me temo que no van las cosas por ahí, que no hay mucha gente dispuesta a montar barricadas y arriesgarse a no ver el partido del próximo domingo; la otra, las urnas. Intentémoslo de nuevo, la resignación es el mayor enemigo de la libertad, la compañera más fiel de la esclavitud y la tiranía: Cuatro años más de Partido Popular, Convergencia y Ciudadanos podrían ser los últimos.