Cuando José Solís y compañeros de viaje franquista inventaron aquello de que España era diferente, tenían razón, primero porque España era el único país de Europa Occidental que tenía un gobierno fascista gracias, en un primer tiempo, al apoyo de Hitler y Mussolini, y en otro 
posterior al de Estados Unidos que a punto de iniciar la guerra fría prefirió dejar en España al “Vigía de Occidente”, un tipo absolutamente inofensivo en el exterior, sumiso y servil, pero capaz de las mayores atrocidades contras sus compatriotas, cosa que evidentemente importaba muy poco a la ya por entonces primera potencia mundial. Como resultado de ese apoyo y de los tratados de amistad que llenaron la Península y las islas de bases militares, fue que la dictadura española vivió muchos años junto a las democracias europeas, recogiendo las sobras del progreso democrático, económico y social que desde el final de la Segunda Guerra Mundial se instaló en el llamado Viejo Continente.
Esa diferencia, auspiciada de una parte por el apoyo de Estados Unidos, y de otra, por la brutal represión, permitió que a través de la enseñanza nacional-católica, la propaganda y la policía se crease entre los españoles un síndrome de Estocolmo masivo que impelía a los ciudadanos a considerar satisfechos sus anhelos con la categoría de súbdito y con el tan difundido “en esta casa no se habla de política”. La transición, tras abolir las leyes franquistas, permitió que los partidarios de ese régimen abyecto y sus símbolos siguiesen poblando las mejores calles y plazas de todo el Estado, que el franquismo sociológico continuase vivo hasta en partidos con posibilidades de gobernar, cosa verdaderamente insólita en los países de nuestro entorno. Pese a la deriva xenófoba que recorre Europa desde hace más de veinte años, es impensable que nadie en Alemania, Francia, Austria, Suecia, Dinamarca o Italia salga a la calle portando imágenes de Hitler, Mussolini, Goering, Himmler, Ciano, Petain o Laval; que la esvástica, la cruz de hierro o la hoja de roble sean consideradas como símbolos de heroicidad y patriotismo; que las calles de las ciudades de esos países lleven los nombres de Keitel, Borman, Morand, Marion, Degrelle o Goebbels y que en sus escuelas e institutos se impidiese contar con pelos y señales la brutalidad de la barbarie que asoló Europa desde Gibraltar hasta Moscú.
Los partidos que hoy gobiernan el Ayuntamiento de Madrid incluyeron en su programa electoral, por primera vez y en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica aprobada por el Congreso el 31 de Octubre de 2007, la eliminación de todos los símbolos de la dictadura –nombres de calles y plazas, estatuas, placas, monolitos y cualquier otro artefacto de simbología nacional-católica- existentes en la ciudad. Para hacerlo de modo científico, el Ayuntamiento madrileño encargó un estudio exhaustivo a la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense de Madrid presidida por la prestigiosa historiadora Mirta Núñez Díaz-Balart, que ha dedicado su dilatada carrera investigadora a la represión franquista con libros tan sobresalientes como La disciplina de la conciencia: las Brigadas Internacionales y su artillería de papel (2006) o Consejo de guerra: los fusilamientos en el Madrid de la posguerra (1939-1945) (1997), y compuesta por investigadores de la talla de Alicia Alted Vigil, una de las maestras de las historiografía actual, Luis Castro, Fernando Hernández Sánchez, Manuel Álvaro Dueñas y Juan José del Águila, todos ellos investigadores de reconocido prestigio y entregados desde hace mucho tiempo a la causa de la ciencia y la libertad. Por el trabajo, los seis científicos cobrarán la nada despreciable cantidad de veintidós mil euros IVA incluido, o sea unos tres mil euros líquidos cada uno, lo que sin duda les permitirá llevar una vida de lujo y despilfarro o retirarse a una lujosa villa en las islas esas a las que la oligarquía derechista española suele llevar sus “ahorrillos”.
Dado que resultaba un poco grueso decir que la División Azul, que combatió junto a Hitler en la URSS, merecía calles y monumentos o que el general Varela –de intensa vida represora- era acreedor de estatuas y placas conmemorativas, la prensa reaccionaria y ultramontana decidió atacar a Manuela Carmena en la persona de Mirta Núñez Díaz-Balart, alegando la cantidad de dinero que ella y sus compañeros recibirían por el trabajo impecable que están realizando, tachándolos además de feroces marxistas y comedores de niños, como en los mejores tiempos del hombre que más españoles ha matado a lo largo de nuestra larga y, a menudo, lamentable historia. Es bien sabido que en España la derecha cavernícola sigue viva en casi todos los núcleos de poder, que controla casi la totalidad de la prensa convencional escrita y visual, y que tiene gran presencia en los medios digitales. Resultado de todo ello es que estos seis investigadores están siendo linchados mediáticamente por realizar un trabajo que se debió afrontar hace treinta y cinco años, que la campaña que han desatado no sólo pone en duda su capacidad científica –para ciencia, desde luego, Losantos, Pío Moa, Zavala y César Vidal- sino que porfía en el insulto, la calumnia, la difamación y la descalificación personal y familiar sin que ello haya producido la contestación adecuada por parte de la sociedad, que carece de medios de gran difusión, ni de los demócratas de este país.
Mirta Núñez, Alicia Alted, Luis Castro, Fernando Hernández, Manuel Álvaro y Juan José del Águila están haciendo un trabajo magnífico de información historiográfica para el Ayuntamiento de Madrid por una cantidad ridícula, como tantas veces hacemos los historiadores en un país donde la historia sólo se valora cuando ensalza los milagros de la patrona del pueblo, la faena de aquel torero o las heroicidades de salvajes bañadas en sangre. Ni Madrid ni Barcelona ni Socuéllamos merecen tener sus calles, plazas e iglesias manchadas con los nombres de personas que se rebelaron o apoyaron un golpe de Estado contra la Constitución por entonces vigente –la de 1931-, sumiendo al país en el periodo más negro, largo y cruel conocido hasta la fecha. Ningún país de Europa los tiene desde 1945, España no puede cargar con esa lacra ni un día más. No se trata de abrir heridas como dicen los franquistas, sino de cerrarlas de una vez por todas quitando a los brutos de los callejeros, entregando a los muertos que yacen en cunetas y tapias de cementerio a sus deudos. En ese sentido, el trabajo de Mirta Núñez y sus cinco compañeros, sólo merece nuestro elogio y nuestra más alta consideración, como historiadores, como demócratas, como seres humanos.