domingo 05.07.2020

Los bancos y el interés general

“Un banquero es alguien que te presta un paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando llueve”. 
Mark Twain.  


Entre los muchos desafíos a los que tendrá que enfrentarse necesariamente el nuevo gobierno está la democratización de la banca, es decir que la banca se someta al poder público y sirva al interés general, que deje de parasitar sobre la economía nacional y comience a ser un instrumento eficaz para su desarrollo. 

La banca moderna tiene su origen en las ciudades-estado italianas y bálticas de finales de la Edad Media y principios del Renacimiento. Nacida para facilitar las transacciones comerciales a cambio de una parte de la operación, la banca nunca tuvo buena fama entre el pueblo que desde sus inicios  sufrió su descarnado amor por la usura y la acumulación de riquezas. Sin embargo, tras las dos guerras mundiales en las que tuvo papel fundamental y nefasto, terminó por aceptar ciertas reglas de juego desconocidas en España, donde siempre estuvo al lado de los poderes dictatoriales -fue Juan March, un banquero, el principal financiador de los fascistas de Franco-, del favor del poder y de los conciliábulos donde obtenía leyes, concesiones y contratos altamente rentables.

La desaparición de la banca pública con su inclusión en el grupo BBVA dejó todo el sistema a la iniciativa privada sin que exista a día de hoy un contrapeso público al servicio de las necesidades ciudadanas

La gran crisis-estafa de 2007 dejó en evidencia a todo el sistema financiero europeo, pero sobre todo al español. El Banco de España, que tras la creación del Banco Central Europeo sólo tenía como misión la supervisión de la marcha de la economía estatal, no se enteró absolutamente de nada de lo que se estaba cociendo desde que Aznar y Rato decidieron que todo el país era edificable y que los bancos podían prestar como les viniese en gana. Ni una sola vez aquellos señores espléndidamente pagados que deberían haber avisado de la colosal estafa que se estaba gestando con la especulación financiero-inmobiliaria, advirtieron de las gravísimas consecuencias de esas prácticas ni tomaron resolución alguna para evitarla o aminorarla. Del mismo modo, la banca privada y las cajas de ahorro, que eran pieza básica en la gestión del crédito en su ámbito geográfico de actuación, cegados por el corto plazo, por el alubión de hipotecas, por la codicia desmesurada ajena al buen entendimiento de la economía, se lanzaron a jugar con el dinero de los ahorradores  convencidos de que aquella burbuja seguiría creciendo eternamente para mayor gloria de sus resultados antes de impuestos. La catástrofe creada por las entidades financieras españolas fue de tal envergadura que a punto estuvo de llevarse por delante a todo el país y convertirnos en erial desprovisto de presente y de futuro. Aun así, todavía hoy seguimos sufriendo los efectos de su lamentable gestión porque España es hoy un país mucho más pobre de lo que era antes de la burbuja, porque el Estado se ha endeudado hasta las cejas para rearmar al sistema financiero privado, porque se ha echado de sus casas a miles y miles de personas que se quedaron si trabajo por sus malas artes, porque miles de casas vacías siguen manos de los bancos mientras miles de personas no tienen acceso a la vivienda, porque las bolsas de exclusión y marginación son cada día más grandes mientras que los sueldos de los ejecutivos que dirigen los bancos crecen de manera vergonzosa sin que nadie a día de hoy les haya exigido las responsabilidades de todo tipo que tienen por haber causado daño tan inmenso.

El nuevo gobierno tiene la obligación, y sé que es muy difícil porque todo depende de las veleidades de Esquerra Republicana de Catalunya, de reunirse con los responsables de todos los bancos vivos y exigirles la devolución de los sesenta mil millones de euros que costó el rescate. Se  tiene que hablar de cómo será la devolución, pero en ningún caso se puede dar por perdida una cantidad tan descomunal de dinero cuando una parte considerable de los españoles está en la más absoluta de las miserias debido a la crisis que ellos provocaron. Hay muchas fórmulas, unas más gravosas que otras, pero estoy convencido de que hay posibilidades de llegar a un acuerdo si se actúa con firmeza. No tienen por qué devolverlo en un año, pueden hacerlo en cinco, en diez o en veinte años, pero lo que es indudable es que ese dinero tiene que regresar a las arcas públicas para paliar las necesidades de los más damnificados y ayudar a la financiación de los servicios públicos esenciales.

Por otra parte, al no haberse depurado las responsabilidades que tenían los diseñadores, directivos y jefes de la política bancaria de aquellos lamentables años, quienes hoy la dirigen se sienten con la fortaleza que  otorga la impunidad: saber que hagan lo que hagan nadie les pedirá cárcel ni les hará responder de sus decisiones con su multimillonario patrimonio personal y que podrán disfrutar de los placeres de la vida por muchas generaciones es lo mismo que ser consciente de que la Ley no va contigo. De tal modo que lejos de haber recapacitado sobre lo que pasó y el daño causado, se disponen en la actualidad a cobrar comisiones a quienes han depositado sus ahorros en las entidades financieras en vez de pagarles por ellos, alegando los gastos que ocasiona el mantenimiento de cuentas y depósitos pero sin hacer mención alguna a su impericia ni a la obscenidad que supone tal medida. De nuevo la banca, se dispone a parasitar sobre el pueblo, sobre los ahorros de los trabajadores que todavía tengan algún euro sobrante.

La misión de la banca en el sistema capitalista -no hablo de otro porque de momento no existe- es captar dinero y prestarlo a un interés racional para dinamizar la economía: Es de ahí de donde tiene que sacar su justo beneficio, nunca de los depósitos de sus clientes al modo de un impuesto contrarrevolucionario. La desaparición de la banca pública con su inclusión en el grupo BBVA dejó todo el sistema a la iniciativa privada sin que exista a día de hoy un contrapeso público al servicio de las necesidades ciudadanas y con otro modelo de gestión. La creación de una banca pública fuerte y ajena al parasistismo debe ser otro de los objetivos del nuevo gobierno, porque de ningún modo un país democrático puede permitirse que pueblos y comarcas enteras se queden sin oficinas donde gestionar sus ingresos, sus deudas o sus ahorros, porque es intolerable que se cobre a los ciudadanos por sus ahorros cuando no existe ninguna otra alternativa para guardarlos salvo el colchón de casa; porque es vergonzoso que entidades que tienen, o al menos eso dicen, unos beneficios similares a los de antes de la crisis, estén despidiendo a miles de trabajadores y encaminando todo su negocio al mundo digital aun a sabiendas de que hay cientos de miles de personas que no saben moverse en internet por edad o por impericia. Si la banca no cumple con la misión que tiene dentro del sistema, debe ser obligada a ello o intervenida, lo que de ninguna manera se puede consentir es que viva sobre y del país como ha hecho a lo largo de los siglos.

Los bancos y el interés general