domingo 23.02.2020

El Valle

Hace varios días, tuve ocasión de ver la foto de una camiseta que, sobre una franja con los colores rojo y amarillo, llevaba impresa la frase: “El Valle no se toca”.

Ese lema resume lo que parece ser una línea roja para la derecha española: que los restos de Franco continúen en el llamado Valle de los Caídos al cuidado de una orden religiosa y mantenido por los fondos públicos.

La decisión que el nuevo gobierno socialista ha adoptado en Consejo de Ministros, de iniciar los trámites para trasladar de ese panteón los restos del dictador parece que ha sacado de quicio a los voceros institucionales y mediáticos del PP. Y no se comprende que se pongan así quienes afirman que Franco ya no significa nada.

Que en España sigue habiendo franquistas de todo tipo, edad y condición, no es ninguna novedad. Que tienen derecho a discrepar, tampoco. Pero que pretendan deslegitimar el sistema democrático, cuando un gobierno legal, surgido de una mayoría parlamentaria, toma una decisión en el ámbito de su competencia, nada de nada. El Valle, se toca y se tocará si así lo deciden el Parlamento y el Gobierno.

Entre los portavoces de la derecha, los hay que citan a González, a Carrillo y a Pasionaria, para aseverar que aquí se hizo un pacto entre franquistas y antifranquistas que ahora se rompe por el PSOE.

Pero la Transición no fue un pacto entre franquistas y opositores para dar a luz una democracia parcial. Esa era la voluntad inicial de sectores que habían sido partidarios fervientes de la dictadura, pero que ya la veían inviable sin el dictador y que fue superada por la denominada “ruptura pactada” que se plasmó en la Constitución del 78.

Los que defendían a ultranza la herencia política e ideológica de Franco no pactaron, realizaron o apoyaron cuantas maniobras desestabilizadoras pudieron y algunos trataron de frenar los avances democráticos con salvajadas como los asesinatos de los abogados de Atocha en 1977 y ya en 1981, con la intentona del 23-F.

La transición a la democracia se basó en un acuerdo amplio, de una porción de la clase dominante y sus políticos, cuya máxima expresión fue el tándem Juan Carlos I - Suárez, que asumió que las nuevas condiciones económicas y sociales, por la amplia movilización de la clase obrera sobre todo, exigían un cambio a un sistema democrático homologable con Europa y quienes habían combatido desde el interior y el exilio por la libertad y la democracia. En ningún caso se acordó la perpetuación de la memoria de la dictadura como base u origen de la Constitución.

A los más exaltados revisionistas, que afirman sin rubor que Franco no implantó realmente un sistema fascista, únicamente cabe recordarles que los generales que se alzaron contra el régimen democrático de la República, lo hicieron apoyados por los gobiernos de Mussolini y de Hitler, que enviaron cuantiosos recursos económicos, materiales y de tropas. Y que el modelo que impuso fue fascista con todas sus características, incluso el exterminio físico de los “desafectos”.

A aquellos que argumentan ahora razones procedimentales para rechazar el Decreto, solo preguntarles: ¿si no se utiliza después de cuarenta años de democracia la razón de urgente necesidad, para evacuar los restos del dictador de un memorial que pretende honrar a los muertos en la guerra que él desencadenó, a qué o cuántos años más hay que esperar?  Sabiendo además que aún hay restos de miles de víctimas en cunetas y fosas comunes.

Por último, pero no menos importante. No podemos permitir que haya quien aproveche para hacer apología del fascismo en las dependencias militares. No hace mucho denuncié en estas mismas páginas que, en el Museo Militar de A Coruña, estuvo disponible un documento para la firma en contra de la retirada de una estatua de Millán Astray de la ciudad, mientras en dicho museo no existía ningún monumento que honrase a los leales generales de esa plaza, Caridad Pita y Salcedo, asesinados por los golpistas.

El Valle