jueves. 28.03.2024

¿Se trata sólo de un problema de fuerza política?

Los principales bloques económicos y el conjunto de la economía mundial dejaron atrás la recesión en 2010, siguen creciendo desde entonces y, si las cosas no varían demasiado, experimentarán tasas positivas de crecimiento en 2013 y 2014.

Los principales bloques económicos y el conjunto de la economía mundial dejaron atrás la recesión en 2010, siguen creciendo desde entonces y, si las cosas no varían demasiado, experimentarán tasas positivas de crecimiento en 2013 y 2014. Por el contrario, España y los otros países del sur de la eurozona encadenan desde el estallido de la crisis entre tres y cuatro años de decrecimiento, van a permanecer en recesión en 2013 y, si damos por buenas las previsiones que realizan las más importantes instituciones de prospección económica, tendrán que esperar a bien entrado el año 2014 para recuperar débiles tasas de crecimiento.

La pésima gestión realizada por las instituciones europeas y la desafortunada estrategia de salida de la crisis que aún se obstinan en aplicar no han hecho sino agravar una recesión y unos desequilibrios que no tuvieron su origen en el despilfarro o el endeudamiento del sector público ni se pueden atribuir a la molicie de las gentes del Sur o a su inclinación a vivir por encima de sus posibilidades a costa de sus vecinos del Norte.  

Para que los países periféricos encuentren la puerta de salida de la crisis no basta con resolver los problemas relacionados con la inestabilidad financiera, la escasa solvencia de sus sistemas bancarios o las evidentes debilidades e incoherencias del actual diseño institucional de la eurozona. Hay otras muchas tareas, tanto o más importantes, que deben ser emprendidas. Por ejemplo, fortalecer y modernizar los menguantes sectores manufactureros de las economías periféricas y, de forma paralela, impulsar un cambio en sus especializaciones productivas y exportadoras que disminuya la prominencia de los sectores, bienes y servicios que se caracterizan por su baja gama, escaso valor añadido y mínima cualificación laboral. Abordar los problemas relacionados con el progreso técnico, la innovación, la mejora del sistema educativo, la cualificación de la fuerza de trabajo o la renovación del aparato productivo. Y, como condiciones necesarias, lograr los recursos financieros y la autonomía política, sino el apoyo de nuestros socios comunitarios, para poder llevar a cabo esas transformaciones.

La experiencia de los últimos cuatro años y los importantes problemas y obstáculos económicos, políticos e institucionales aún pendientes de solucionar indican que la salida de la crisis no va a ser fácil, rápida o sin costes para la economía española. A la magnitud de las tareas mencionadas antes hay que añadir la dificultad que entraña la creciente heterogeneidad de las estructuras económicas (el abismo de desequilibrios productivos y macroeconómicos que ya separa al Norte del Sur) y un viciado escenario político que limita extraordinariamente la posibilidad de que la acción del Gobierno de España (ahora y antes) sea permeable a las reivindicaciones de la ciudadanía.

Algunos colectivos y analistas plantean diagnósticos que reducen la pluralidad de causas y factores que intervienen en la explicación de la crisis a un problema central y ofrecen una solución que, aseguran, podría arreglar todas las cosas: salir del euro o, en sentido contrario, emitir eurobonos; incentivar la actividad económica o, su envés, el decrecimiento y una austeridad consciente y libremente elegida; una Europa federal o, en dirección opuesta, un repliegue centralista de los Estados miembros; rechazar el pago de la deuda ilegítima y odiosa o, más simple e institucional, que el BCE compre de forma masiva deuda pública de los países periféricos.

En mi opinión, ninguna de esas propuestas o cualquier otra fórmula económica, política o ética puede esgrimirse como la solución o el remedio curalotodo. Más aún, ninguna de esas medidas está exenta de costes y algunas generarían más daños que los posibles beneficios que podrían aportar. No hay fórmulas mágicas ni atajos ideológicos o doctrinales que eviten realizar un diagnóstico riguroso de la crisis. Y, mientras se perfila y consigue impulsar el complejo proceso a largo plazo de cambio estructural, será imprescindible conseguir mayores niveles de movilización social para lograr en el corto plazo más protección social pública para los millones de personas que van a seguir paradas y corren riesgo de exclusión, un reparto más justo y equilibrado de los costes, sanciones adecuadas para corruptos y responsables del desastre, mayor control de la ciudadanía sobre instituciones políticas y más implicación de las políticas públicas con la voluntad expresada democráticamente por la mayoría de la sociedad.

Alcance y límites de la austeridad

A día de hoy, ni todo el mundo está en recesión ni todos los países aplican las medidas de austeridad en el gasto público que imponen las instituciones comunitarias. En realidad, los duros recortes que soportan algunos países de la eurozona son la excepción. Las políticas de austeridad extrema y devaluación interna que se están aplicando en los países del sur de la eurozona y de austeridad generalizada en toda la UE son una opción entre otras muchas. Una opción extremista que beneficia a unos países, actividades, grupos empresariales y sectores o clases sociales en grave perjuicio de otros.

Las dos únicas mejoras significativas que pueden observarse en la economía española corresponden al déficit público, que se reduce muy lentamente como consecuencia de fuertes recortes del gasto público que deprimen la demanda interna y reducen el crecimiento potencial, y al menor desequilibrio de las cuentas exteriores, conseguido más por la disminución de las importaciones derivada del retroceso de la demanda interna que por una mejora de la competitividad basada en la reducción de los precios. Sin ese retroceso de la demanda doméstica, la mejora de la balanza por cuenta corriente sería imposible. Dicho de otra forma, en ausencia de cambios modernizadores en la estructura de la oferta y las especializaciones productivas, cualquier impulso de la actividad económica ocasionaría un desequilibrio de la balanza comercial que acabaría ahogando el crecimiento. Insisto en este argumento por su importancia: unas medidas encaminadas a incentivar la demanda doméstica sin abordar en paralelo la modernización de la oferta productiva provocaría un aumento de las importaciones que conduciría a un desequilibrio insostenible de las cuentas exteriores y acabaría por ahogar el crecimiento económico y agravar los problemas estructurales de partida.

La estrategia de austeridad y devaluación interna no funciona ni permite recuperar los niveles de empleo y bienestar perdidos. Hay que precisar, no obstante, que la estrategia conservadora de salida de la crisis que se ha impuesto puede llevar a superar la recesión de las economías periféricas en 2014 y a recuperar una vía angosta de reducido y precario crecimiento de su PIB, pero a costa del empobrecimiento de una parte muy significativa de la población y el mantenimiento de altas tasas de desempleo. Está por ver que esa Europa fracturada y esas sociedades desiguales, injustas y empobrecidas que diseña la derecha europea puedan asentarse sin generar un rechazo masivo de la ciudadanía y conflictos sin fin que resulten tan perniciosos para la economía como para la imprescindible estabilidad política.    

Como es natural, no todos piensan de igual modo. La derecha europea y el pensamiento económico dominante que respalda la estrategia conservadora de austeridad creen que salir de la crisis consiste simplemente en consolidar las cuentas públicas, rescatar bancos y recuperar la rentabilidad de las empresas y que tal recuperación conducirá automáticamente a impulsar la inversión, el empleo y la demanda externa. No hacen falta, en su opinión, grandes cambios en la estructura productiva o el modelo de crecimiento. Tampoco, en un sistema político infestado por la corrupción en el que las elites económicas muestran tan enorme influencia en el poder político. Bastaría con lo que ya están haciendo: menos gasto público; menos presión fiscal a empresas y potenciales inversores; menos costes laborales; algunas reformas legales, a las que denominan estructurales, encaminadas a eliminar restricciones legales en el funcionamiento del mercado laboral y conseguir más libertad para las decisiones empresariales; ayudas públicas para abrir nuevos campos de negocio a la iniciativa privada y nuevas fuentes de ganancias. Y, durante algún tiempo, aguantar el chaparrón contra la corrupción política y el descrédito de los partidos y las instituciones. Parecen convencidos de que desde el momento en que aparezcan señales de reactivación y creación de empleo, por muy incipientes que sean, toda la indignación ciudadana se hará agua de borrajas.  

El amplio movimiento de oposición y denuncia ciudadanas de las estafas en las que descansa y se concreta la estrategia conservadora de salida de la crisis ha propiciado el surgimiento de formas efectivas de movilización social que son capaces de trabar recortes, impedir desahucios y limitar proyectos de privatización. Están permitiendo, además, clarificar los minoritarios intereses en los que descansan esas medidas y el erróneo e interesado diagnóstico que las sustenta.

Hay mucho que aprender del trabajo de los nuevos movimientos de protesta ciudadana. En primer lugar, del trabajo y la movilización propiciados por las plataformas de afectados (por las hipotecas, por las participaciones preferentes o, de forma más localizada, por el cierre de las urgencias médicas), colectivos específicos (marea blanca de sanidad o verde de educación) y fórmulas específicas de convergencia de organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y políticas (como la plataforma creada en Madrid para luchar contra la privatización del Canal de Isabel II)

Su labor ha permitido, con programas de mínimos y a ras de tierra (concretadas en consignas directas y sencillas como “Dación en pago” o “Stop desahucios”), activar a gran número de personas, llegar y convencer a una parte muy importante de la población y poner en la picota a grupos de enorme poder y autoridades políticas que hacían como si pasaran por allí y trataban de parecer totalmente ajenos al desastre que estaban ocasionando con las decisiones que respaldaban. Los apoyos sociales y simpatías conseguidos han llegado a ser, en algunos casos, prácticamente unánimes. Han promovido, además, cambios legislativos y de comportamiento que están modificando el tratamiento de esos problemas por parte de bancos, jueces, políticos y policías y han puesto al descubierto los agujeros más negros de la actuación del poder económico en connivencia con el poder político.

Este tipo de iniciativas muestran formas eficaces de reivindicar e impulsar cambios económicos, sociales o legales que pueden mejorar nuestro entorno y arreglar los graves problemas que sufren personas que están ahí al lado, aunque a veces no tengan cauces o fuerzas para expresarse. Cuando se encuentran fórmulas adecuados de participación y objetivos claros, la ciudadanía se activa, debate, se empapa de los problemas, presenta posibles soluciones y actúa.

¿Qué estrategia de cambio político?

Diversos colectivos y personas de izquierdas parten de unas discutibles premisas: los muy estrechos márgenes de actuación que permite la actual relación de fuerzas en Europa, las pequeñas diferencias existentes entre las políticas económicas que pueden aplicarse o la creciente gravedad de los riesgos de estallido social e indeseable desestabilización política. Y de tales premisas deducen una estrategia de cambio que circunscriben exclusivamente al terreno político-electoral. Piensan que la cuestión decisiva que requiere ser abordada  y solucionada en el tiempo que resta hasta las próximas elecciones generales es el ejercicio de una oposición tranquila capaz de atemperar el conflicto social y demostrar que pueden tomar el relevo de la derecha. Dicho de otra forma, parten de la existencia de un espacio sociopolítico que va a mantener su configuración en los próximos años y consideran que el deterioro de la situación socioeconómica que provoca la gestión de la crisis por parte del PP desgastará lo suficiente sus apoyos electorales para que, cual fruta madura, el PSOE, solo o en alianza con otras fuerzas, logre de nuevo la mayoría electoral.

En mi opinión, la crisis económica y la nefasta estrategia de austeridad impuesta están sometiendo a la sociedad y a los campos electorales a una enorme presión que extrema la inestabilidad de los espacios políticos y deteriora la representatividad social de las grandes opciones políticas, como se ha podido observar en las últimas elecciones celebradas en Grecia, Portugal o Italia. Por ello, me inclino a pensar que la cuestión que deben afrontar las izquierdas y los sectores progresistas que aspiran a frenar los recortes y ganar a la mayoría social a favor de una salida progresista de la crisis no es exclusiva o principalmente la de acumular fuerza política para poder aplicar unas medidas o un  programa económico que, supuestamente, ya existen. Las posibilidades de frenar y superar los recortes no están limitadas sólo por la ausencia de poder político, también por la realidad de una sociedad debilitada y la pobreza de los valores y las ideas de los grupos que aspiran a cambiar las políticas y estrategia imperantes.

Intentaré plantear el problema con más precisión. Resulta necesario construir una nueva mayoría social que, al tiempo que se desarrolla como mayoría, construye alternativas, afianza su autonomía, destaca nuevos valores y desarrolla otras bases para la convivencia social. Es evidente que, si quiere ser eficaz, esa nueva mayoría debe dotarse de una dimensión política y un alcance europeo; lo cual dice bastante sobre las dificultades de la tarea. Pero esa dimensión política de las nuevas fuerzas sociales que están emergiendo no necesariamente va a adaptarse a los viejos odres organizativos ni amoldarse a la división social entre izquierda y derecha que hemos conocido hasta ahora. Por lo que se ha visto, el desarrollo de la ciudadanía indignada se está realizando bastante al margen de las grandes estructuras partidistas preexistentes, cuando no en abierto conflicto con sus prácticas políticas; especialmente, cuando esas prácticas han coincidido en demasía y son consideradas por buena parte de la ciudadanía como responsables de la deriva económica y la corrupción política que nos ha conducido a la actual situación.

No es descartable que el PSOE cambie, realice la autocrítica imprescindible de su actuación como partido de gobierno, pueda reconciliarse con la realidad y con las fuerzas sociales e ideas emergentes y, finalmente, llegue a conseguir, de buena gana o a regañadientes, su apoyo electoral. Tampoco se puede descartar que el encastillamiento del actual equipo dirigente del PSOE en defensa de las políticas que aplicaron desde mayo de 2010 hasta su derrota electoral, una concepción demasiado estática de los espacios político-electorales conformados en las últimas décadas o la decisión de limitar la disputa política con el PP a los matices y el corto plazo aumenten la sangría de apoyos sociales que sufre en paralelo a la del PP y se concrete en una nueva derrota electoral.  

Al margen de lo que finalmente haga la dirección del PSOE y de sus repercusiones, lo esencial para alumbrar una salida progresista de la crisis es promover una sociedad viva, organizada, solidaria y crítica. Sin el avance de esa nueva mayoría social hay pocas posibilidades de frenar los recortes, aumentar la protección social pública que requieren millones de personas o lograr una hegemonía alternativa basada en la mayoría y en la expresión democrática de la voluntad de esa mayoría. La movilización de la ciudadanía también parece imprescindible para abrir nuevos espacios de acción política y ciudadana e impulsar la necesaria transformación de la izquierda política y sindical.   

Lo decisivo es que la movilización social permita afianzar la defensa de lo público y los valores solidarios y cooperativos y acierte a recluir el decaído prestigio de los valores mercantiles al ámbito exclusivo de las relaciones mercantiles. Es necesario recuperar el derecho y la capacidad de la sociedad para regular la economía en beneficio de las personas y en perjuicio de la irresponsabilidad política, social, económica o medioambiental que alimentan los mercados y más aún los mercados desregulados. Los intereses y necesidades de la mayoría deben prevalecer frente a dudosas libertades a enriquecerse, especular, despilfarrar recursos, deteriorar el medioambiente y los ecosistemas, perjudicar al prójimo y a lo público o asumir riesgos excesivos que conducen, cuando las cosas van bien, a beneficios particulares, y cuando las cosas van mal, a pérdidas colectivas. 

Es en el seno de un amplio y sólido entramado social donde cobra todo su sentido y puede consolidarse una estrategia progresista de salida de la crisis y un programa económico que den significado y contenido a la solidaridad con futuras generaciones, el medioambiente, los sectores sociales más golpeados por la crisis y las personas con las que compartimos parecidas incertidumbres, necesidades y pretensiones.

Es en la respuesta ciudadana a la estrategia conservadora de salida de la crisis y en la capacidad para trabar recortes y austeridad donde la izquierda se juega su futuro. Es en la tarea de apoyar y reforzar el movimiento social de indignación donde la izquierda va a contar con la inesperada oportunidad de renovarse y reinventarse. La participación activa y no condicionada de la izquierda en el desarrollo de un amplio movimiento social capaz de desbaratar la estrategia conservadora de salida de la crisis es el sustento imprescindible para cambiar la relación de fuerzas. Tal participación puede propiciar también cambios en la propia identidad de las izquierdas. Bienvenidos sean.

¿Se trata sólo de un problema de fuerza política?