Estoy en contra de Uber, Cabify y los demás VTC (vehículos de transporte con conductor). Se trata de plataformas no sostenibles, que obtienen su lucro precisamente de ignorar la existencia de reglamentos, de cuotas, de licencias y de horarios establecidos
Simpatizo con la huelga de los taxistas. (Ya está dicho, ea.) No conozco todos los recovecos del asunto, y por lo tanto no puedo decir hasta qué punto están justificadas las medidas que han tomado, decididamente molestas para la ciudadanía aunque, imagino, beneficiosas para el medio ambiente de la ciudad. Tanto combustible que deja de quemarse, ahora que dicen que llega la ola de calor “de verdad”, es un alivio no de despreciar.
Me parece una barbaridad el proyecto anunciado off the record de cerrar el puerto y las fronteras si no se atienden sus peticiones. Si es una mera amenaza tendente a mejorar las condiciones de la negociación, pase. El oficio del taxi es duro, son horas y más horas al albur de las calles, las pejigueras de la licencia, del coche con su mantenimiento, de las restricciones de días y horas de circulación, de los clientes bordes y los borrachos, de los atracos.
El taxi es un servicio público. Necesario. Reglamentado. Los reglamentos pueden necesitar retoques en función de circunstancias nuevas, no lo sé. Pero los reglamentos, en un servicio público, no pueden ser torpedeados alegremente por la iniciativa privada de plataformas que operan con un número ilimitado de “socios” que aportan sus propios vehículos para un remedo de economía “colaborativa” en la que no existen ni reglamentos, ni garantías, ni relación laboral, ni seguridad social, ni nada de nada de nada.
Estoy en contra de Uber, Cabify y los demás VTC (vehículos de transporte con conductor). Se trata de plataformas no sostenibles, que obtienen su lucro precisamente de ignorar la existencia de reglamentos, de cuotas, de licencias y de horarios establecidos. Si se suprimiera toda esa reglamentación embarazosa y restrictiva, desaparecerían de inmediato también los VTC, porque desaparecería su oportunidad de negocio. Las plataformas se sitúan en los intersticios de la reglamentación, en una situación de ilegalidad tolerada, gracias a su versatilidad para llegar al cliente en menos tiempo y con tarifas más bajas. Sus conductores se ven sometidos a una doble explotación: han de responder cuando son llamados, no tienen horarios ni condiciones de trabajo establecidas, no cobran de la plataforma sino del cliente, y sobre ese cobro han de entregar una parte al “gran hermano”, al “patrón” que no lo es porque se denomina “socio”.
Que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ampare ese tipo de actuación decididamente pirática en nombre de la libertad de comercio, tiene bemoles. Que rompa y descalifique la pauta convenida entre el Ayuntamiento de Barcelona y el sector del taxi, con el argumento de que el tema debe ser decidido por una autoridad de orden territorial superior, sería demencial de no deberse en última instancia a la repugnancia profunda que sienten sus señorías por el nivel social y el cariz político de las personas que cortan el bacalao, metafórica y literalmente (Ada Colau fue calificada de “pescatera” por un académico de la Lengua), en la Casa Gran.
La huelga del taxi me genera incomodidades, como a todo el mundo, pero estoy bastante bien dispuesto a soportarlas. Espero que tenga un desarrollo cívico y pacífico, y que llegue a buen fin. Lo que ustedes y yo entendemos, sin necesidad de mayores puntualizaciones, por un “buen fin”.