Ninguno de los dos candidatos se olvida de pedir a papá Estado la regulación concreta y severa de un peligroso elemento destructor de la convivencia que consideran deplorablemente extendido: el derecho de huelga
En apenas siete días van a tener lugar las elecciones a la presidencia de la CEOE. Los dos aspirantes al cargo, Juan Rosell y Antonio Garamendi, han expuesto en público sus respectivos programas, en cuya comparación, por cierto, no se perciben grandes diferencias. No se aprecia en este caso que uno de ellos proponga un tipo de medidas más conservadoras, y el otro apunte un talante más progresista o innovador. Lo que se lleva esta temporada es el pensamiento único, de modo que ambos programas exhiben ese sesgo inconfundible que marca la línea predominante no solo en nuestras organizaciones patronales sino por extensión en nuestros estamentos políticos acomodados y en los institutos internacionales más renombrados relacionados con la economía y las finanzas.
El empresario, se argumenta, tiene una función social esencial puesto que es él quien crea puestos de trabajo. En compensación a tanta beneficencia, debe dársele «más libertad» en cuanto a la organización concreta de ese trabajo que crea y de su retribución. Es imprescindible desregular la negociación colectiva. Las reivindicaciones de los trabajadores asalariados y sus sindicatos, y en general la situación en la que quedan aquellos dentro de la empresa, importan poco a estos efectos, y lo que puedan alegar es irrelevante puesto que ellos no crean los puestos de trabajo sino que los ocupan, son los “beneficiarios”. Desde su atalaya el empresario no percibe que sea preciso poner puertas al campo de «su» propia libertad porque esta pueda chocar con las libertades de otros. Ni que existan unas líneas rojas imposibles de traspasar sin perjuicios gravísimos para la contraparte. ¿No queremos puestos de trabajo? Pues ahí van puestos de trabajo: con más flexibilidad de jornada, más movilidad funcional, más horas extra, y un peso mayor de la parte variable de la retribución, en función de objetivos. Lo que quiere decir ligar los salarios a la productividad. Pero atención al matiz que introduce Garamendi: a una productividad no solo de la compañía en su conjunto sino particularmente de cada puesto de trabajo. (Explíquenme ahora cómo se cuantifica en los resultados de una empresa la productividad personal y particular de cada uno de sus trabajadores asalariados. Dicho de forma cruda, lo que está proponiendo el aspirante a Gran Patrón es institucionalizar el mobbing.) Ambos a una piden, además, más (¿más?) contratos temporales y a tiempo parcial, más (¿más?) facilidades para el despido, y más rebajas de impuestos y de cotizaciones. Garamendi de nuevo no quiere quedarse a medias y pide que se rebajen los costes «laborales, fiscales, energéticos, sociales o de cualquier otro tipo.»
Uno puede preguntarse en dónde queda la pretendida función social del empresariado si se aceptan todas esas exigencias. O yendo un poco más lejos, qué entiende la cúpula de los empresarios por «sociedad». La estamental del Antiguo Régimen, posiblemente. La de antes de las revoluciones burguesas y de la puesta en circulación como moneda corriente de conceptos tales como los de ciudadanía, democracia, igualdad y constitución.
En esa orgía desreguladora se diría que aflora un nuevo adanismo: que tanto Rosell como Garamendi conciben al empresario como un hombre de espíritu pionero, en lucha con la naturaleza salvaje, abriendo senderos en la jungla virgen, solos él y su estrella errante en medio de peligros y asechanzas.
No es así. Ninguno de los dos candidatos se olvida de pedir a papá Estado la regulación concreta y severa de un peligroso elemento destructor de la convivencia que consideran deplorablemente extendido: el derecho de huelga.