La Corte de Justicia de la República, un tribunal de carácter político creado ex profeso para juzgar con benevolencia a los políticos franceses, ha dictado sentencia contraria a Christine Lagarde por un delito de “negligencia” en el escándalo Tapie.
Bernard Tapie reclamaba plusvalías no tenidas en cuenta en la venta de Adidas, hecha con intermediación de Crédit Lyonnais; y el asunto llevaba años empantanado en los juzgados. El multimillonario, buen amigo de Nicolas Sarkozy, recurrió entonces a un meandro jurídico arquetípico. Ayudó con fondos sustanciosos a la elección de Sarkozy como presidente (2007), y este, vía su superministra de Economía, Finanzas, Industria y Empleo (adivinen su nombre: Lagarde, ¿quién si no?), le arregló un arbitraje privado para desbloquear la situación. Es el esquema archisabido del “n” (el 3 queda corto casi siempre) por ciento, el clásico do ut des, te doy para que me correspondas, del derecho clásico romano.
No obstante, un arbitraje privado para resolver un asunto público en el que se juegan los dineros del contribuyente, no puede ser considerado una solución cristalina desde el punto de vista jurídico. En este caso, además, la resolución favorable a Tapie le supuso una ganancia a todas luces abusiva, 403 millones de euros, de ellos 45 debidos a “perjuicio moral”; cosa no solo arbitraria (algo que a fin de cuentas podía esperarse de un arbitraje), sino faraónica, es decir, propia de imperios remotos y no de la tenaz escrupulosidad jurídica del país en el que triunfó la gran revolución histórica igualitaria.
El expediente del arbitraje privado fue anulado por la justicia francesa el año pasado, y Lagarde fue llamada a rendir cuentas de su gestión en el asunto. La ex ministra es hoy directora gerente del FMI, cargo que fue ocupado antes de ella por Rodrigo Rato y Dominique Strauss-Kahn: la nómina basta para hacernos una idea de la conducta intachable y la dedicación escrupulosa que se exige a quienes desempeñan una función tan delicada.
Lagarde se excusó ante los jueces diciendo que todo se hizo a sus espaldas, dado que por entonces ocupaba todo su tiempo en combatir la crisis financiera recién abierta por la quiebra de Lehmann Brothers. (Entre nosotros, tampoco en este campo de actuación desarrolló la señora una labor meritísima, si hemos de juzgar por los resultados.) El tribunal la ha condenado por negligencia, pero no por todo lo relatado hasta ahora, sino porque tampoco recurrió en tiempo y forma la catarata de millones que unos “árbitros” privados, y ciertamente amistosos, habían volcado sobre Tapie con cargo a las arcas del Tesoro francés. Ni siquiera ha podido alegar distracción Lagarde; ella misma dio por cerrado el caso, antes de que se cumpliera el plazo para recurrir. No todo, así pues, se hizo "a sus espaldas", ni podía alegar ignorancia.
Lo bonito de este caso “de manual”, ilustrativo de la codicia de los poderosos pero por lo demás banal, es que la misma Corte que ha dictado sentencia en contra de Lagarde, no la ha condenado a ninguna pena, y tampoco hará constar su veredicto en los antecedentes penales de la ex ministra. Para esa extraña contradicción en los términos (condeno sin condenar y dicto sentencia para borrarla de inmediato a todos los efectos), se ampara la Corte en una presunción favorable a la rea, dadas su prominente personalidad internacional y las terribles circunstancias del país en los años 2007-2008.
En circunstancias no tan terribles como las consideradas en el fallo, el ejercicio de una función pública conllevaba un deber de ejemplaridad, tanto mayor cuanto más prominente era el puesto desempeñado. Que ese principio secular se invierta ahora, y la función pública sea considerada una atenuante para la negligencia probada en el cumplimiento de las obligaciones propias del cargo, indica un cambio neto de tendencia: se eliminan los controles en favor de la ciudadanía para la actuación de los funcionarios públicos, y los poderosos gozan de la presunción de su propia irresponsabilidad.
Se está dando por consiguiente, y esto es particularmente grave, un corrimiento en el marco de los derechos establecidos, que debería ser inamovible para garantía de todos: hoy los derechos son menos para los ciudadanos, y más para los gobernantes.