En abril de 2012, a los tres meses de ocupar el poder, el PP publicó en el BOE un Real Decreto Ley (RDL 16/2012), teóricamente orientado a garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, aunque, en realidad, se trataba de un atentado frontal contra el mismo. Esta celeridad del Ministerio, dirigido por Ana Mato, sólo se puede explicar de una manera: ese texto ya estaba escrito cuando, en la campaña electoral, pregonaban que nunca tocarían la sanidad, la educación y los servicios sociales. Estaba en su “agenda oculta” y recoge las medidas que querían imponer en sanidad (recortes y privatizaciones) cualquiera que fuese la situación heredada. Este RDL suprime el derecho universal de la ciudadanía a la sanidad y recupera las casposa figura del “asegurado” de los años setenta. Por tanto, las personas serán atendidas en cuanto coticen para conseguirlo: la salud deja de ser un derecho y se convierte en una mercancía que hay que pagar. Este RDL provocó la exclusión de cerca de un millón de personas de la cobertura sanitaria (inmigrantes), pero hay otros colectivos que se podrán ver afectados en el futuro.
Alfonso Alonso, entonces portavoz del PP, intentó justificar esta exclusión diciendo que era necesaria para evitar el colapso de las urgencias. Ahora, como ministro de Sanidad, utiliza el mismo argumento para todo lo contrario, ya que anunció que los inmigrantes excluidos podrán ser atendidos en Atención Primaria, aunque no recuperan el derecho a la tarjeta sanitaria. Esta tarjeta, con su Código de Identificación Personal (CIP) es imprescindible para poder “circular” por el sistema sanitario en sus distintos niveles, sin discriminaciones. Es como el DNI en la vida ordinaria: imprescindible para realizar cualquier trámite civil, administrativo o jurídico. Lo contrario es ofrecer una asistencia de segunda división, una atención de beneficencia, una prestación caritativa. Se trata, de nuevo, de una gran mentira, acuciados como están por las malas perspectivas electorales.
Para rectificar de verdad sólo hay un camino: derogar el RDL 16/2012, que provoca la exclusión y acarrea otros daños y perjuicios a todos los ciudadanos (copagos, retirada de fármacos u prestaciones, fragmentación de la cartera de servicios). Pero no lo van a hacer -como han reclamado recientemente todos los partidos excepto el PP y Ciudadanos-, porque esa ley es la piedra angular que utilizan para desmantelar el sistema sanitario público y generar espacios de negocio para las aseguradoras y empresas afines. Sólo les interesa generar beneficios privados a costa del presupuesto sanitario.
En un debate televisado sobre el tema escuché al representante del PP afirmar que no se podía devolver la tarjeta sanitaria a los excluidos porque “provocan mucho gasto sanitario en el exterior” que después hay que reembolsar. También afirmó que la medida había sido aprobada en el Consejo Interterritorial del SNS (CISNS), donde están representadas todas las Comunidades Autónomas. Nada de esto es verdad. Los inmigrantes no provocan mayor gasto sanitario (ni aquí ni en el exterior) ya que son, en su mayoría, personas jóvenes y sanas que vienen a trabajar y a ganarse la vida (y si los ilegales no tienen contrato no es por su decisión: es el contratador quién incumple la norma). Y el RDL nunca ha sido aprobado en el CISNS; ni siquiera, ha sido discutido en el Parlamento. Al tratarse de un “Real Decreto” fué remitido directamente al BOE por el gobierno del PP, tras ser firmado por el Rey cazador de elefantes.
Mienten. Mienten sin reparos y sin remordimiento. Porque, aunque también lo nieguen, esta ley ha provocado y provoca mucho sufrimiento a miles de ciudadanos con la salud precaria y con la angustia de carecer de medios para hacerle frente. No les importa. Sólo les interesa el negocio y cumplir las instrucciones del lobby empresarial. Cuando pase el tiempo electoral volverán, si no son desalojados del poder, con sus políticas de desmantelamiento del Estado de bienestar, con el saqueo de las arcas públicas.