En la medida en que se van conociendo los programas económicos de las distintas formaciones que concurrirán a las elecciones generales de diciembre, resalta como un dato positivo la presencia en casi todos ellos (la excepción, obvia, es el PP) de algún tipo de renta mínima, o prestación con carácter universal para todas aquellas personas que han caído por debajo de los umbrales de la pobreza definidos y cuantificados a partir de distintos parámetros. Sorprende, sin embargo, que en este punto nadie haya considerado la posibilidad de adherirse a la ILP (iniciativa legislativa popular) promovida por los sindicatos CCOO y UGT. En un asunto así, parece preferible aunar esfuerzos y arrimarse a un estudio muy sensato y pormenorizado, en lugar de dejar que cada maestrillo proponga su propio librillo. Entiendo que la cuestión de fondo en este tema no es la desconfianza hacia los sindicatos, sino su ninguneo puro y simple. Mal síntoma para las izquierdas.
La renta mínima universal es una necesidad surgida de una situación de emergencia social grave, provocada precisamente por los turiferarios del actual crecimiento impetuoso de la economía española. Es conocido el axioma de que la estadística es la ciencia que, si tú te has comido dos pollos y yo ninguno, asegura que los dos hemos comido un pollo por cápita. Con la estadística pueden fabricarse maravillas, por ejemplo la disminución vertiginosa del desempleo a partir de contabilizar como puestos de trabajo los curros de entre cinco y veinte horas semanales, con remuneraciones iguales (becas sin salario) o próximas a cero euros.
Si eso es así, y lo es, conviene ver adónde va el pujante chorro de beneficios que se derrama sobre nuestra banca y sobre algunas de las empresas más significadas del país. Según datos de un estudio reciente de CCOO sobre la evolución de los salarios y otras retribuciones, en las empresas del Ibex35 y en 2014, citado por Javier Doz, «los primeros ejecutivos de cada empresa se hicieron aumentar sus retribuciones totales en un 80%; los consejeros en un 30%; el conjunto de los directivos vieron aumentar sus ingresos salariales en un 14,3%; y los accionistas sus dividendos en un 72,4%. Por el contrario, los trabajadores vieron disminuir sus salarios en un 1,5%. De este modo ha sido posible que el pasado año la media de las retribuciones de los ejecutivos de las empresas del Ibex fuera 90 veces superior al salario medio de sus trabajadores; y el de los presidentes y consejeros delegados, 158 veces.»
Cuando se les pregunta por sus lujosos sueldos y por los multimillonarios planes de pensiones que blindan su futuro, los altos ejecutivos se encogen de hombros y responden que son precios de mercado. Lo son, sobre todo por la buena razón de que ellos mismos empujan al alza ese mercado restringido a un pequeño grupo de vendedores de humo. Por debajo de ellos están los ajustes, los recortes, las deslocalizaciones, las externalizaciones y otros instrumentos sobradamente conocidos y siempre aplaudidos desde los palcos de los ministerios económicos y las mesas de los consejos de administración de las instituciones de crédito.
Lo cierto es que la renta mínima universal, si finalmente se concreta después de las próximas elecciones, ensanchará notablemente el suelo de la pirámide salarial en nuestro país, pero no tendrá ningún efecto en el resto de los escalones. De modo que los salarios altísimos de la cúspide seguirán empujando hacia abajo a los escalones medianos e inferiores de la pirámide, arrimándolos cada vez más al nivel del salario mínimo interprofesional, por más que se suba este en algunos euros. Y si no hay novedades en relación con el empleo precario, a tiempo parcial, en prácticas, o en el resto de modalidades previstas en nuestra legislación reciente y sobradamente reformada, seguiremos teniendo una masa de fuerza laboral, compuesta sobre todo por jóvenes y por mujeres, que subsistirá con ingresos insuficientes para garantizar una calidad de vida digna.
Ese será el precio de poner parches llamativamente electoralistas a la situación (bienvenidos sean, sin embargo), pero no abordarla en toda su dimensión. Para esto último, será necesario derogar los sucesivos paquetes legislativos que han conformado la nefasta reforma laboral iniciada en el mandato de Zapatero y ahondada hasta extremos sangrantes en el de Rajoy. Plantear la negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores con participación necesaria y reglamentada del amplio pluriverso del trabajo. Y contar para todo ello, en mucha mayor medida, con la fuerza real y la proyección potencial de unos sindicatos baqueteados pero en trance de profunda renovación, y hasta de refundación.