Tras la revolución francesa y las sucesivas revoluciones e involuciones del siglo XIX, la democracia toma verdadera carta de naturaleza en Europa con la instauración de la III República francesa de Grèvy y Gambetta. Hasta este momento, salvo los cortos periodos revolucionarios, los sucesivos gobiernos europeos gobernaban por y para las clases acomodadas, utilizando la fuerza bruta para reprimir las aspiraciones de los trabajadores y la pequeña burguesía ilustrada. La democracia, pues, no consiste en ejercer el derecho de sufragio una vez cada cierto tiempo, sino en gobernar para el común, por el interés general, para que todos los miembros de un país tengan los mismos deberes y derechos y las mismas oportunidades de llevar una vida digna en todas las etapas de su existencia. La utilización del sufragio, de las elecciones para formar gobiernos que actúan contra ese interés, contra la solidaridad, la justicia y libertad, sólo es una instrumentalización para subvertir los principios básicos sobre los que se funda la democracia, convirtiéndola en una caricatura de sí misma y en un régimen espurio que aspira al autoritarismo como medio de imponer los privilegios de la clase social y global dominante.
La democracia no consiste en ejercer el derecho de sufragio una vez cada cierto tiempo, sino en gobernar para el común, por el interés general
Hace muchos años que la neolengua está causando estragos. Por ejemplo, no se puede llamar reforma a una contrareforma que es aquella acción de gobierno destinada a restringir derechos regresando a situaciones anteriores al periodo reformista. Tampoco se puede llamar centro-derecha a partidos de origen franquista -Vox, PP, Ciudadanos- que no dudan en pactar entre ellos para imponer políticas contrarias al ideario democrático, siempre determinado por la defensa del interés de todos.
Dentro del trágala con centrifugadora al que estamos siendo sometidos por los medios, corporaciones e instituciones dominantes, hemos llegado a aceptar que en el futuro no existirán pensiones públicas, que quienes tienen menos de cincuenta años no cobrarán pensión alguna al llegar la vejez o una enfermedad grave. Así lo dejan caer una y otra vez, como una fina lluvia diaria, bancos, grupos empresariales, gobiernos y aseguradoras: Así lo aceptan ya miles de jóvenes que, preocupados por la triste perspectiva del hoy, no piensan en lo que vendrá mañana. Se trata de una maniobra descarnada que pretende la privatización de las pensiones mediante el argumento de que son insostenibles, de que no se pueden financiar mediante el esfuerzo de todos, y sí entregando cantidades periódicas a los bancos que fueron en su día rescatados por el Estado por insolventes y pésimos gestores. Es una falacia, una mentira interesada que aspira a materializar el engaño masivo y quedarse con la parte más jugosa de nuestro patrimonio común, sin que exista garantía alguna, si la operación se culminase con éxito, de que quien suscriba un plan de pensiones privado pueda el día de mañana recibir lo prometido: Un banco, una aseguradora -como hemos visto- puede quebrar en cualquier momento y dejar todos sus compromisos en suspenso. No nos cuentan la verdad, y aceptamos sus mentiras: El sistema público de pensiones español parará un periodo difícil entre 2025 y 2045, cuando se jubilarán los nacidos en la década de los sesenta y setenta. Durante esos años será preciso ayudar al sistema vía presupuestos del Estado, subiendo impuestos -sí, no pasa nada sin son justos, proporcionales y progresivos- y haciendo más eficaz la gestión. Después de 2045, el número de jubilados será tan pequeño que probablemente le sobre dinero a la Seguridad Social para emplear en otras cuestiones. Así de sencillo pese a lo que constantemente anuncian los periodistas corruptos, los empresarios y banqueros -incluido el Banco de España- interesados en la privatización de todo.
Dicen los mismo que aseguran que las pensiones públicas son inviables, que el Estado no rescató a la Banca con 70.000 millones de euros, sino a los ahorradores españoles. Mentira de nuevo. El Estado inyectó miles de millones a la banca para que siguiera existiendo como tal, si nos hubiese rescatado a los particulares la habría nacionalizado por su nefasta gestión especuladora y hoy los beneficios de los bancos irían a parar a la Hacienda Pública para financiar servicios públicos esenciales. No fue así, se rescató a la Banca y ésta tiene la obligación absoluta de devolver hasta el último céntimo que se le prestó, otra cosa sería utilizar los presupuestos del Estado, el dinero de todos, el dinero de la democracia para delinquir, es decir para regalárselo a las entidades financieras que tanto daño han hecho al bienestar de los españoles, es decir, al interés general.
Otro camelo que nos han colado es el de los impuestos. La Constitución actual manda a los gobernantes que apliquen una política fiscal proporcional y progresiva, es decir que se pague más conforme se gane más. Sin embargo, los tres partidos franquistas fundamentan buena parte de su política económica en la bajada de impuestos directos, alegando que el Estado roba a los particulares el dinero que éstos podrían gastar en lo que más apetecieran. A los ricos y a sus partidos, les importa un bledo lo que un ciudadano normal pueda hacer con treinta euros más al mes, lo que de veras quiere es no pagar un duro al Erario -cosa que ya hacen- y deteriorar los servicios públicos hasta un nivel tal que dejen de funcionar y entonces sean los propios usuarios quienes demanden o, al menos acepten, su privatización como mal menor. Sólo tienen que mirar lo que sucede en Estados Unidos, donde la gente se arruina por una simple rotura de fémur.
No podemos consentir que las ideas cavernícolas de la ultraderecha colonicen las mentes de la mayoría de los nuestros, sería un suicidio colectivo
Y así podríamos seguir hasta el infinito. El lenguaje machacón de los telediarios, los mensajes constantes de las autoridades económicas internacionales y nacionales -todas empeñadas en conseguir el botín de las pensiones y la salud-, los catastrofistas pronósticos de los economistas serviles, han creado un clima tal que una persona que hoy recibe una prestación por parto, una pensión o un tratamiento contra la hepatitis no visibiliza que eso sale del esfuerzo de todos, es decir, de los impuestos, y que eso puede ser viable eternamente aumentando el esfuerzo, eliminando las privatizaciones costosísimas y clasistas y aboliendo la corrupción en todos sus niveles, material, intelectual y permisivo. En este país hay muchos gastos inútiles como los dineros que se entregan todos los años y pase lo que pase a la Iglesia Católica -12.000 millones de euros- para adoctrinar niños y adolescentes en ideas predemocráticas, pero con todo, es la corrupción, la utilización impúdica de los dineros públicos para el enriquecimiento personal lo que más nos cuesta a los españoles todos los años: Entre 60.000 y 85.000 millones de euros. A ello habría que añadir un fraude fiscal que supera con creces, según FEDEA, los 40.000 millones anuales. Ya lo creo que hay de donde sacar para financiar lo que a todos beneficia, pero al mismo tiempo es urgente, urgentísimo, una campaña abrumadora que haga saber a la inmensa mayoría de la población que los servicios públicos son sostenibles y que se sostienen con la aportación de todos según sus ingresos, que la otra opción, la de la privatización es la que existía en periodos anteriores a la democracia y la que tantos destrozos y dolores causa actualmente en Estados Unidos. No podemos consentir que las ideas cavernícolas de la ultraderecha colonicen las mentes de la mayoría de los nuestros, sería un suicidio colectivo.