miércoles 11.12.2019

Los inmigrantes ilegales pagan la sanidad que se les pretende retirar

El Gobierno de Rajoy pretende de dejar sin derecho a la asistencia sanitaria a los colectivos de inmigrantes sin permiso de residencia, por lo que este colectivo social deberá suscribir unas pólizas, a los que eufemísticamente llaman convenios similares a los de los seguros sanitarios privados, si quieren recibir atención sanitaria.

El Gobierno de Rajoy pretende de dejar sin derecho a la asistencia sanitaria a los colectivos de inmigrantes sin permiso de residencia, por lo que este colectivo social deberá suscribir unas pólizas, a los que eufemísticamente llaman convenios similares a los de los seguros sanitarios privados, si quieren recibir atención sanitaria.

Como consecuencia las personas menores de 65 años deberán pagar 710 euros al año (60 mensuales) y los mayores de esta edad 1.864 euros anuales (155 al mes). Sin embargo ni siquiera todos ellos podrán acceder a este convenio dado que pare ello deberán cumplir dos requisitos: llevar al menos un año empadronados en España y no ser beneficiarios un sistema de sanidad pública, por lo que previsiblemente serán solamente unos 150.000 las personas extranjeras afectadas. La propia memoria económica del proyecto reconoce que estas medidas no tendrán impacto económico significativo sobre la financiación sanitaria.

Para hacer frente el rechazo social y profesional que supone dejar sin atención sanitaria a personas recurriendo a un argumento técnico-burocrático, ilustres responsables del Gobierno y del Partido Popular están lanzando mensajes de que no es aceptable que los inmigrantes sin papeles reciban atención sanitaria ya que no contribuyen al sostenimiento del sistema, por trabajar en la economía sumergida o estar en paro. El mensaje, de un fuerte componente xenófobo y reaccionario, pretende buscar el apoyo a estas medidas de los sectores más golpeados por la crisis.

Sin embargo es absolutamente falso que los inmigrantes sin papales no realicen aportaciones económicas para mantener la sanidad pública, ya que la financiación sanitaria se realiza en gran parte con una serie de impuestos que gravan el consumo en las Comunidades Autónomas: 35% del IVA; y el 100% de los impuestos por el juego; los impuestos especiales que gravan el consumo de cerveza, alcoholes y bebidas derivadas y labores del tabaco; la matriculación de vehículos; el consumo de electricidad y el llamado céntimo sanitario por poner gasolina. Es decir los inmigrantes contribuyen al sostenimiento del sistema sanitario a través de los impuestos que afectan al consumo que realizan en su vida cotidiana, en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos, con o sin papeles.

¿Si los objetivos económicos no justifican esta medida qué es lo que pretende el Gobierno del PP con la misma?. A nuestro entender son fundamentalmente dos:

1. Introducir por la puerta de atrás los seguros sanitarios, acabando con el modelo de derecho a la salud vinculado a la residencias en el Estado comenzando por uno de los colectivos sociales más débiles política y socialmente

2. Generar un clima de xenofobia social y de rechazo a los extranjeros que facilite la puesta en práctica de estrategias para su expulsión o la pérdida de cualquier derecho social que limite su explotación laboral.

Se trata pues de una medida totalmente injusta e irrazonable desde el punto de vista sanitario y social.

Los inmigrantes ilegales pagan la sanidad que se les pretende retirar
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