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sábado. 28.01.2023

Hasta aquí hemos llegado

En España hemos llegado “hasta aquí”, y ese “aquí” no es una situación agradable. Pero no está tan claro como en Grecia que exista un propósito de enmienda mayoritario...

Hasta aquí hemos llegado” es el título de la última novela del escritor griego Petros Márkaris. Es también una síntesis ajustada de la situación que vive el país helénico, y del propósito firme que anima a una mayoría consistente de ciudadanos griegos, de enderezar una situación de gravedad extrema frente a todos los obstáculos constatados y presumibles. Carmen y yo compramos ese libro ayer, y Carmen hizo la cola, en la Rambla de Catalunya, para conseguir la firma del autor. Incluso se hizo un selfie en el que Márkaris aparece en segundo plano en actitud de firmar.

También en España hemos llegado “hasta aquí”, y ese “aquí” no es una situación agradable. Pero no está tan claro como en Grecia que exista un propósito de enmienda mayoritario.

Por ejemplo, los sindicatos CCOO y UGT llegaron el mes de julio pasado a un acuerdo con el gobierno dirigido a paliar el peligro real de exclusión social de muchas personas. El censo de parados se acerca en nuestro país a los 5,5 millones de personas. Estamos hablando de población activa, es decir mayor de 16 años y menor de 65. La cobertura del paro alcanza a un 55,7% de esa cifra, y las rentas autonómicas de inserción, allá donde existen, alargan la cifra a un 5,48% más.

Los cálculos de los dos sindicatos indican la existencia de 1,8 millones de hogares con unos ingresos inferiores a los 6.000 euros anuales. Ahora hablamos de población total: la precariedad no alcanza solo a los empleos, sino a niños que van a la escuela en ayunas, a mayores que se atrincheran detrás de sus enseres contra una papela judicial de desahucio.

El gobierno se comprometió ante los sindicatos a elaborar en un plazo de 6 meses un mapa de prestaciones para ese colectivo en peligro, y llevarlo a una nueva mesa de negociación. El plazo fijado acabó el pasado mes de febrero, y el mapa gubernamental sigue en el limbo de las buenas intenciones incumplidas.

CCOO y UGT, por el contrario, no han dejado que un manto de tiempo perdido cubriera dulcemente el problema. Han presentado en el Congreso una ILP (iniciativa legislativa popular) para constituir una renta mínima de 426 euros mensuales destinada a parados de larga duración, sin subsidios y en búsqueda de empleo. Los beneficiarios directos serían unas 300.000 personas; los beneficiarios potenciales, 2,1 millones; el coste del rescate ascendería a 11.000 millones de euros, un 1% del producto interior bruto.
Se trata de un rescate, en efecto. Quien diga que no es posible dada la situación económica del país, que explique por qué razón sí fue en cambio posible el rescate de la banca, con un coste enormemente superior. Hasta aquí hemos llegado.

Pero falta ver cómo acogen los parlamentarios de la oposición, de todas las oposiciones, la propuesta de los sindicatos. Cómo la recogen aquellas opciones políticas que aspiran a ocupar un lugar visible y consistente en el futuro de este país, del “aquí” al que hemos llegado. Falta ver cómo airean esa propuesta modesta de renta mínima de inserción, cómo la popularizan, cómo la defienden.

Se trata de un tema que no puede esperar a las elecciones generales. Será demasiado tarde para una porción difícil de determinar de esos dos millones largos de personas que malcomen, malviven y ven degradarse su entorno y sus expectativas de día en día. La ILP está ya presentada en el Congreso de los Diputados. Ahora se trata de forzar la máquina y acelerar el debate en torno a sus contenidos.

Está muy bien discutir sobre la corrupción y exigir las explicaciones que los implicados deben sin la menor duda a la cámara, pero la agenda política debe marcar prioridades e imprimir urgencia a los grandes temas cuando procede. Si no lo hace así, ni es agenda ni es política.

Hasta aquí hemos llegado