Cuando el año 2015 estaba a punto de finalizar nos enteramos de que Ocasa (1), empresa constructora que formaba parte, en los inicios, de la UTE responsable de la construcción y gestión del Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC), debe a Hacienda casi quince millones de euros. En la lista de morosos, hecha pública por el Ministerio, figura esta empresa orensana, que tenía el diez por ciento de participación en la concesionaria, que hubo de vender al resto de la UTE, ante las presiones de la Xunta, por entender que podía “intoxicar” la financiación de la infraestrutura debido a su mala salud contable.
No es la primera vez que esta empresa es señalada por su actuación fraudulenta. Ya en 2011 Competencia sancionó con una multa de ocho millones de euros a cinco empresas gallegas, entre las que estaba Ocasa, después de investigar una red conocida como “el cartel del asfalto”. Fueron acusadas de acordar ofertas a la baja en concursos públicos para presentar licitaciones a las Administraciones públicas cómo empresas que competían entre sí, aunque en la realidad tenían un pacto para repartirse los contratos. Esta forma de proceder, tan poco edificante, es, por desgracia, muy frecuente en el mundo de la construcción.
Pero no sólo las empresas tienen una actuación impropia y fraudulenta. También la Administración, en este caso, realizó actuaciones cómplices que son, cuando menos, muy dudosas en cuanto a su legalidade. Bien sabemos que la contratación de obra pública debe someterse a las disposiciones del Tratado de la UE. Las normas europeas son muy estrictas en lo que respecta al uso de sus fondos, sobre todo en la posible utilización privada de los mismos. Ya contamos que la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de construir el nuevo hospital de Vigo no fue capaz de conseguir financiación pues las entidades bancarias tenían serias dudas sobre el proyecto. En este caso la concesionaria recibió ayuda del propio gobierno de Núñez Feijoo, que recurrió a un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Las empresas beneficiadas, que integran la UTE, son Acciona, Puentes y Calzadas, Veolia y Concessia. La mitad de la financiación para las obras vino del sector público, pues al crédito del BEI hay que sumar el préstamo de 30 millones otorgado por Axis, gestora de capital riesgo participada integramente por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Esta actuación, presuntamente impropia e ilegal (en el contrato figura de forma explícita que la financiación de la obra será por cuenta y riesgo de la empresa concesionaria), fue denunciada por la Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública (AGDSP) ante la Comisión Europea (2). Esta organización defensora de la Sanidad Pública denunció el incumplimento en el contrato de financiación y también la fórmula administrativa elegida -concesión pública-, cuando en realidad se trata de una colaboración público-privada. La denuncia ya fue admitida (3) a trámite por la UE en el mes de noviembre de 2015. El doctor José Emilio Santiago (AGDSP) destacó que este no es un trámite simbólico: "Se va a abrir un procedimiento de doce meses en el que la Comisión dará audiencia a la otra parte (gobierno de la Xunta) para que alegue y argumente, y nosotros como denunciantes tendremos acceso a esas alegaciones”. Posteriormente la Comisión examinará las argumentacións expuestas por una y otra parte y eso puede llevar a la apertura de un procedimiento de infracción o al archivo de la causa. Si abre un procedimiento de infracción, sentará las bases para proceder al rescate de la concesión. Pueden existir vulneraciones de partes esenciales del contrato y de los criterios de competencia: alteraron por completo las condiciones de financiación, no hay una transferencia de riesgos, y podría incluso hablarse de una ayuda ilegal del Estado. Ahora la Comisión Europea tiene la palabra.