miércoles. 24.07.2024

Los derechos humanos ya no son universales

El gobierno británico de Theresa May va a obligar a las empresas a declarar el número de extranjeros a los que dan empleo. La idea se plantea como una medida de presión, y lo que se trata de evitar es que un inmigrante ocupe un puesto de trabajo que podría desarrollar un ciudadano británico. También se tiene intención de restringir la matriculación de estudiantes extranjeros en las universidades. Solo los «más brillantes y mejores» accederán al privilegio de estudiar en las aulas británicas a partir de la desconexión con la Unión Europea, prevista para marzo de 2017.

Han pasado muy pocos años desde que se derribó el muro de Berlín y cayó el denominado “telón de acero”, y no paramos de levantar nuevos muros, solo que ahora no son considerados ominosos, y se tiene buen cuidado de utilizar nombres distintos para designarlos. (No siempre; ahí está el muro muy físico y disuasorio que Donald Trump amenaza con levantar, si es elegido presidente en noviembre, a lo largo de toda la frontera de Estados Unidos con México.)

La globalización imparable de los mercados de capitales implica la libre circulación de las mercancías y la radicación libérrima de las empresas bajo banderas de conveniencia allá donde encuentran legislaciones amigables para aliviar sus obligaciones fiscales; pero de forma paradójica, bajo el nuevo paradigma cada vez son mayores las restricciones a la circulación de las personas. Ahora resulta que van a ser patrimonio exclusivo de la nación, no ya los medios de producción, atrincherados en el sancta sanctorum de la propiedad privada, ni la riqueza material que dichos medios generan, que es una riqueza transnacional e ilimitada; sino la designación de las personas que han de ocupar los puestos de trabajo.

El mismo Estado que ha renunciado a buena parte de sus viejas prerrogativas en el campo de la economía, a fin de poner en manos del capital privado la generación de empleo inyectándole dineros públicos recaudados predominantemente de las rentas del trabajo, ahora se dispone a retomar las riendas en la precisa cuestión del trabajo. No para establecer garantías contra los abusos del dador de empleo en las condiciones laborales en el interior de la empresa, conviene aclararlo. La organización interna de la producción seguirá siendo un ámbito exclusivo de la privacidad del empresario. Lo que será público en cambio, y se exigirá rendición exacta de cuentas sobre ello, será el derecho preferente de la nacionalidad propia sobre todas las restantes, en la composición de la fuerza de trabajo asalariada. Ningún puesto de trabajo susceptible de ser ocupado por un nacional podrá ser ocupado por un inmigrante.

Pasa en Gran Bretaña, pero también en Hungría, en Polonia, en otros lugares con otras formas sutilmente diferenciadas en el detalle pero coincidentes en el fondo. También en España, con tintes sofocados de racismo y de sexismo. Así viene a deshilacharse la explosión de libertad que representaron en su día el derribo del Muro por antonomasia, y el sueño de la unidad europea puesto en pie por una generación de soñadores que supieron ver, más allá de aduanas, de muros y de alambradas, la igualdad radical de derechos entre personas de raza, sexo, cultura, religión y condición social diferentes.

Los derechos humanos ya no son universales