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martes 17/5/22

España, el reino de la impunidad y la omertá

Banqueros, políticos corruptos, beneficiarios de externalizaciones y privatizaciones imposibles de comprender...

Desde hace veinte años vivimos en un país en el que los delincuentes más peligrosos, que son aquellos cuyas acciones afectan a un mayor número de personas de forma más grave y persistente en el tiempo, gozan de patente de corso. Banqueros, políticos corruptos, empresarios arrimados al poder, beneficiarios de externalizaciones y privatizaciones imposibles de comprender si no es por el lucro que generan a los receptores a costa del Erario, enchufados, prevaricadores, cohecheros, tarjeteros, arruinadores profesionales de cajas de ahorro centenarias, contaminadores, destructores del medio ambiente, colocadores de preferentes a ancianos y personas ingenuamente crédulas, estafadores a gran escala, vendedores de deuda pública a bancos para salvarlos mientras ahogan al Estado y los servicios esenciales que presta, apaleadores de ciudadanos que protestan pacíficamente contra la desvergüenza, el abuso y la injusticia, gestores del dinero público para beneficio de particulares sin escrúpulos, evasores fiscales y todo tipo de gentuza de guante blanco y alma negra pestilente, pese a sus desmanes y atrocidades, continúan en libertad, disfrutando de los bienes y rentas que han adquirido con dinero ajeno como si en su vida hubiesen roto un plato. Salen en televisión, en los grandes programas rosa, con sus amoríos, su prole, muestran sus casas, sus vacaciones y, de vez en cuando, se permiten dar lecciones sobre cómo deben ser las cosas y los cosos. Aficionados a los toros en su mayoría, patriotas de bandera en pecho, católicos, apostólicos y romanos de verbo fácil y repetitivo, seguros de sí mismos como sólo lo pueden estar quienes saben que gozan de la protección total del Estado al que socaban con sus actos filibusteros, estos tipos están hundiendo al país material y éticamente ante nuestros impávidos ojos y nuestra resignación suicida.

En las últimas décadas hemos visto como casi todo el sistema bancario colocaba preferentes y otros productos tóxicos a personas de escasa preparación o avanzada edad con fines fraudulentos; hemos presenciado como gente codiciosa, ignorante y de inmoralidad supina, arruinaban instituciones financieras como Caja Madrid, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caixa Catalunya y tantas otras a las que el Poder ha inyectado miles de millones de euros salidos directamente de los bolsillos del común detrayéndolos de la Sanidad y la Escuela Pública; hemos sido testigos de la demolición del tejido industrial del país para convertirlo en un inmenso solar donde edificar millones de viviendas fantasmas que nadie necesitaba ni demandaba en una de las estafas financieras más grandes de nuestra historia; hemos leído como se repartían sobresueldos, tarjetas opacas, derivaban dineros públicos a empresas amigas llenas de amigos y compadres, como se modificaban planes urbanísticos según los intereses de potentes constructores a cambio de cantidades de dinero indeterminadas que escapan a mis entendederas, como los oligopolios telefónicos, gasistas, eléctricos y bancarios se han convertido en un estado por encima del Estado, como las contratas de basuras se transformaban en fuente de enriquecimiento de quienes las concedían y quienes la recibían, como los sueldos, gratificaciones e indemnizaciones de gestores públicos y privados se multiplicaban por mil mientras los sueldos y las pensiones de la mayoría de los ciudadanos bajaban, en términos reales, a niveles de 1985, como se acusaba a los trabajadores de haber vivido por encima de sus posibilidades mientras los estafadores públicos y privados llevaban una vida de lujo y despilfarro difícil de superar, como quien nombraba para un puesto de relevancia a un amigo o conocido, se declaraba irresponsable de sus tropelías y mangancias cuando era descubierto y, sobre todo, hemos visto como los miles y miles de chorizos que nos han sumido en esta lenta agonía que lleva a una parte grande de los habitantes de este país a la exclusión social y a la miseria, no han entrado en prisión, que es el lugar que tales individuos tendrían que habitar durante muchos años tras devolver todo lo que han robado con el mayor descaro y permisión.

Sin embargo, si no han ido a prisión no es porque no existan leyes que lo permitan ni siquiera por las escrupulosas garantías judiciales de que gozan, ni a lo complicado de los procedimientos judiciales, es por dejación de funciones, por compadreo y ligereza de quienes tienen la capacidad de decidir al respecto. La vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal, parcheada y reformada en cientos de ocasiones desde su entrada en vigor en 1882, en su artículo 503 dice lo siguiente respecto a la presión provisional: “. La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurran los siguientes requisitos:  Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso. Si fueran varios los hechos imputados se estará a lo previsto en las reglas especiales para la aplicación de las penas, conforme a lo dispuesto en la sección 2.ª del capítulo II del título III del libro I del Código Penal. 2º. Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión. 3.º. Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines: a) Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga. Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al imputado, a la situación familiar, laboral y económica de éste, así como a la inminencia de la celebración del juicio oral, en particular en aquellos supuestos en los que procede incoar el procedimiento para el enjuiciamiento rápido regulado en el título III del libro IV de esta ley. Procederá acordar por esta causa la prisión provisional de la persona imputada cuando, a la vista de los antecedentes que resulten de las actuaciones, hubieran sido dictadas al menos dos requisitorias para su llamamiento y busca por cualquier órgano judicial en los dos años anteriores... b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto. No procederá acordar la prisión provisional por esta causa cuando pretenda inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho de defensa o de falta de colaboración del imputado en el curso de la investigación. Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad del imputado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo. c) Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal….”.

Parece claro que dada la tremenda gravedad de los delitos cometidos por quienes nos han traído hasta aquí, por quienes han convertido un país solvente en otro en el que el 25% de la población es pobre de solemnidad, en un país en almoneda, deprimido, hundido, dejado, que espera, otra vez más, la llegada de Godot, la prisión provisional, tal como la contempla el citado artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tendría que haber sido dictada a mansalva por jueces y magistrados. No ha sido así, y el resultado es un país a la deriva en el que casi nadie cree en nadie ni en nada. Y ese sí que es un problema porque cuando los pueblos pierden la esperanza, llega la hora de los salvadores, que no son otros que los mismos que han creado la catástrofe. España está en manos de mafiosos que practican la omertá, da igual que vivas en Extremadura que en Madrid o Catalunya, hemos de ser conscientes que con esta gente en libertad, no tenemos futuro, ni juntos ni separados. Encarcelarlos es una cuestión de Estado, y de supervivencia, la primera.

España, el reino de la impunidad y la omertá