Enmarcada en la implacable campaña contra la corrupción que está dirigiendo en solitario el Partido Popular, y que algún día la ciudadanía de este país reconocerá y premiará como se merece, ha aparecido la cuestión colateral del presidente de la Comunidad Murciana, Pedro Antonio Sánchez, imputado por la justicia debido a indicios sustanciales de favores intercambiados con la llamada trama Púnica. Ahí se están traspasando, a juicio de la alta dirigencia del PP, determinadas líneas rojas, de modo que ha salido con contundencia al paso desde el viejo principio jurídico latino del “ubi dixi dico”, que algunos autores traducen libremente por “donde dije digo, digo Diego”.
Sánchez no debe dimitir, sostiene Mariano Rajoy, porque en este asunto como en todos rige ante todo la presunción de inocencia.
Respetamos todos, cómo no, la presunción de inocencia. Nada impide, sin embargo, la dimisión de sus cargos de un presunto inocente que se ha visto colocado en una situación equívoca en relación con las funciones públicas que desempeña. Yo sostendría incluso que la dimisión neta y transparente tiende a favorecer la presunción de inocencia, en el sentido de que el implicado atiende sobre todo a la concepción del cargo como un servicio público que no debe quedar manchado por la sospecha; y no, en cambio, como una prebenda personal que costó al interesado dios y ayuda alcanzar, y a la que no piensa renunciar salvo en la eventualidad de un desalojo a cañonazos.
Por medio anda además el pacto anticorrupción firmado por el PP con Ciudadanos, que apoyó la investidura de Mariano "en aras a la gobernabilidad". Allí se especifica que el imputado por corrupción debe dimitir de inmediato de su puesto. Hay, sin embargo, diferencias en la interpretación de la letra del pacto. Noelia Arroyo, portavoz del gobierno murciano, nos ha ilustrado esta mañana en la cadena SER con el desglose de algunos de los desacuerdos perceptibles en la doble versión.
En primer lugar, dice Noelia que no se debe confundir imputación con encausamiento. La imputación ha desaparecido además del nomenclátor judicial, de modo que mientras no haya encausamiento formal, nada de nada. En segundo lugar, también discute el término corrupción. En el caso de Pedro Antonio Sánchez, no habría tanto corrupción como prevaricación. La diferencia entre los dos términos parece sustantiva: tal vez Noelia Arroyo considera que prevaricar es una conducta social normal y aceptable, que no causa alarma social y no obliga a ningún dirigente municipal, autonómico o estatal, a cesar en el ejercicio de sus altas funciones, por muchos pactos que así lo abonen. Es de suponer que, incluso en el caso de que alguien – por ejemplo Pedro Antonio Sánchez – fuera a parar a la trena por un asuntillo de prevaricación más o menos, seguiría ejerciendo sus funciones “desde mi celda”, a la que cada mañana se presentaría puntual su secretaria para pasarle a la firma los papeles en curso de tramitación.
En tercer lugar, y este es un argumento aportado por otro portavoz popular cuya identidad no he conseguido precisar, la corrupción debe ir ligada al cargo, no a la persona. Lo que hizo mal el alcalde de Puerto Lumbreras no puede ser achacado al presidente de Murcia, por más que ambas funciones hayan recaído sucesivamente en la misma persona, a saber Pedro Antonio Sánchez. Se puede ser un alcalde corrupto y un presidente autonómico irreprochable. Dado que el alcalde ya dimitió en su momento, por las razones que fuese (en este caso, para seguir su carrera política desde una posición más alta), no procede que vuelva a dimitir de otro cargo distinto en el que no ha hecho nada malo, que se sepa.
Hay un cuarto argumento definitivo, el que podríamos denominar “doctrina Noelia” sobre los presuntos imputados. La expresión “se entenderá”, que figura en el pacto anticorrupción PP-C’s, significa para la portavoz murciana que quien “entenderá” si hay o no hay corrupción será el propio interesado, contra cuya resolución unipersonal no cabe recurso posible. Esta última presunción, me temo, invalida todo lo dicho anteriormente como cháchara insustancial.
En conclusión. Hemos hecho un pacto como unas hostias. Como España no podía de ninguna forma seguir sin gobierno, este es en consecuencia el gobierno corrupto hasta la médula que nos hemos dado. Hemos clavado en la dura peña, como hizo el paladín Roldán con su espada Durandarte, la presunción de inocencia, mantenida a viento y marea incluso pese a toda clase de pruebas en contrario. A ver ahora quién la desatasca. Como en la vieja leyenda, en la roca granítica luce una inscripción: «Nadie la mueva, que estar no pueda con Rajoy a prueba».