Ya en mayo del año pasado, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, planteaba la necesidad de que se alcanzasen amplios acuerdos políticos, similares a los Pactos de la Moncloa, para hacer frente a los principales retos de la economía española, según él: el desempleo estructural, el elevado endeudamiento, el déficit público, la baja productividad y el envejecimiento. Idea que ha resurgido con fuerza ya en plena emergencia por el coronavirus.
Sobre esto, el presidente del gobierno ha lanzado su propia iniciativa en sede parlamentaria: “Lo que propongo es un gran Acuerdo para la Reconstrucción económica y social de España en el que participen todas las fuerzas dispuestas a arrimar el hombro, partidos políticos por supuesto, pero también empresarios y sindicatos, y por supuesto las CCAA, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos”.
Es comprensible esta actitud del presidente. ¡Con la que está cayendo y con la exigua y variable mayoría parlamentaria que le sustenta! Pero harina de otro costal es saber si es posible un acuerdo de ese tipo. Para hacerse una idea habría que contestar a las preguntas clave: ¿para qué? ¿con qué contenido básico? y ¿quiénes podrían suscribirlo?
Los efectos del tsunami que se abate sobre nosotros no podrán amortiguarse, ni exclusivamente con el sacrificio de la clase obrera, ni con el esfuerzo de cada país por su cuenta
Los Pactos de la Moncloa de 1977, tuvieron como finalidad estabilizar la economía para garantizar la consolidación de la democracia recién recuperada.
Hoy, cuando afrontamos una situación gravísima, es preciso aunar todas las fuerzas para combatir eficazmente la pandemia y encarar la gigantesca ola de destrucción económica que ya tenemos encima.
Su contenido, más allá de las medidas imprescindibles, tendría que incluir la evidencia de que hay que reforzar la sanidad pública como eje estratégico, revirtiendo inmediatamente los recortes aplicados y adaptar el renqueante pilar de la dependencia a los problemas del envejecimiento: residencias y cuidados de los mayores. Debería también abordar el proceso hacia una economía descarbonizada y rechazar cualquier intento de colar de matute algunas de las obsesiones fracasadas del neoliberalismo. ¿Qué sentido puede tener en este momento hablar de limitar el déficit público o el endeudamiento?
En cuanto a quien estaría en disposición de firmarlo, en este momento todo es muy confuso.
El PP, obsesionado con la competencia de la ultraderecha, se mesa los cabellos cuando le contestan con contundencia a improperios como los que vierte a diario su portavoz parlamentaria. Sus presidentes autonómicos compiten por aparecer como referente de la oposición al gobierno central, planteando una ocurrencia y a renglón seguido su contraria, despreciando la situación angustiosa de los ciudadanos de sus regiones.
ERC, que ha facilitado la investidura presidencial, parece que también se niega a negociar, priorizando su contencioso con Torra.
Quedan pues, aparte de los partidos del gobierno, Ciudadanos, PNV y los pequeños grupos políticos.
En los Pactos de la Moncloa, los actores fueron los dirigentes de los partidos parlamentarios españoles, con la excepción de Fraga, que no suscribió el documento político. Las centrales sindicales, como dijo Joaquín Almunia entonces en representación de UGT, fueron marginadas. Ahora la base de cualquier acuerdo tendría que ser el consenso de los agentes sociales. El panorama no es tampoco muy alentador en este campo, tal como advierte la exagerada reacción de la CEOE ante el anuncio de un ingreso mínimo universal de transición. No se comprende, a no ser que pensemos que se están relamiendo por el previsiblemente enorme incremento del ejército industrial de reserva del que van a disponer.
Hace cuarenta y tres años los sindicatos asumieron que los trabajadores eran los que iban a sacar adelante la democracia a su costa, aunque dejaron clara su disconformidad con ser los únicos y así lo expresaron: “…no aceptaríamos, por supuesto, cargarnos el fardo más pesado, atravesar la situación más difícil y, después, que se llevaran lo que hubiéramos salvado los de siempre” (Camacho, CCOO)
Entonces fue la conquista de la democracia y de la libertad sindical la que movió a apoyar los pactos a las centrales mayoritarias, pese a que, como admitió García Salve (CCOO), se tratase de “un plan de estabilización mitigado”.
Los efectos del tsunami que se abate sobre nosotros no podrán amortiguarse, ni exclusivamente con el sacrificio de la clase obrera, ni con el esfuerzo de cada país por su cuenta.
Es urgente un amplio acuerdo al que los sindicatos ya se han mostrado dispuestos, pero la patronal no sabe aún por donde tirar. Y en eso estamos.