Un analfabeto político de cuyo nombre no quiero acordarme y que se adorna con el titulejo de “director de contenidos de La Vanguardia.com”, critica en este rotativo a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por haber impedido con la abstención de su grupo que la capital catalana pasara a engrosar un colectivo llamado AMI, Asociación de Municipios por la Independencia. Dice el tal que la alcaldesa “sigue sin mojarse” y que su actitud responde más a los principios de la vieja política que a los de la nueva.
Vieja política, en efecto: la de Montesquieu (El espíritu de las leyes), la de Condorcet, la de los padres de la democracia que fueron conscientes desde un principio de los límites obligados de actuación para quien ostenta un mandato representativo. Nueva política, la de la alcaldada; quien ha sido elegido representante de una comunidad la representa en bloque y para todo, incluso para aquello que no afecta a su mandato y sobre lo que existe una palpable división de opiniones entre sus representados.
El cogotazo dado por el plumífero a la alcaldesa responde a la lógica de las presiones nada disimuladas ejercidas desde ciertas instituciones para montar un constructo capaz de sugerir la existencia de una unanimidad esplendente donde existe en realidad una división profunda de opiniones. La AMI, que no responde a ninguna lógica social ni tiene más consistencia que un tinglado montado desde las adhesiones fervorosas de quienes militan en determinados estamentos cercanos al poder autonómico, es un componente más de ese juego de espejos. No se puede dar ninguna validez jurídica a la votación por la independencia en un ayuntamiento porque tal cosa significaría retrotraernos a una política no solo vieja, sino caducada de forma (esperemos) definitiva: la de la democracia orgánica. El consistorio no puede decidir por sus administrados en nada que no se corresponda con sus funciones estrictas. El libre albedrío sigue significando algo en este mundo, por viejo que sea el concepto y por muchos empujones nada cariñosos que reciba por parte de políticos y de periodistas “novedosos”.
Métanselo en la cabeza: ni el voto de los consistorios municipales, ni el de los diputados en un parlamento, sirve para estos casos. Únicamente vale el voto popular cuantificado con todas las garantías en un referéndum legal, pacífico y abierto a todos. No hay atajos hacia la independencia, en la medida en que los atajos lesionan derechos individuales de las personas, y los derechos de las personas son imprescriptibles y sagrados en democracia.
Es esa la razón por la que Ada Colau y su grupo municipal han tomado la única postura plausible que les dejaban. Se forzó una votación a todas luces improcedente y extemporánea. Puestos en el trance de votar por prescripción reglamentaria, los disconformes con la votación (lo estuvieran o no con el fondo del asunto), se abstuvieron. Su postura, impecable, ha provocado el enfado de CDC, de ERC, de la CUP y del director de contenidos de La Vanguardia.com. La situación dice más sobre las carencias democráticas de quienes critican que de los criticados.