Sin el recurso al Estatuto, sin las campañas de boicot, sin los insultos hoy no estaríamos ante la situación crítica, y al mismo tiempo esperpéntica, en que nos encontramos
Vaya por delante que en el conflicto entre la Corona de Castilla y el Principat de Catalunya, achaco buena parte de la responsabilidad al Partido Popular y a su Gobierno. Al primero porque recurrió ante el Constitucional un Estatuto aprobado por los catalanes que quisieron ir a votar; al segundo por su incapacidad para entender, respetar y defender la diferencia y por su capacidad para buscar y encontrar el choque frontal que tanto gusta a los que no consideran el diálogo y la negociación como parte fundamental de la política democrática. Sin el recurso al Estatuto, sin las campañas de boicot, sin los insultos hoy no estaríamos ante la situación crítica, y al mismo tiempo esperpéntica, en que nos encontramos. Nadie se engañe, esto, aunque lo parezca, no es una broma, se ha jugado con los sentimientos, con la parte irracional de los pueblos, se ha dejado que las cosas se pudran, y entre tanto, ha nacido en ambos lados, pero sobre todo en los ciudadanos de los condados catalanes, un sentimiento de agravio que ha cristalizado en una parte considerable de la población en una desafección emocional respecto al resto del Estado. El referéndum, si se celebra, solucionará pocas cosas; si no se realiza, dará más razones a los soberanistas para porfiar en su empeño.
Dicho esto, pienso que en Catalunya no se está reclamando ningún derecho a decidir sobre casi nada, únicamente sobre la bandera que deba ondear en los balcones de los edificios públicos y en las verbenas. Lo demás, lo que de verdad afecta a la vida diaria de las personas, a su felicidad, a su bienestar, a su cultura, a su futuro, está tan decidido en Cataluña como en el resto de España y del mundo globalizado, perdido en cien mil batallas estériles que dejan a la principal que debíamos librar sin soldados decididos. A los catalanes no se les va a preguntar si quieren una fiscalidad más justa que haga que los ricos paguen mucho más de lo que pagan para sufragar las necesidades de los más necesitados; tampoco se les va a preguntar con carácter vinculante por la reversión inmediata de las privatizaciones del agua, los hospitales, las escuelas o los centros asistenciales. Nadie les a preguntar si consideran justo que el 20% de sus compatriotas vivan bajo el umbral de la pobreza, ni por establecer un salario mínimo decente o un salario máximo que no insulte al resto de los mortales. En ningún caso se les pedirá su opinión para saber que se hace con los tipos que han saqueado las arcas públicas llevándose el 3, el 5 y el 10% de las obras que se otorgaron durante muchos años, ni sobre qué hacer con aquellos patriotas que se llevaron los dineros propios e impropios a paraísos fiscales como Andorra y Suiza. No habrá ningún derecho a decidir sobre las condiciones laborales de quienes son explotados miserablemente en la hostelería, el comercio o la agricultura; en absoluto podrán decidir sobre el precio de la luz o el gas, la prohibición del uso de energías fósiles, los servicios que prestan las empresas de telefonía, ni siquiera sobre la confesionalidad del nuevo Estado, que tendrá, como el resto de España, una especial vinculación con la confesión católica, tan arraigada en Cataluña como en Burgos. Ni sobre la demolición de los miles de bloques construidos durante el franquismo que pueblan barrios enteros donde viven centenares de miles de personas en condiciones no muy satisfactorias. No, en Catalunya no está en juego el derecho a decidir, lo que se decidirá el 1 de octubre en caso de celebrarse el refrendo, es un cambio muy superficial en la nomenclatura, en la superficie, en la superestructura, nada más. Lograda la independencia, al día siguiente, el gobierno catalán tendría que ponerse a las órdenes del FMI, de Mario Draghi y su banco y de la Comisión europea, no le quedaría otra que aplicar las recetas neoliberales salvajes que dimanan de esos órganos y esperar a que llegue otra nueva crisis, que no tardará, para ver hasta dónde llegan los recortes y los retrocesos en derechos sociales de los habitantes del nuevo país, y del viejo.
Basándose en agravios reales y en otros absolutamente ficticios pero bien utilizados por los promotores de la consulta, se ha creado una enorme bola de nieve de animadversión que nadie sabe a dónde nos llevará. Es cierto que sólo los catalanes tienen derecho a decidir si quieren o no seguir vinculados a España, pero no es menos verdad que la hipotética decisión secesionista de los catalanes afectaría de forma muy grave al resto del Estado, tanto por cuestiones económicas como por otras de carácter familiar, cultural e institucional. Catalunya tampoco saldría bien parada, porque allí todavía hay muchas personas que no consideran que los del otro lado del Ebro seamos sus enemigos, sino sus compañeros en un viaje donde los ricos y los poderosos están imponiendo una ley repugnante a escala planetaria, que saben que divididos somos todavía más débiles que en la actualidad, que son conscientes de que el enemigo es otro y que la independencia de Catalunya no solucionará ninguno de los gravísimos problemas que nos afectan a todos, españoles, catalanes, europeos e indonesios. Nos estamos cargando el planeta, están liquidando todos los soportes del Estado del Bienestar, nos regresan con botas de siete leguas a las relaciones laborales del siglo XVIII, se mean en nuestros derechos y en los derechos humanos en general, se ciscan en nuestro futuro y en el de nuestros hijos, en las pensiones y en el inalienable derecho a una vejez digna. No, el día 1 de octubre, lamentablemente, los catalanes no van a decidir nada, al menos nada que sirva para cambiar el orden establecido por quienes desde dentro y desde fuera han decidido que aquí los únicos derechos respetables son los de las grandes corporaciones, los evasores fiscales, los sinvergüenzas y los desalmados, lleven barretina, chapela, boina o sombrero tejano.
El pueblo catalán han sido el más dinámico de España debido a que fue el primer territorio industrializado, pero no se olviden nunca de una cosa, tras la terrible huelga de La Canadiense de 1919, aquella que tras meses de luchas trajo la jornada de ocho hora para toda España, la burguesía catalana decidió que había que acabar con el movimiento obrero. Para eso recurrieron a la Corona y Alfonso XIII les envío a Martínez Anido, Arlegui y un montón de pistoleros con la orden de matar trabajadores organizados a destajo. Luego en 1939 acabaron con todo y muchos de los miembros de aquella dinámica burguesía no dudaron ni un minuto en apoyar la sublevación y la represión que la sucedió, formando después parte de los Ayuntamientos, las Diputaciones y los Gobiernos franquistas. Llevamos mucho vivido y sufrido juntos. Es conveniente aprender de la historia que la transversalidad en los movimientos sociales es algo tan imposible como el centro en la política, que los enemigos que tienen los trabajadores catalanes son los mismos que los que tienen los del resto del Estado, y que cogidos del brazo con ellos ni a tomar cargols a la llauna.