¿Acaso el pueblo catalán no está deseando saber todas las circunstancias de algo que tiene todo el aspecto, más allá del fraude a la hacienda pública, de un robo alevoso a la comunidad?
Francesc Homs, portavoz del gobierno catalán, ha lamentado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de admitir a trámite la querella contra el presidente Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau, por desobediencia al mandato del Tribunal Constitucional en la jornada del pasado 9-N; y, considerando al gobierno español el instigador real de esa decisión, lo ha acusado de “miopía” y de tener “una cultura democrática escasa”.
Se puede discutir si le asiste más o menos razón en sus argumentaciones, pero no cabe duda es de que estas incluyen un doblez que viene siendo ya típico en otras actuaciones próximas o lejanas de la Generalitat. No se concibe de otro modo el hecho de que, de forma simultánea al lamento sobre las restricciones impuestas al anhelo de un pueblo de expresarse libremente sobre su futuro, se utilice el mismo mecanismo criticado para impedir que el president Mas comparezca ante la comisión parlamentaria que investiga los posibles desvíos de caudales públicos hacia las cuentas corrientes del ex president Pujol y su numerosa familia.
¿Acaso el pueblo catalán no está deseando saber todas las circunstancias de algo que tiene todo el aspecto, más allá del fraude a la hacienda pública, de un robo alevoso a la comunidad? Si perseguir a Mas por el 9-N es signo de una cultura democrática escasa, exonerarlo de sus posibles responsabilidades por acción o por omisión en el caso Pujol, también lo es. Si, por el contrario, lo que importa en cada caso es la letra de la ley y el peso mayor de la mayoría establecida frente a la minoría discrepante, las dos respuestas, la del Estado y la de la Generalitat, han de ser consideradas igualmente intachables. O todos moros, o todos cristianos. No vale lo de puerta de Elvira en Granada y en Sevilla doña Elvira. O, como decimos en Cataluña, no vale «hacer la puta y la Ramoneta», ofrecer dos caras distintas en dilemas similares, según hacia donde se incline el interés propio en el pleito.
En todo el largo proceso de la marcha de la «sociedad civil» catalana hacia la independencia, las autoridades autonómicas han mantenido ese tipo enojoso de doble discurso. Artur Mas lo llama astucia. Puede, pero se trata en todo caso de una astucia ya tradicional en su formación política; de un clásico de los años del gobierno Pujol, cuando Convergència mantenía una posición en Madrid y otra distinta, en ocasiones diametralmente opuesta, en Cataluña. El doble discurso de la “gobernabilidad” allá y del “Madrid nos roba” aquí.
Pero no es sobre astucias, ni sobre medias verdades, ni sobre acomodos de conveniencia, como se puede edificar un Estado propio. Ni siquiera un Estado federado.