viernes. 19.04.2024

Rajoy: dicen que no dijo nada

Dicen que no dijo nada, qué durante la sesión de investitudara no sé mojó, que no se sabía si subía o si bajaba, que fue moderado, ambiguo y calculador.

Dicen que no dijo nada, qué durante la sesión de investitudara no sé mojó, que no se sabía si subía o si bajaba, que fue moderado, ambiguo y calculador. No sé por qué razón, a este hombre que obstruyó todo lo que de bueno se intentó construir durante los mandatos de Zapatero, la prensa oficialista lo quiere convertir en un perfecto demócrata y en un equilibrado político, incluso en un émulo de Emilio Castelar. Y es que debemos vivir en planetas diferentes.

Mariano Rajoy leyó un discurso que le habían escrito con suma delicadeza Pedro Arriola o alguno de los miembros de la FAES, quién sabe si su ministrable Fidalgo. Pero pese a querer ocultar el detalle de los recortes y las contrarreformas –llamemos a cada cosa por su nombre-, es evidente que no lo consiguieron. En primer lugar, el hombre aparentemente indefinido que es Rajoy, hizo un discurso de marcado carácter nacionalista castellano, ignorando que España es un Estado plurinacional que en absoluto se identifica con Castilla ni con el brazo incorrupto de Teresa de Ávila. Dentro de la línea recta inmodificable del reaccionarismo castellano, este señor de Compostela volvió a confundir al Estado español con la visión que de él tenían los que nos obligaban a levantar el brazo, pero allá él y los suyos, los excluyentes de cualquier tipo no tienen futuro, están abocados al más absoluto de los fracasos.

Pero con ser esto grave, el futuro Presidente del Gobierno, dejó caer una propuesta –muy meditada en el seno de su partido y de la banca- que supone la más grave amenaza que se ha hecho en los últimos tiempos contra los derechos sociales de los españoles: Tener en cuenta toda la vida laboral para determinar el monto de la pensión que recibirá el trabajador. Puede que eso pasara desapercibido, pero la medida es de tal gravedad que, si no se impide del modo que sea, su puesta en práctica, supondrá inevitablemente la conversión del sistema público de pensiones en un sistema de beneficencia puesto que calcular la pensión considerando 35 o 40 años de vida laboral, no dará más que para comprar “unos chuches”. Y no es una casualidad ni algo que se le escapara por entre la comisura de los labios, es algo, como hemos dicho, meditado por su partido, la CEOE y la banca, una fórmula para inventar una nueva burbuja que saque a los bancos de la situación de quiebra técnica y real en que se encuentran desde su irresponsable inmersión en el ladrillo. Desde la Tribuna presidencial, Rajoy invitó a los futuros pensionistas a que vayan abriéndose un plan de pensiones en el banco más próximo, a que confíen en la banca que nos llevó a la ruina, a que traspasen los fondos del sistema público de pensiones al sistema financiero, lo que, en nuestra opinión, no es más que un atentado contra los derechos ciudadanos más esenciales, contra el derecho a una vejez digna y contra todos los servicios públicos, a quién Rajoy parece responsabilizar de una crisis en cuya gestación y digestión nada, absolutamente nada tuvieron que ver. Quedó muy diáfano para cualquier persona normal que el objetivo en materia de pensiones del discípulo de Fraga y Aznar, no es otro que copiar el desastroso modelo de pensiones norteamericano, que consiste, ni más ni menos, en que tendrá pensión digna sólo y exclusivamente aquél que pueda pagársela, para los demás, limosnas y rastrillos navideños, que la vida es un valle de lágrimas y a ti te encontré en la calle.

Y dijo más, no sé quedó ahí, que ya habría sido suficiente para una movilización general de la sociedad ante la supresión de su futuro. Fue más lejos. Anunció, entredientes, la disminución de la ESO y el alargamiento del bachiller a tres años. En absoluto vemos mal que se alargue el bachiller a tres años, y si se hace a cuatro, mejor todavía, pero como ya expresó su partido en las negociación de la reforma educativa con el exministro Ángel Gabilondo, se trata de quitar un año a la ESO para añadírselo al bachiller, es decir sacar del sistema educativo a los quince años a aquellos chavales que tengan dificultades o, por uno u otro motivo rocen la exclusión. Vamos limpiar la escuela, el instituto y la universidad de personas que no sean excelsas o no tengan pedigrí, que para los excluidos se creará una camino alternativo que llevará a una vía muerta, a los minitrabajos o a los contratos de aprendizaje eternos, es decir, a la esclavitud. No hay nada nuevo sobre el mar, se trata del arriba y debajo de toda la vida. Por otra parte, anunciar una reforma de ese tipo del sistema educativo, despidiendo a profesores, convirtiendo a los que queden en una especie de cuerpo parapolicial y disminuyendo los presupuestos educativos, no es otra cosa que invitar, una vez más, a los ciudadanos a llevar a sus hijos a los centros clericales concertados o privados, para los que, tal como se hace en Catalunya, Madrid o Valencia, siempre habrá buenas subvenciones y desgravaciones fiscales. Se trata, en conclusión, de adoptar para todo el Estado el modelo impuesto en la Comunidad de Madrid por Esperanza Aguirre, una persona desde siempre interesada en elevar el nivel cultural y educativo de los españoles como Cayetano Martínez de Irujo, aunque en este caso ni con todo el sistema educativo finlandés, el más humano y eficaz del mundo, a su disposición se le habría sacado punta. Caso perdido, desahuciado.

Por último, ese soniquete reiterativo en torno al adelgazamiento de las administraciones, a la responsabilidad del gasto público en la crisis, a la culpabilidad de los funcionarios gandules –recordemos que España es junto a Portugal y Grecia el país con menos funcionarios de la UE y que su sueldo medio es de 1200 euros- va en la misma dirección: Reducción de plantillas, rabaja de sus emonumentos y derechos, precarización del trabajo en la Administración –lo que sin duda aumentará la inseguridad jurídica de los ciudadanos: un funcionario mal pagado, vilipendiado y en precario, no es buena cosa- y externalización de servicios, que quiere decir que muchas de las tareas que desempeña la función pública, pasarán a ser realizadas por empresas de amiguetes movidos sólo y exclusivamente por el afán de lucro.

Ahora sí, Rajoy no dijo una palabra sobre la desaparición de ETA, como si ese final tan deseado hubiese sido cosa de magia o de su contubernio con la AVT en las manifestaciones de las calles de Madrid. Nada tampoco de la corrupción que asola a comunidades como la balear o la valenciana, en las que sus hombres lograron a base de chanchullos cargarse cajas de ahorros que antes tenían una solvencia de primera clase y emporcar la vida pública y privada hasta hacerla irrespirable.

En fín, como pueden ver ustedes, Mariano Rajoy no dijo nada en el debate de investidura. Desde luego podía haber sido peor, además de todo eso y de la revisión de los convenios colectivos para hacerlos inútiles, pudo haber desvelado el final de la última película de Tom Cruise, lo que nos habría dejado rotos para la eternidad, esa que tanto quieren que amemos porque en ella encontraremos la paz de los justos.

Rajoy: dicen que no dijo nada
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