martes. 18.06.2024

La expropiación de derechos consolidados

La situacion que vivimos en los últimos diez años en España no es consecuencia de la crisis ni de la “herencia recibida”.

Hay un principio jurídico, de amplia aceptación entre los defensores de los Derechos Humanos, que prescribe la prohibición del retroceso social. Un libro de Christian Courtis (“Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales”) recoge una abundante documentación sobre esta materia. Entienden los juristas que las sociedades avanzan hacia delante y que los derechos y conquistas sociales deben considerarse irreversibles (el voto, la protección social, la educación, la sanidad, la jubilación, etc). Por esa razón los gobernantes deberían tener como deber principal de su actuación la continuidad y el avance de estas conquistas colectivas.

Pero no es así. Los actuales gobernantes, imbuidos por la ideología ultraliberal, son defensores de la llamada “teoría del derrame”. Esta teoría (presentada como una verdad científica cuando no es más que un cruel enunciado ideológico) defiende que los buenos resultados macroeconómicos dejan sentir sus efectos en los estratos más acomodados para, posteriormente, ir derramándose al resto de la sociedad. La experiencia no confirma este aserto; en realidad el vaso no acaba nunca de llenarse y aún menos de derramar su líquido. En Hispanoamérica, en los años ochenta y noventa, se enriquecieron los ricos, pero los pobres quedaron instalados en la pobreza. Ahora, en el sur de Europa, como consecuencia de la crisis económica, crecieron de manera obscena las grandes fortunas mientras hay un creciente porcentaje de población al borde de la miseria. Podemos recordar la Emilio Botín, pocos días antes de su muerte, anunciando enfático: “Nos entra dinero, nos llega dinero por todas partes”. Pero este enriquecemento, sin la intervención política, no se transforma automáticamente en desarrollo social.

La situacion que vivimos en los últimos diez años en España (los recortes, la restricción de derechos, la pérdida de protección social, el desmantelamiento de la sanidad y de la educación,la suspensión del derecho a la dependencia, etc.) no es consecuencia de la crisis ni de la “herencia recibida”. Es el fruto de decisiones políticas promovidas desde instancias internacionales (FMI, BCE) y aplicadas con crueldad por los gobernantes del Partido Popular que hacen recaer las consecuencias de la crisis sobre las clases más desfavorecidas y vulnerables, protegiendo y mejorando, mientras tanto, los intereses de los más ricos y poderosos. Caminamos así hacia un abismo social; nos llevan, sin que les tiemble el pulso, hacia un nuevo mundo feudal (como anunció Antón Losada en un libro reciente). Están procediendo a una expropiación programada de derechos que creíamos consolidados y devuelven la sociedad a una situación preconstitucional, con la justicia transformada en caridad y los derechos convertidos en beneficencia.

Para llevar a cabo esta política regresiva el PP empleó, de manera implacable, el rodillo parlamentario. Legisló, desde el acceso al poder en noviembre de 2011, mediante Reales Decretos Leyes (RDL), que van del Consejo de Ministros al BOE, sin pasar por el Parlamento. El artículo 86 de la Constitución dice que esta fórmula sólo debe emplearse “en casos de extraordinaria y urgente necesidad”. Esta herramienta legislativa tan poderosa (el Gobierno legisla directamente sin debate ni enmiendas en el Congreso), fue utilizada de manera compulsiva por el PP. En 2012 publicó un total de 26 RDL: un auténtico récord. Ahora, sin finalizar la legislatura, anda cerca de los ochenta. Se trata, con toda evidencia, de un fraude democrático, de una burla al Parlamento y a la propia ciudadanía.

Este fue el procedimiento utilizado para imponer el RDL 16/2012 (firmado por el rey cazador de elefantes) que, con todo cinismo, dicen que va dirigido a garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario cuando, en realidad, se trata de un atentado frontal contra el mismo (suprimió el derecho a la salud de todos los ciudadanos y recuperó la figura del “asegurado”, provocó la exclusión sanitaria de un millón de personas, impuso copagos abusivos y retiró de la cobertura sanitaria más de 400 fármacos). Ya lo conté en otra ocasión, pero hace falta recordar la cronología. Esta ley fue publicada en abril de 2012, a los tres meses de tomar posesión el gobierno de Mariano Rajoy. No es posible elaborar una ley tan compleja en tan poco tiempo. Así pues, este texto ya estaba escrito cuando, en la campaña electoral, prometían el contrario. Se trata de un engaño programado, una mentira colectiva con la que defraudan, sobre todo, a sus propios votantes, que le dieron la confianza para aplicar otras medidas (las que prometían) bien distintas de las que llevaban escritas en su “agenda oculta”.

Hace falta recuperar el dominio de lo público para impulsar otras políticas en beneficio de la mayoría social. Es urgente restaurar el control de los presupuestos para decidir cómo se recauda y para qué se emplea lo recaudado. Es necesario controlar el BOE para publicar leyes favorables al pueblo. En el mes de marzo la organización Médicos del Mundo presentó en el Parlamento de Madrid una propuesta para derogar este RDL cómo primera medida en materia sanitaria cuando haya un cambio de gobierno. Firmaron todos los grupos políticos excepto el PP y Ciudadanos. Ya sabemos con quien no se puede contar.

La expropiación de derechos consolidados