Ninguna Constitución es eterna. Todas han de rejuvenecerse, de adaptarse a los tiempos, de corregirse, de embellecerse para satisfacer a los ciudadanos a los que tiene la obligación de amparar y proteger
Por supuesto, ¿qué hay de malo en celebrar una Carta Magna que, con todos sus defectos, nos ha permitido convivir durante cuarenta años? Recuerdo aquellos años en que Santiago Carrillo y otros comunistas acusados de traidores, intentaron arrebatar a la derecha símbolos como la bandera borbónica o el himno de Carlos III, incluso puse, por primera vez en mi vida, una banderita de España en el balcón del piso madrileño en que vivía para recordar aquel 6 de diciembre de 1978 en que todo era joven y esperanzador. También está en mi memoria el día en que se legalizó al PCE y aquel otro en que fuimos a un viejo local destartalado en las afueras del pueblo para celebrarlo y cantar la Internacional, que sólo habíamos oído en Radio París, con la bandera roja de la hoz y el martillo y la otra sacada de la de Aragón para los barcos de la Armada por su vistosidad. Habíamos salido del periodo más brutal y triste de nuestra historia, sí el más sangriento y el más despiadado e incivil pese a que muchos lo recuerden con añoranza porque todos íbamos a misa, celebrábamos la patrona o el patrón del pueblo, apagábamos todas las luces en Semana Santa, besábamos la mano del cura -lo siento, no lo hice nunca porque me daba asco, no por otra cosa-, íbamos con flores a María, cantábamos himnos imperiales y caminábamos por calles arrambladas, sin pavimento, sin iluminación, pletóricas de olor a olla un día sí y otro también mientras muchos de nuestros familiares huían de España en busca de un futuro que los dueños de España les negaban.
Sin embargo, ninguna Constitución es eterna, ni lo son las escritas -la mayoría- ni las consuetudinarias como la británica. Todas han de rejuvenecerse, de adaptarse a los tiempos, de corregirse, de embellecerse para satisfacer a los ciudadanos a los que tiene la obligación de amparar y proteger. En otro caso, indefectiblemente, mueren. La Constitución de 1978 -al mirar al pasado es imprescindible considerar el contexto histórico y no era fácil- fue una buena norma con algunos defectos de consideración impuestos por el pasado -no olvidemos quienes eran los dueños de las armas entonces y qué habían hecho con ellas en las cuatro décadas anteriores- y por un exceso de moderación de los partidos de izquierda, que ante todo querían crear un marco de libertades dónde fuese posible vivir de un modo parecido a como lo hacían los europeos de aquel tiempo. Entre sus fallos fundamentales está que los padres de la Constitución no se atreviesen en ningún momento a preguntar al pueblo por el régimen político en el que querían vivir, la pregunta era bien sencilla ¿Monarquía o República? Se impuso la monarquía por que así lo había decidido Franco -aunque nunca para crear un régimen parlamentario sino para continuar su obra- y porque el monarca de entonces se comprometió a respetar las leyes. En cualquier caso, y nunca es tarde, años después se debió preguntar a la nación por esa cuestión, cosa que habría venido bien a los monárquicos si hubiesen ganado porque habría dado al régimen una legitimidad de que hoy carece y que cada vez es puesta en duda por más ciudadanos.
Otro de los enormes fallos de la norma es otorgar al Ejército la defensa de la unidad nacional, porque en cualquier país democrático -al menos hasta la fecha- los ejércitos no se dedican a vigilar al pueblo, sino a defenderlo de amenazas externas y a ayudarle en los momentos más dificultosos. La unidad de un país depende de la soberanía nacional, de que los ciudadanos se sientan bien dentro de un proyecto en común y del respeto a las leyes, leyes que por supuesto pueden reformarse tantas veces como sea necesario pero nunca por subidas de adrenalina o excesos de otras hormonas ajenas a la razón.
Está claro que en 1978 los legisladores debieron hacer una condena expresa de la dictadura y declarar ilegal aquel régimen de oprobio y represión, lo que ocurría -es un pequeño detalle antes apuntado- es que las armas las tenían los policías y militares franquistas. No se pudo hacer entonces, pero sí tras el golpe de Estado de febrero de 1981 y la victoria socialista de octubre de 1982. Lo mismo que en esos años siguientes se debió cumplir con el carácter aconfesional de la Constitución denunciando el Concordato con Roma, eliminando las subvenciones a la Iglesia Católica y negando cualquier convenio económico con los colegios de las órdenes religiosas. No se trataba de prohibir su existencia, sino únicamente de negarles cualquier dinero público. Eso habría sido cumplir con la Carta Magna y no lo que se hizo, que fue crear un medio legal para que esos colegios que imparten doctrinas reaccionarias y que sólo buscan el beneficio económico avanzasen hasta los niveles que han alcanzado hoy en casi todas las Comunidades, porque si hay algo que de verdad une a los españoles además del fútbol son las vírgenes y los santos. Por eso, muchas veces, no es tan importante lo que diga una Constitución, sino que quienes se encargan de desarrollarla sean capaces después de elaborar leyes conforme a ella y no leyes para falsearla y dejarla en papel mojado.
Junto a estos errores de los legisladores -hay más-, la Constitución del 78 también tiene aciertos, algunos inimaginables como el artículo 128.1 que textualmente dice: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Grandioso, impresionante, magnífico, extraordinario, asombroso, pero claro está en la parte declarativa, es simplemente una declaración de intenciones que los legisladores han tenido cuarenta años para desarrollar sin que ni siquiera se les haya pasado por la cabeza. ¿Qué es eso de que toda la riqueza del país está subordinada al interés general? ¿Es que España es un país comunista? ¿A quién se le ocurrió semejante disparate cuando aquí lo que está subordinado a la riqueza nacional de unos pocos es el interés general?
Por otra parte, la Constitución del 78 ha permitido que los tres partidos de la derecha estatal tengan clarísimos orígenes franquistas, es decir anticonstitucionales. Al amparo de la carta magna los franquistas han podido enquistarse en las instituciones del Estado hasta tal extremo que serán ellos, y no otros, quienes terminen por engullir al régimen. Por tanto, a día de hoy, poco que celebrar cuando los liberticidas, los amantes de la dictadura, los defensores de la supremacía del interés particular sobre el común cuentan con la protección de las leyes y de las instituciones que velan por ellas.