Aunque no resulta creíble la supuesta concesión del Gobierno de Rajoy para una negociación sobre el curso de la economía, sí parece una oportunidad para los sindicatos entablarla. Por un lado se puede constatar que el Gobierno ha fracasado si su objetivo fuera la creación de empleo puesto que se han perdido más de 800.000 puestos de trabajo desde noviembre del 2011, llegando a la cifra récord de 6.202.700 parados según EPA; la deuda no ha disminuido sino que ha batido de nuevo un récord en la historia reciente de España, y el déficit real –contando la facilidad de crédito del MEDE- está en el 10% del PIB. Pero no es el problema del paro per se lo que le preocupa a Rajoy y sus secuaces dado que estos tipos consideran -¡que se jodan!, que diría el vástago de Fabra, el tuerto-, sino que el nerviosismo les ha llegado por las encuestas de opinión y de intención de voto, las cuales marcan ya una pérdida a la mitad de esa intención respecto a las últimas elecciones generales. Para el PP no hay 6.202.700 parados sino 6.202.700 vagos, pero lo del voto ya es otra cosa, porque no es casualidad la cercanía en el tiempo entre estas encuestas y el paripé que ellos pretenden de una supuesta negociación con patronal y sindicatos. Ya ha dicho el Presidente que quiere negociar pero que él no va cambiar, y la prueba de ello es que ha rehusado cualquier posible acuerdo en el Parlamento con el PSOE y el resto de los partidos. Han mentido tanto, han hecho tanto lo contrario de lo prometido, se han apoyado tanto en lo de la herencia recibida, que tendrían que volver a mentir y rectificar sobre sus propias mentiras y rectificaciones que ya están en un callejón sin salida. Pero el problema para el PP –no para el Gobierno, paradójicamente- es que no tiene nada que ofrecer a su electorado, que se aproximan las elecciones autonómicas y los barones están preocupados porque no pueden ofrecer ni humo, más si cabe si deben llevar a la práctica presupuestaria la política homicida de la reducción del déficit, la mal llamada de austeridad. Toda esta situación les da una oportunidad de oro a los sindicatos para intentar cambiar aspectos importantes de la política económica de Rajoy, aunque no tanto de los aspectos jurídicos-laborales del mercado de trabajo y del derecho laboral. Es verdad que los antecedentes de la negociación de los sindicatos sobre temas de política económica –dejando aparte la estricta negociación colectiva de convenios- no han sido muy afortunados dada la situación actual y el destrozo del Derecho Laboral que ha supuesto las reformas de Rajoy. Por ello creo que los sindicatos deben afinar en los planteamientos en la negociación, dejando tópicas e imposibles pretensiones sobre supuestos cambios de modelo, limitando las reivindicaciones a no más de una docena de puntos transcendentes y jerarquizándolos, porque no pocas veces la diferencia entre el éxito o el fracaso de una negociación está en la limitación, concreción y jerarquización de problemas y propuestas de solución. Como economista de izquierda señalaría los siguientes y por este orden:
1) El cambio de la política macroeconómica. Pasar de la reducción del déficit público como única meta a otra que ponga el acento en la demanda agregada. La reducción del déficit no nos ha traído la crisis porque esta ya empieza a gestarse desde antes del 2008, pero estas políticas de reducción iniciadas por el gobierno de Zapatero a partir de mayo del 2010 y profundizadas por el Rajoy en año y medio de gobierno –especialmente la subida del IVA- han provocado la entrada en una espiral contractiva de la que no salimos. Y el planteamiento que tienen los sindicatos para cambiar la línea del Gobierno es muy concreto: que debe haber el suficiente Gasto Público en este año –en general, en los momentos de entrada en la contracción- de tal manera que la demanda agregada de este año no se inferior a la del año pasado. El límite por arriba sería la inflación y sus expectativas, pero ambas no están en el horizonte. Los sindicatos pueden decir a Rajoy y sus secuaces que piensen que no tiene los mismos efectos económicos la reducción del déficit público si este se produce por un aumento de los gastos respectos a los gastos del año anterior que si se produce por una disminución de los ingresos fiscales, que es el caso español. Por más zoquete que sea Rajoy en temas de economía –por su lenguaje se desprende que no posee un celemín de conocimiento en esta materia- lo puede comprender. No basta siquiera con un plan, un gasto público para la creación de empleo pagando con nuestros impuestos la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social de 60.000 millones de euros en varios años, que es el propuesto conjuntamente por los gobiernos de Francia, Italia y España. Eso es insuficiente porque no se trata sólo de incidir meramente en la contratación laboral, sino de cambiar la política macroeconómica. De no llevar este cambio, nada de lo que se intente, por bien intencionado que parezca, tendrá éxito.
2) No hay que esperar a la recuperación del empleo para instaurar una renta básica para todos los ciudadanos y/o familias sin ningún ingreso, porque la creación de empleo neto significativo tardará en llegar varios años, varios años después de que la economía incluso crezca. La razón de ello es que la realidad de la crisis sí que ha propiciado un cambio de modelo, pero un cambio a peor desde el punto de vista del empleo. La construcción ha perdido más de la mitad del empleo directo e indirecto y no volverá a los niveles de 1996 en décadas, si es que llega alguna vez. El atraso español en la industrialización y en la investigación teórica y aplicada nos ha situado lejos de los tres grandes países europeos y eso hay que darlo por perdido. Pensemos que Francia –uno de los grandes- está perdiendo gran parte de su sector industrial a pesar del apoyo de sus administraciones. España será cada vez más un país de servicios, pero que con un cambio en las políticas de apoyo a la investigación puede tener algunos subsectores industriales con tecnología puntera. Eso sí, primero hay que echar a estos tipos que nos gobiernan en vista de lo que están haciendo con los presupuestos destinados a la investigación. Hay dos sectores potenciales muy estimable de creación de empleo que son el Turismo y la Cultura en español. Ahí no se necesita mucha investigación y son sectores muy agradecidos en la creación de empleo porque la tecnología no puede aumentar apenas su productividad (el aumento de productividad, aunque a veces imprescindible, tiene el enorme defecto de ser, de facto, destructora de empleo). Pero mientras todo esto ocurre y se propicia, los que no tienen ningún ingreso tienen que comer y dormir bajo techo, y no pueden esperar. Además las rentas destinadas a los que no tienen otras fuentes de ingresos son muy agradecidas porque todas ellas van destinadas al consumo, que es el principal componente de la demanda agregada y que ha bajado un 8% en poco más de un año. Como se ve, no se trata de dar argumentos éticos y humanitarios –que al PP y su Gobierno hay que presuponer que les importan un bledo-, sino de argumentos económicos que facilitan el sostenimiento de la demanda agregada de acuerdo con el primer criterio expuesto.
3) Se necesita una solución para el tema de los desahucios. No es suficiente la dación en pago, suponiendo que se consiguiera. Es un paso la expropiación temporal a los bancos llevada por el Gobierno andaluz, pero no es suficiente por la propia temporalidad. Por otro lado es cierto que acabar con el mercado hipotecario por decreto-ley supondría un extraordinario encarecimiento del crédito; más aún, supondría la finalización de la oferta del crédito hipotecario por parte de los bancos, además de un prejuicio extraordinario en lo inmediato que luego tendríamos que resolver con nuestros impuestos (véase el caso Bankia y los otros dos bancos nacionalizados). La solución es inevitable: pasa porque las distintas Administraciones se hagan con un parque de viviendas para este fin, para su alquiler en función de las rentas de los inquilinos desahuciados o gratis en el caso de que sólo dispusieran de una renta mínima (sea contributiva, no contributiva o de inserción). Se le puede dar muchas vueltas al asunto, pero esa es la solución menos mala de todas las que se han ensayado en Europa y por eso sobrevive. Es verdad que ideológicamente esta solución es la más alejada para el gobierno de Rajoy y de gran parte de sus votantes, pero no hay otra.
4) Aumento de la recaudación mediante la lucha contra el fraude fiscal y de algunas modificaciones del sistema fiscal. La lucha contra el fraude es el mejor test de la eficacia de un gobierno porque aquélla no depende de lo económico. Es factible siempre, aunque difícil. Todos los estudios indican que el nivel de fraude fiscal estaría como mínimo en un torno de 60.000/70.000 millones de euros. Ello es coherente con más de un 20% de economía sumergida y con ingresos fiscales superiores a los 350.000 millones. No se trata de exigir el acabamiento del fraude de un año para otro, pero sí al menos del 50% en una legislatura. Dicho de otra forma, que nuestro nivel de fraude esté en la línea de Francia o de Alemania, aunque lo deseable y por lo que ha que luchar siempre es por su reducción a cero. Obsérvese que con esta mitad, es decir, con 35.000 millones de euros de nuevos ingresos fiscales supondría la reducción de casi el 3,5% del déficit sin necesidad de reducir el gasto público, respectando siempre el primer criterio expuesto sobre la demanda agregada. Algunos cambios concretos son también necesarios, como es el de la eliminación de las desgravaciones y deducciones en el Impuesto de Sociedades. Me remito a lo expuesto por el magnífico artículo Otra fiscalidad es posible de Manuel de la Rocha Vázquez y Alberto del Pozo Sen en el libro colectivo No es economía, es ideología. Que lo estudien unos y otros; también la recuperación para la Administración Central de los impuestos sobre el Patrimonio y los de Donaciones y Sucesiones. No es de recibo que el tipo efectivo medio de el de Sucesiones sea menor que los de las rentas del trabajo en el IRPF. Me parece acertada la propuesta del PSOE de asegurar un tipo medio en el de Sociedades en el caso de que el efectivo sea menor. A más plazo sería necesario un cambio total del sistema impositivo porque España es el único país de los grandes de Europa en el que no se produce una redistribución de la renta más igualitaria después de la recaudación y gasto público que antes (según datos de eurostat), lo cual raya en lo ridículo. Pero eso es una tarea a otro plazo y con gobiernos de otra índole ideológica.
5) Es necesaria una banca pública en España destinada a las pequeñas y medianas empresas, para la inversión real y la investigación, tanto teórica como aplicada. El ICO actual no cumple ni de lejos esa necesidad, ni por su peso el en crédito total ni por dedicación. Una banca pública debiera ser siempre complementaria de la privada, pero de tal tamaño que permitiera mantener una senda de crecimiento del crédito que evitara la recesión económica. Al menos que evitara que las PYMES tengan que cerrar por falta de crédito y no por falta de demanda. Para 47.000.000 millones de habitantes de España con una sucursal cada 200.000 habitantes serían necesarios 235 sucursales. Para cubrir poblaciones de menos de 200.000 habitantes se necesitarían algunas más. En todo caso con 400 sucursales serían suficientes. Sus servicios bancarios se reducirían al mínimo, y los clientes de pasivo serían sólo los que lo fueran de activo. La captación de recursos vendría dado por el interbancario y por la demanda de crédito al BCE. Y si ello no fuera suficiente, se obligaría a la banca privada a prestar dinero a la banca pública a un precio menor de el de mercado, pero de tal forma que este crédito obligatorio fuera inversamente proporcional al crédito concedido a empresas y particulares por parte de los bancos privados. Ello supondría, por tanto, un aliciente para aumentar el préstamo de la banca privada. No sería necesario un nuevo banco con nuevas sucursales: con la transformación del ICO sería suficiente y factible (me remito a mi artículo en Nueva Tribuna La creación de una banca pública en España).
6) Uno de los problemas de la economía española es que su salario mínimo es muy mínimo si lo comparamos, no ya con los países nórdicos europeos, sino con los grandes países europeos que lo tienen. El salario mínimo tiene efectos económicos muy positivos: fidelizar al trabajador, aumentar su productividad, eliminar a los malos empresarios, a los meros especuladores, sostener el Consumo, obligar a las innovaciones para competir en lugar de hacerlo por la vía de bajos salarios. El salario mínimo no debiera ser actualmente inferior a los 1000 euros. Pero hay algo que habría que cambiar y que los sindicatos nunca han propuesto y es la creación de dos salarios mínimos, según que el contrato sea temporal o indefinido, siendo más alto ¡el del temporal! Con ello los empresarios se encontraría con dos alternativas reales: contratos temporales más caros, pero más baratos en el despido, y otros –los indefinidos- más baratos en lo mensual, pero más caro en el despido. Esta sería una forma de acabar gradualmente con la dualidad de los contratos en España y la escasa contratación indemnidad en relación a la temporal porque también podrían graduarse año a año la diferencia cuantitativa entre ambos. Las patronales tienen in mente el llamado contrato único, que aunque lo llaman indefinido jurídicamente, es temporal porque la diferencia entre uno y otro está en los costes de despido.
7) Es natural que la inercia de la negociación y de la razón de ser de los sindicatos les lleve a poner sobre la mesa la marcha atrás de la reforma laboral del 2012 del gobierno del PP. Es verdad que ha supuesto una laminación de derechos laborales y que algunos cambios mínimos sería necesarios plantear, como por ejemplo el caso de los EREs. Sin embargo el empleo no va a crecer por meros cambios jurídicos-laborales, sino por cambios de política económica y por potenciar aquellos sectores de mayor relación empleo/inversión (o simplemente empleo/gasto), como son, por ejemplo, los señalados del Turismo, la Cultura en general y la Cultura en español, aprovechando que ya somos más de 400 millones de hispanoparlantes en el mundo y creciendo.
Cuando una de las partes –como es el caso del gobierno del PP- se acerca a la mesa de negociación por la sola necesidad de mejorar su imagen, las posibilidades de llegar a algo que merezca la pena es escasa, pero también influye lo acertado de los planteamientos de la otra parte. En la presente situación no es fácil que los sindicatos atinen con esos planteamientos porque deben, en mi opinión, superar algunos tópicos sobre los que han sostenido la negociación en el pasado y con escasos resultados; por ejemplo, han de anteponer la economía- la macro en especial- a lo jurídico-laboral, han de olvidarse del añorado cambio de modelo, han de aceptar la disminución del sector industrial sin vuelta atrás, etc. Es verdad que, a la postre, lo decisivo es la capacidad de movilización, pero, cuando esta no es suficiente, al menos han de ser acertados los planteamientos.