Las ediciones digitales de los periódicos generalistas recogen hoy, con abundancia de textos e imágenes, la concentración de militantes independentistas en apoyo de Forcadell, que declara esta mañana en el TSJC. No aparece en ellas, en cambio, la asamblea seguida de manifestación convocada ayer tarde, también en Barcelona, por CCOO y UGT ante la sede de Foment para protestar por el sesgo antisocial de los presupuestos elaborados por el actual gobierno. No hay argumentos racionales que avalen la publicación de una noticia y la omisión de la otra; ni por el volumen de manifestantes, ni por la importancia y trascendencia del tema de fondo. El intríngulis está en otro lado: en la privatización de la información (bien público por excelencia), y en el sesgo interesado imprimido desde los despachos de medios y agencias informativas al fluir de la realidad.
Veámoslo en el Informe Anual de la Profesión Periodística, publicado ayer por la Asociación de la Prensa de Madrid. En base a una encuesta hecha a 1833 profesionales de todo el país, resulta que los niveles de paro en la profesión siguen siendo, a pesar de una cierta estabilización a partir de 2014, superiores en un 74% a los existentes en 2008, año del inicio de la crisis. Se reducen las plantillas y crecen los autónomos (tres cuartas partes de ellos forzados por las circunstancias; solo el 26% declara haber optado libremente por el trabajo freelance).
Nada muy diferente en sustancia a lo que está ocurriendo en otros sectores. Pero hay otro dato que resulta revelador: el 80% de los periodistas encuestados aseguran haber sido presionados “para alterar partes de su trabajo”. El mayor volumen de estas presiones (37,2%) ha venido de personas “relacionadas con la propiedad o la gestión del medio”. El 75% de quienes fueron presionados confiesan haber cedido a la presión. Un 53% de ellos lo hicieron por temor a las represalias (el porcentaje es significativamente superior en el caso de los autónomos). Y el temor no parece infundado: un 48,6% de quienes no cedieron a las presiones fueron relegados en la asignación de trabajos, y un 20% fueron sencillamente despedidos.
Es más, un 57% de los encuestados reconocen haber practicado la autocensura; dicho de otro modo, internalizaron las presiones presumibles antes de que se produjeran, e informaron, no con la franqueza y extensión que habrían deseado, sino solo hasta el punto al que se atrevieron a llegar.
Son datos que muestran que no estamos inmersos en la sociedad de la información, como nos aseguran los gurús, sino en todo caso en la de la “comunicación orientada”. Si solo existe aquello que se publica, según la prensa generalista yo no pude estar ayer donde estuve, porque aquello fue un no-lugar. Y si la calidad de una democracia se mide, como tantas veces se ha escrito en todos los tonos, por la libertad y la pluralidad de la información, tenemos aquí y ahora un serio problema.
La información: un tema concreto más en el que los monopolios se están comportando como una apisonadora con la sociedad democrática.