No cabe duda que la tierra más segura está dentro de las cárceles. Pero de ahí ya salimos hace tiempo y no queremos volver de ninguna manera
El asesinato y la barbarie no pueden ser nunca justificados en nombre de nada ni de nadie. Ríos de sangre se han vertido a lo largo de la historia en nombre de los dioses, de los reyes y de los tribunos. También en nombre de ideales: de la libertad, de la justicia, incluso en el de la paz. Y no digamos de las patrias.
Y dicho esto, aún bajo el impacto de los atentados de Francia, los de siempre han vuelto a la carga con lo de siempre: seguridad ante todo y todo por la seguridad. Eso sí, aseguran que salvaguardando la libertad. Y para ello atropelladamente van a modificar el proyecto de ley de nuevo Código Penal, el de ley de Seguridad Ciudadana y lo que haga falta.
Lo hemos entendido: ahora van a por las libertades democráticas.
Son varias las preguntas que, ante esta actitud del Gobierno y del PP, se nos ocurren. ¿Es que no tenemos suficiente arsenal legal para prevenir y combatir todo tipo de terrorismo? ¿Por qué las modificaciones legales antiterroristas ahora? ¿Van a ser definitivas estas disposiciones o vamos a volver a modificar las leyes cada vez que se produzca un hecho semejante?
Por desgracia los españoles tenemos una larga y durísima experiencia en materia terrorista, mucha más que Francia. Y con las leyes democráticas de que hemos dispuesto hasta ahora hemos logrado derrotar a ETA y detener, juzgar y condenar a los autores de la matanza del 11-M. Nuestros cuerpos de seguridad del Estado tienen una gran experiencia y preparación en este campo. Lo que necesitan es una dirección política que priorice esfuerzos, mejore medios materiales, aumente las plantillas y efectúe los nombramientos de libre designación en función de criterios profesionales y no partidistas.
Es decir, para combatir el terrorismo “yihadista”, hace falta política con mayúsculas y toda la perorata que nos ha soltado la Señora Cospedal sobre la seguridad o las variaciones de Rajoy sobre el mismo tema, no son más que cortinas de humo para ocultar lo que de verdad quieren: más instrumentos aún para recortar los derechos ciudadanos y criminalizar la protesta social por sus políticas. No tenemos ante nosotros una apuesta del Gobierno para reforzar la seguridad, sino una maniobra electoralista encaminada a alimentar al “alien” fascista que el PP alberga en su seno y al que engordó durante años con actitudes y pronunciamientos de sus dirigentes. Son los mismos que aseguraron que los terroristas no estaban en desiertos lejanos o acusaron (Rajoy dixit) a Zapatero de traicionar la memoria de las víctimas de ETA, los que hoy reclaman unidad.
A Rubalcaba, a quien no han reconocido su decisivo papel como ministro del Interior en la derrota de ETA, podrían preguntar qué hacer, antes que ponerse a toquetear una vez más el Código Penal.
Tampoco es de recibo el pretexto de la temporalidad de unas medidas pretendidamente reclamadas por la amenaza actual del islamismo radical, puesto que esa amenaza existe desde mucho antes del 2004, cuando el gobierno de Aznar se enteró después de que nos mataran a 192 ciudadanos.
Por ello un tremendo error cometería el PSOE si ahora atendiese a los cantos de sirena de la derecha para suscribir un nuevo supuesto pacto de Estado antiterrorista. Y porque sería mostrar, a pocos meses de la cabalgata electoral, que puede alcanzar acuerdos con el partido que una mayoría de la ciudadanía, a tenor de las encuestas, quiere ver fuera del gobierno.
No cabe duda que la tierra más segura está dentro de las cárceles. Pero de ahí ya salimos hace tiempo y no queremos volver de ninguna manera.