La privatización de la gestión, las irregularidades y demoras en la construcción, las numerosas deficiencias del edificio, el abusivo cobro por el aparcamiento y por otros servicios del hospital: todos estos factores llevan a un descontento general de la población
Doscientas mil personas se manifestaron en Vigo el día tres de septiembre para expresar, en un grito colectivo, que el Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) - recién inaugurado y entregado a manos privadas para su explotación- no da respuesta a las necesidades de la población de la comarca. La privatización de la gestión, las irregularidades y demoras en la construcción, las numerosas deficiencias del edificio, el abusivo cobro por el aparcamiento y por otros servicios del hospital: todos estos factores llevan a un descontento general de la población. La muerte de una mujer ingresada, justo el día anterior a la manifestación (infectada por el hongo Aspergillus que, segun los expertos, debe tener una presencia nula en un centro hospitalario) provocó, además, una severa alarma social y profesional que las autoridades sanitarias no son capaces de atajar.
La conselleira Mosquera compareció en el Parlamento gallego el día 15 de septiembre; con la displicencia habitual negó cualquier deficiencia o irregularidad y afirmó que “este es uno de los centros más modernos de Europa, en la vanguardia tecnológica”. Afirma poder garantizar la seguridad del hospital y considera la manifestación como “irresponsable”. El portavoz de sanidad del PP, Miguel Santalices (un dinosaurio que vive en el Parlamento desde sus inicios), señala al Ayuntamiento de Vigo como causante de las deficiencias; el grupo parlamentario del PP utiliza su mayoría absoluta para vetar una investigación sobre el HAC y, en el colmo de los despropósitos, Núñez Feijoo utiliza el dedo acusador para señalar al gobierno bipartito como el responsable de la participación privada en el nuevo hospital de Vigo.
Niegan la realidad (la privatización, las demoras, las deficiencias, la presencia de gérmenes en los análisis) y señalan a otras instancias como causantes de los problemas. Este es el relato que pretenden imponer desde el gobierno de Núñez Feijoo, que es, sin duda, el principal responsable de este desastre. Pero la gente ya no está dispuesta a tragar más ruedas de molino. La realidad es tan evidente que no puede ser escondida. Porque lo cierto es que el gobierno 
progresista tenía -en el año 2009- aprobada y presupuestada la construcción de un hospital 100% público (que costaría 400 millones de euros, frente a los 1.300 del actual, y que estaría finalizado en 2013), que quedaría bajo dominio de la propia Administración sanitaria y sin hipoteca (el canon anual que tendrá que pagar la Xunta a la empresa adjudicataria durante 20 años).
Hubo numerosas irregularidades durante la construcción del edificio y las deficiencias conocidas son múltiples e inaceptables. Los recortes introducidos en el proyecto son más que notables: un 32% en las camas de hospitalización y en los quirófanos, más del 50% en el Servicio de Urgencias, y anularon el Laboratorio Central (lo que favorece a Unilabs, empresa que gestiona el Laboratorio Central de Galicia -y también el de Madrid-). Las consecuencias de todo esto son muy graves: la ostensible diminución de la oferta hospitalaria hace que el HAC no será capaz de dar respuesta a las necesidades sanitarias de la comarca, la sanidad pública queda grabada con una tremenda hipoteca y, además, la Administración pierde, por completo, el control de la sanidad en esa área, que pasa a ser dominada por la empresa concesionaria del HAC y por Povisa (de donde procede la Conselleira), que permanece como hospital de referencia para una parte importante de la población. La sanidad pública queda secuestrada por estas dos empresas, prevalece el afán de negocio por encima de las necesidades de salud de la gente.
Como dijo el doctor González Moreira, miembro de la Junta de Personal del área sanitaria, “en un país normal ya estarían cesados los responsables del desastre del nuevo Hospital de Vigo”. Porque en este proceso hay responsabilidades políticas evidentes. Serán los ciudadanos los que exijan respuestas. Pero también deberá actuar la justicia. El sindicato médico CESM presentó una demanda en la Fiscalía de Vigo contra el Sergas por la presunta responsabilidad en la muerte de la paciente ingresada en el HAC. Además la Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública (AGDSP) presentó una denuncia ante la Comisión Europea por entender que existen irregularidades en la tramitación y ejecución del proyecto (vulneración de directivas europeas, de la disciplina presupuestaria impuesta por el Plan de Estabilidad, de las normas de contratación establecidas para los proyectos financiados por el BEI y por actuaciones distorsionadoras de la competencia). La AGDSP considera que hay un claro incumplimiento del contrato y reclama,-igual que la totalidad de la oposición política- el rescate de la concesión para dominio publico. Pero el PP no cede en su empeño: el Sergas ya ordenó el reinicio del traslado para la próxima semana. Hay prisas: la concesionaria quiere comenzar a cobrar el canon pactado. Hay mucho dinero de por medio.