Los días 28 y 29 de enero varios diarios, en digital y papel, daban la noticia a la que hace referencia el título de este artículo. Por su parte, el último Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (CM) del año 2012 aprobaba transferir a la Universidad Complutense 21 millones de euros en cumplimiento de otra sentencia. En total se han logrado por la vía judicial más de 64 millones de euros. Esto no es poco y me siento muy satisfecho por lo logrado.
Las demandas judiciales de estas cantidades las hice en mi calidad de Rector y fui el único de todos los máximos representantes de la Universidad que lo hizo. Fue con motivo de los recortes que llevó a cabo la Comunidad de Madrid en septiembre de 2008 sin informar previamente a las universidades y sin que hubiera posteriormente una actitud negociadora. Se insistió en ello en repetidas ocasiones, por parte de todos los rectores de las universidades públicas madrileñas, pero tuvimos la negativa una y otra vez de la Consejera de Educación. Ante esa actitud impositiva y no negociadora es por lo que me encontré obligado a iniciar el camino de las demandas judiciales en solitario.
Hay que poner en conocimiento del lector que hasta 2008 las universidades públicas madrileñas y la Comunidad de Madrid habían venido negociando los contratos programas que tenían una duración de 4 años: a) financiación de gastos corrientes, en donde se incluyen las nóminas y b) financiación de inversiones. Los últimos contratos programas fueron firmados entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y los seis rectores, y se publicaron en el boletín oficial de la CM. Era, por tanto, un contrato que había que cumplir. La primera sentencia ganada por la UCM se basaba en el incumplimiento de sus propios presupuestos por parte de la CM y la segunda por no haber incorporado en los presupuestos el Acuerdo firmado sobre el contrato programa de inversiones. En suma, un incumplimiento del contrato firmado y publicado.
Estos contratos programas permitían un marco estable de financiación a las universidades en un periodo de tiempo determinado y una posibilidad de actuación con una perspectiva de futuro. En 2008 la CM unilateralmente rompió el acuerdo negociador que había presidido los años anteriores y lo cambió por la imposición. Los rectores manifestamos, en cada ocasión que nos reuníamos con la consejera y con la propia presidenta, que éramos conscientes de las dificultades por las que pasaba el país y la propia Comunidad por el desencadenamiento de la crisis. No queríamos ser insolidarios con otros sectores de la población ni con otras instituciones. La crisis genera muchos damnificados y hay gentes muy necesitadas de atenciones básicas. Hay a su vez servicios públicos esenciales como la educación primaria, secundaria e infantil, la sanidad, y otras prestaciones sociales que son fundamentales para las gentes que padecen privaciones, discapacidad o son dependientes.
De todo ello éramos conscientes, pero no cabe duda, que la Universidad es una institución fundamental para el desarrollo económico y social de nuestro país. Por eso reclamábamos una negociación y propusimos varias alternativas de respuesta ante la crisis que estábamos padeciendo y que se iba a agravar con el paso de los años, como así ha sido. Nos encontramos, sin embargo, con una negativa a nuestras propuestas y a la posibilidad de negociar. El camino de la demanda judicial era, por tanto, la única vía de preservar la defensa de los derechos que tenía adquiridos la Universidad Complutense y ante el nulo éxito que se consiguió con las movilizaciones.
Aprovecho también esta ocasión para señalar algunas cuestiones sobre el estado económico de la Universidad Complutense. Se ha mencionado reiteradamente por determinados medios de comunicación la deuda que tenía la Universidad de 150 millones en el último periodo de mi mandato, dato que por otra parte fue dado a conocer por mí, y se ha llegado incluso a decir sin ningún conocimiento de causa que he arruinado a la universidad. Algunos incluso llegan a afirmar con gran desconocimiento de lo que hablan que inicié mi mandato con la universidad saneada sin ningún tipo de deuda y he acabado tras los ocho años de mi rectorado con esa fuerte deuda. Considero que el haber ganado estas estas demandas cuestiona bastante de lo dicho, incluso por el Rector actual.
La situación de partida no era nada buena. El gerente expuso ante el Consejo de Gobierno y el Claustro, al final de mi mandato, el estado de la situación económica, sin que se produjeran intervenciones que lo cuestionaran. Uno de los aspectos más interesantes de ese informe, entre otros, es que cuando el equipo rectoral de Carlos Berzosa tomó posesión la Complutense tenía una deuda de más de 100 millones de euros, que se concretaba en cifras redondas en más de 40 millones a proveedores y en algo más de 60 millones a la banca con motivo de tener un crédito de ese monto con dos instituciones financieras. No es, por tanto, cierto, lo que tantas veces se manifiesta.
En este informe se señalaba que en términos absolutos se puede afirmar que la UCM no ha incrementado sustancialmente el endeudamiento en el periodo 2004-2011 debido a que ha pasado de una deuda total (financiera y comercial) de 136 millones en 2004 a 150 millones al final del mandato. Hay que tener en cuenta que en este periodo el presupuesto aumentó, por lo que el porcentaje de endeudamiento se mantuvo. En estos años, además, se produjeron sensibles mejoras para el personal docente, de administración y servicios, y becarios, tanto económicas, como de estabilidad en el empleo, así como en promoción, tal como expuse en el artículo “Más allá de las cifras” publicado en Tribuna Complutense y en Nueva Tribuna. Las propias cuentas de la Universidad a cierre de 2002 ya muestran un endeudamiento total superior a los 100 millones de euros si consideramos, además de las deudas con proveedores las derivadas del crédito financiero. Mi mandato se inició en junio de 2003.
Por otra parte, conviene destacar que la auditoría, que fue encargada por el Rector Puyol y cuyos resultados fueron dados a conocer en el principio de mi rectorado, señalaba que la Complutense padecía una situación financiera delicada. No hay, en consecuencia, ninguna prueba para señalar, como se ha hecho en repetidas ocasiones con mala fe o por desconocimiento, el que se pasara de una economía saneada a otra endeudada. La situación financiera globalmente considerada no ha empeorado cuantitativamente, aunque sí que había aspectos preocupantes que venían dados por los recortes. Estas sentencias considero que ponen las cosas en su sitio para la Universidad, al tiempo que dejan al descubierto la actitud tan negativa que ha tenido la CM contra las universidades públicas madrileñas.