martes 27/10/20

Víctimas anónimas de la libertad de prensa

No es Podemos el partido que ha impulsado y hecho aprobar la 'ley mordaza'. ¿No será el fondo del problema que se está intentando colocar una mordaza extra a Podemos?

Los diarios del lunes publican en lugar destacado una dura nota de la Asociación de la Prensa de Madrid, que preside Victoria Prego, para denunciar la campaña de amedrentamiento y amenazas que está llevando Podemos en contra de periodistas críticos con sus posiciones.

Hay algo raro en la nota, sin embargo. Se define con precisión al agresor, Podemos, en la persona de su líder Pablo Iglesias, de sus órganos colectivos de dirección y de su entorno inmediato. Se señala que los ataques a periodistas se vienen produciendo desde hace más de un año, de la forma siguiente (la cita es literal): «en sus propias tribunas, en reproches y alusiones personales en entrevistas, foros y actos públicos, o directamente en Twitter.»

Sin embargo, existe una diferenciación nada sutil entre la expresión libre de la discrepancia, tan reconocida por la Constitución para el ciudadano como para el periodista, y que suele ser acalorada en nuestras latitudes, y, en el otro lado de la línea roja, el delito de “amedrentamiento y amenazas”, propio más bien de una organización mafiosa.

¿Qué cotas ha alcanzado la escalada verbal de Podemos contra sus críticos? ¿Qué cotas previas habían alcanzado las críticas de los periodistas contra las actuaciones de Podemos? ¿Fueron correctos los comentarios periodísticos, o por el contrario, susceptibles de ser incursos en una ley de libelo? Tenemos en este país una llamada “ley mordaza”, contra la cual de seguro la APM lucha incansablemente a diario. Pero no es Podemos el partido que ha impulsado y hecho aprobar esa ley. ¿No será el fondo del problema que se está intentando colocar una mordaza extra a Podemos?

Si los intercambios dialécticos entre periodistas críticos y políticos podemitas destacados han sido, a lo que parece, públicos, antes de inclinarnos por una u otra parte, no estaría mal deslindar quién se mostró en la refriega más intolerante, energuménico y amenazador. No hay constancia de tal extremo en la nota condenatoria de la APM, ni alusión ninguna a las responsabilidades de los periodistas, que se benefician de una resonancia mediática inalcanzable para el ciudadano común, en relación con lo que han escrito o declarado.

Y hay otro extremo que induce a la sospecha. La APM, tan diligente en señalar con el dedo al agresor, cubre con un manto de anonimato a las presuntas víctimas. “Una decena” de periodistas “de diversos medios” son los que han pedido amparo. Parece esencial dar a conocer sus nombres, y los nombres de los medios en cuestión. Incluso, desde la efectividad concreta del amparo ofrecido a esos profesionales de la opinión. No da lo mismo, no es el hecho en sí lo que cuenta en este caso, no se puede reclamar el amparo de un rinconcito nada más del ordenamiento jurídico, y luego ponerse por montera el resto. ¿Están Inda, Marhuenda, Losantos y tutti quanti en ese grupito de diez amparados? ¿Merecen amparo institucional quienes lo han solicitado? ¿Se trata de periodistas intachables por su comportamiento ético, por el rigor en el tratamiento de sus fuentes, por la veracidad escrupulosa de sus crónicas, por el respeto a todas las posiciones del arco parlamentario y extraparlamentario que concurren legítimamente a la acción política? ¿O bien el amparo con que se les quiere cubrir es un mero manto corporativo, de coleguilla a coleguilla?

Muchos interrogantes y pocas respuestas. De momento, sabemos que Irene Montero ha pedido una reunión urgente con APM para debatir la cuestión, toda vez que la asociación de periodistas ha difundido la nota acusatoria sin haber entrado antes en contacto con la contraparte para confirmar la veracidad de las alegaciones. ¡Doña Victoria, por favor! Se trata de un resbalón poco afortunado en una cuestión de procedimiento vital desde el punto de vista tanto profesional como simplemente democrático; y no, desde luego, de una menudencia.

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