domingo 31.05.2020

Las Áreas de Gestión Clínica: una amenaza para la Sanidad Pública y la Atención Primaria

Además contribuyen a marginar aun más a la Atención Primaria (AP), en detrimento de la equidad y la racionalidad del sistema...

Las Áreas de Gestión Clínica (AGC) promovidas por el gobierno central representan, en el caso de que lleguen a implantarse, un ataque contra el Sistema Sanitario Público y un serio riesgo para su sostenibilidad. Además contribuyen a marginar aun más a la Atención Primaria (AP), en detrimento de la equidad y la racionalidad del sistema.

El concepto de gestión clínica se asocia  tradicionalmente a dotar de más capacidad de decisión a los profesionales, a mejorar la integración de los servicios asistenciales, al trabajo por procesos y a la toma de decisiones basada en la evidencia científica. El modelo que pretende imponer el gobierno no responde a estas formulaciones; muy al contrario, esta propuesta va dirigida a avanzar en la privatización, utilizando la vía de la microgestión de servicios asistenciales.

Pretenden cambiar el actual modelo sanitario, vaciando de contenido y responsabilidad a la Atención Primaria. La Ley General de Sanidad asignó a la AP la función de gestionar y coordinar los procesos asistenciales y la atención de los pacientes en el sistema. La AP está orientada en nuestro país a prestar una atención integral al paciente, facilitar la accesibilidad a los servicios, coordinar los procesos asistenciales y trabajar por programas priorizados. Con la nuevas Unidades se pretende trasladar estas funciones a unas estructuras, las AGC, que serán controladas por las especialidades hospitalarias, dada la desproporción de poder existente en la actualidad entre la AP y la hospitalaria. Hay que recordar que el presupuesto de AP no alcanza el 15% del gasto sanitario, y que desde la aplicación de los recortes sanitarios se redujo en un 16%, mientras que el hospitalario creció un 2%. No es razonable ni eficiente traspasar funciones propias del nivel primario (como la promoción, prevención, asistencia, cuidados de enfermería, rehabilitación, reinserción social, investigación y docencia) a unas estructuras hegemonizadas por las especialidades hospitalarias, vaciando así de contenido a la AP.

Aunque se publicitan como una forma de mejorar la coordinación de los servicios y de los niveles del sistema, la realidad es que lo fragmentan en múltiples entidades empresariales que dejan sin competencias a la AP. As AGC sustituyen a las Áreas de Salud que, según la Ley General de Sanidad, tienen la responsabilidad de garantizar la gestión integrada de todos los centros sanitarios a nivel territorial. En el actual modelo la atención integral y el desarrollo de programas deberían estar coordinados por AP. Con la implantación de la Gestión Integrada ya dieron el primer paso para el desmantelamiento de este modelo al eliminar las Gerencias de AP, que fueron absorbidas por las Gerencias Hospitalarias, faena que ahora pretenden terminar. Estas AGC podrán desarrollarse aplicando múltiples fórmulas organizativas (AGC -Centros de Salud o servicios hospitalarios-, Áreas o Institutos de Gestión Clínica que agrupan a diferentes servicios o unidades, EBAS, combinaciones de estructuras de primarios y especializada etc), con lo que fragmentan el sistema y dejan la AP sin la posibilidad de controlar los procesos asistenciales.

Incrementan la burocracia, la irracionalidad y los gastos administrativos. La propuesta de AGC incluye el desarrollo de nuevas estructuras administrativas, pero manteniendo las gerencias, jefaturas de servicios y equipos de AP. Todo esto multiplica las estructuras burocráticas, limita la gestión racional de los centros y genera conflictos y enfrentamientos de poder, con lo que se hace imposible el gobierno del sistema, además de aumentar el gasto sanitario a expensas de unos mayores costes administrativos.

Favorecen la creación de modelos diferenciados dentro del sistema, y el incremento de las desigualdades asistenciales, especialmente en AP. El carácter voluntario de la adscripción a las nuevas unidades, el rechazo de gran parte de los profesionales a integrarse, los contratos programa que diversifican la oferta de servicios y los incentivos vinculados al ahorro, favorecen el surgimiento de dos modelos diferentes dentro del sistema (los de Gestión Clínica y los de Gestión Tradicional). Está claro que se potenciará los que se vinculen a las áreas de gestión, marginando a los profesionales que no acepten la integración. Que los centros de AP, que acepten transformarse en AGC, puedan tener carteras de servicios propias y la ausencia de planificación por necesidades y problemas, favorecerá el desarrollo de ofertas diferenciadas que respondan a los intereses de las empresas o de los profesionales que las integren, en detrimento de las necesidades de la población, con el que se rompe con la equidad y se contribuye a incrementar las desigualdades y la irracionalidad del sistema.

En Galicia el actual gobierno ha demostrado su nulo compromiso con la Sanidad Pública y con la AP. El severo recorte presupuestario castigó a los profesionales (un 14% menos presupuesto de 2010 a 2014) y a la AP: la reducción del gasto, la anulacion del Plan de Mejora y la puesta en marcha de las Gerencias Integradas anularon la capacidad de gestión de este nivel asistencial. Las decisiones de este gobierno están orientadas a la privatización creciente y a reforzar el hospitalocentrismo. No se contempla la AP como eje para el necesario cambio de modelo asistencial. Un gobierno con tantos conflictos de interés con la sanidad privada no tiene credibilidad para promover una estrategia de gestión clínica en la sanidad pública. El proyecto de AGC que pretende implantar es una decisión politica, y no sólo una cuestión técnica o gerencial como suelen afirmar.

Además, la modificación del Estatuto Marco[5] del personal estatutario, hecha por el gobierno central en julio de 2013, puede representar una amenaza seria en el ámbito laboral.

Por todo el expuesto consideramos que el PP, desde el gobierno central y las autonomías de donde gobierna, pretende utilizar este instrumento de gestión para fragmentar y ahondar en la privatización del sistema, favoreciendo la creación de entidades empresariales acogidas a las nuevas formas de gestión privada (Ley 15/97[6]) con presupuesto propio y capacidad para competir. Pretenden desmantelar el sistema sanitario, crear un mercado sanitario interno que los neoliberales llevan años intentando desarrollar, hacer cómplices a los trabajadores sanitarios de las políticas de recorte del gasto, y facilitar la entrada al sector privado en el sistema público. Además anulan el modelo de salud comunitaria, coordinado por AP, ahondando en la marginación de este nivel asistencial al que dejan sin ninguna capacidad de influencia, incrementando la burocracia, la irracionalidad y el gasto del Sistema Sanitario Público.

Por eso reclamamos: la paralización de la implantación de las AGC tal como se está haciendo, la recuperación de las Gerencias de AP, la restauración de los presupuestos de la sanidad pública, y el impulso de un amplio debate social para frenar el desmantelamiento de los servicios públicos que están realizando los actuales gobernantes desde el propio poder.


Manuel Martín García | Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Pablo Vaamonde García | Médico de familia. Exdirector general de Asistencia Sanitaria del Sergas.

Las Áreas de Gestión Clínica: una amenaza para la Sanidad Pública y la Atención Primaria