El fiscal general del Estado ha dimitido, víctima, según todos los indicios, del mobbing gubernamental. El desencuentro venía de lejos, y Torres-Dulce había hecho varios intentos, desatendidos, de canjear su renuncia voluntaria por otra plaza profesional apetecible y menos expuesta a un desgaste veloz ante la opinión, desgaste susceptible de producirse tanto por exceso como por defecto de obediencia debida a las indicaciones del poder ejecutivo. Al final el fiscal general se ha ido sin compensación, por lo menos aparente. Son los efectos clásicos del mobbing en quien lo padece: una pérdida vertiginosa de autoestima, un deseo compulsivo de poner fin a la pesadilla a cualquier precio.
El mobbing o acoso laboral es una realidad floreciente en nuestra sociedad. En el Informe sobre el postfordismo confeccionado por Giorgio Cremaschi a partir de una macroencuesta realizada desde la FIOM en 2007 y comentado para nosotros por Javier Aristu, Máximo Blanco y Bruno Estrada, el 17% de los casi 100.000 encuestados afirmaba haber sufrido intimidaciones en el puesto de trabajo; en las empresas localizadas en las regiones del sur, el porcentaje se elevaba hasta el 20%.
El asunto parece tener relación con la exigencia de una devoción ilimitada de cada trabajador en particular a los postulados de producción o de calidad establecidos por la dirección de las empresas. El candidato perdedor a las elecciones recientes de la CEOE incluía en su programa un aumento de la parte variable del salario, en función de la productividad no global, sino considerada individualmente. Es decir, rebaja del salario base y complemento del mismo con una retribución variable en función no ya de resultados, sino de actitud individual del trabajador. No hay mejor definición posible de lo que significa y del alcance que puede llegar a tener la «intimidación en el puesto de trabajo».
Un muy buen amigo mío pasó por dos tentativas de suicidio antes de comprender que no era su trabajo ineficiente lo que saboteaba los programas productivos de la empresa en la que trabajaba, sino que la dirección quería por todos los medios quitarle la silla de debajo de las posaderas para ahorrarse un salario alto y una antigüedad considerable. Una baja por larga enfermedad solucionó el asunto a satisfacción de ambas partes.
El acoso laboral no tiene ninguna relación con el nuevo paradigma de la producción; deriva más bien de ese neoautoritarismo rampante que se regodea en el abuso de poder, en la humillación al inferior, en la falta de respeto sistemática a la profesionalidad y a la dignidad de las personas. Un ejemplo clásico de mobbing fue el sufrido por Íker Casillas a manos de José Mourinho. También, como en el caso de mi amigo, se alegó un descenso acusado del nivel deportivo del guardameta, escasa aplicación en los entrenamientos, esfuerzo insuficiente. Lo que había en realidad era una gestión de la plantilla en la que el ascendiente del capitán sobre sus compañeros y su negativa a exacerbar el odio a los rivales deportivos no encajaban con los planes del entrenador.
En los departamentos de personal de las empresas hay muchos Mourinhos. Ellos contribuyen a esa «corrosión del carácter» que afecta a las sociedades modernas, socavadas en aquello que es el fundamento primero de la dignidad del ser humano: su relación con el trabajo, su esfera de autonomía, su capacidad de invención y de innovación.
Ahora la misma fórmula desintegradora se está utilizando con los distintos estamentos de la administración de Justicia de nuestro país, una parcela en teoría independiente de la acción del Ejecutivo. Garzón fue condenado, Torres-Dulce ha dimitido y a Ruz se le está colocando por procedimientos administrativos en la rampa de salida.
Pero a la vista está, el problema no son nunca los Casillas, son los Mourinhos.