domingo 08.12.2019

Desmontando la Sanidad pública: todo atado y bien atado

En esta campaña electoral los candidatos no hablan de la salud. Y deberían. El PP para informar de lo que ha hecho con los servicios sanitarios y los demás para pedir explicaciones.

En esta campaña electoral los candidatos no hablan de la salud. Y deberían. El PP para informar de lo que ha hecho con los servicios sanitarios y los demás para pedir explicaciones. La sanidad pública es un pilar básico del Estado de bienestar; desde que el PP accedió al poder ha sufrido el mayor ataque de su historia. En estos cuatro años han aplicado con rigor una estrategia destinada a desmantelar el sistema sanitario público para crear espacios de negocio a las empresas afines y a las grandes multinacionales del sector.

La primera medida en esta dirección la adoptó el PP nada más llegar al poder central. En abril de 2012 (tres meses después de la toma de posesión) publicó en el BOE el funesto RDL 16/2012 -lo que hace sospechar que ese texto ya estaba escrito cuando Rajoy prometía en los mítines que no tocaría la sanidad ni las pensiones-. Esta norma introdujo copagos en sanidad, excluyó medicamentos de la financiación  y excluyó personas de la sanidad pública: a los inmigrantes y a las personas que tienen estancias en el extranjero superiores a 90 días. Este apartheid sanitario es una decisión injusta, inhumana, peligrosa e inútil: no produce ningún ahorro económico y provoca, sin embargo, un enorme sufrimiento personal y colectivo -además de significar un riesgo para la salud pública-. Esta ley se encontró, desde el principio, con la oposición de muchos profesionales -que hicimos objeción de conciencia-, y de todos los grupos políticos (excepto Ciudadanos). El gobierno central se aplicó con rigor en este retorno al pasado. Nos llevó a un tiempo preconstitucional: las personas ya no tenemos derecho a la atención sanitaria por nuestra condición de ciudadanos sino en cuanto estemos asegurados. El derecho a la sanidad vuelve a estar condicionado por la cotización previa.

Mientras tanto las CCAA en su poder continuaron con las políticas ya iniciadas  años atrás: recortes y privatizaciones al por mayor. La disminución del gasto sanitario en las CCAA ha llegado al 21% y ha pasado del 6.8% del PIB en 2008 a representar el 5.9% en 2013. En 2015 el sistema sanitario público tiene 55.000 trabajadores menos (con menos salario, peores condiciones laborales y mayor precariedad -10.300 médicos/as y 6.500 enfermeros/as han huído al extranjero-), mientras  las empresas sanitarias han conseguido mantener e incluso aumentar sus beneficios a costa de los presupuestos públicos. Numerosas áreas relacionadas con la sanidad (limpieza, cocina, mantenimiento, logística, tecnología, etc) han pasado a manos privadas (en concesiones para años, lo que hace más difícil su rescate) y, además, ya sabemos -lo cuenta con detalle un informe de la FADSP- que la construcción de  nuevos hospitales mediante la colaboración público-privada incrementó el coste, el nivel de endeudamiento y favoreció la corrupción; muchos de estos centros tienen problemas legales y los nuevos gobiernos de las CCAA  estudian fórmulas para rescatarlos.

Todas estas medidas no son consecuencia de la crisis, no son equivocaciones ni decisiones tomadas en contra de su voluntad: obedecen a una estrategia diseñada por el PP (en connivencia con los grandes lobbys sanitarios) durante los años de oposición y aplicada ahora con todo rigor en busca de un objetivo: conseguir que la salud sea un negocio y no un derecho de los ciudadanos. Por eso, en su último mes de mandato, el gobierno de Rajoy ha aprobado (procurando pasar desapercibido) tres iniciativas de una enorme importancia en la política sanitaria y que pueden condicionar el futuro del sistema público. Han aprobado la desgravación fiscal para los seguros privados (una medida muy demandada por el sector), han firmado un acuerdo con Farmaindustria para garantizar el gasto farmacéutico ligándolo al incremento del PIB y han recurrido y paralizado la decisión del nuevo gobierno valenciano de devolver el derecho a la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Lo que pretenden con estas decisiones es dejar el futuro atado y bien atado -tal como hizo Franco-, para que los próximos gobernantes no tengan más remedio que seguir el camino trazado. Habrá que buscar fórmulas para evitar ese destino. La salud de nuestros hijos y de nuestros nietos depende de ello.

Desmontando la Sanidad pública: todo atado y bien atado