miércoles 20.11.2019

Las amenazas de la sanidad pública

La derecha gobernante está imponiendo medidas radicales en la sanidad pública desde el gobierno central y las autonomías...

La derecha gobernante está imponiendo medidas radicales en la sanidad pública -desde el gobierno central y las autonomías-, que tienen un severo impacto en los servicios y representan una hipoteca grave para el futuro. Aunque reconocen el elevado nivel de calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), en sus laboratorios de ideas inventaron un argumentario simple y falaz que repiten como una salmodia: el sistema actual es insostenible y hay que “modernizar" la gestión para mejorar la eficiencia. Pretenden, con estos argumentos, justificar la  introducción de cambios profundos (externalizaciones/privatizaciones) que serían necesarios para garantizar la continuidad del SNS. Pero no es así: lo que presentan como oportunidades de mejora son, en realidad, amenazas severas para el sistema que está siendo parasitado y destruido desde dentro.

Con esas justificaciones mendaces, y en el escenario de la prolongada crisis económica que utilizan como excusa, comenzaron a imponer su ideario y a favorecer ciertos negocios a costa de los presupuestos públicos. Hicieron severos recortes presupuestarios (152 euros menos por habitante y año en el conjunto de las autonomías, de 2010 a 2013) y redujeron drásticamente el personal (tasa de reposición del 10%, 25.500 trabajadores menos de enero de 2012 a julio de 2013). Mientras tanto entregaron a manos privadas parcelas cada vez más grandes de los centros públicos y, ante el imparable aumento de las listas de espera, realizan derivaciones masivas a los hospitales privados que experimentaron un notable incremento de su negocio. En Galicia, el PP aprobó en solitario, en diciembre de 2013, una "Ley de Garantías de Prestaciones Sanitarias" que establece unos tiempos de espera imposibles de cumplir. Pero da igual, porque la finalidad no es preservar los derechos de los ciudadanos: el objetivo real es garantizar el negocio de los centros privados que reciben cada vez más derivaciones, ahora avaladas por ley.

La sanidad pública vive momentos críticos. Su continuidad está amenazada de forma seria, ahora sí, por las actuaciones políticas de los actuales gobernantes. Algunas de las decisiones impuestas desde el poder van a ser muy difíciles de revertir cuando se provoque un cambio político. Pero hay que actuar con determinación y sin demora porque la actividad de las "termitas" continúa, provocando la erosión del sistema desde dentro. Hagamos un breve repaso de sus más importantes actuaciones:

-RD Ley 16/2012. Esta ley fue denominada, con gran cinismo, como "de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad de él Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones". El PP utilizó la mayoría absoluta para aprobar esta norma-eludiendo el debate parlamentario-, que nos hace retroceder más de tres décadas en la historia. Anula la atención sanitaria universal y recupera la figura del "asegurado"(la gente tendrá derecho a la asistencia santaria en función de su cotización a la SS); provoca la exclusión sanitaria de los inmigrantes sin papeles y de otros colectivos de la población; impone copagos (a pensionistas y enfermos crónicos) que aplastan las ya deterioradas economías familiares; y recorta la cartera de servicios que aparece fragmentada en tres niveles (básica, complementaria y accesoria), preparando el terreno a las aseguradoras para cubrir aquellas prestaciones que resulten excluidas de la sanidad pública. Todos estas imposiciones, que ya comienzan a provocar daño en la salud de la población, tienen dos objetivos: conducirnos a una sanidad dualizada (puerta para ricos, puerta para pobres; aseguramiento privado y beneficencia) y favorecer los negocios de las empresas de la sanidad privada.

-Hospitales PFI. Este modelo de concesión (financiación pública privada) a empresas privadas para construir y gestionar hospitales fue impulsada en la década de los noventa en el Reino Unido por el Partido Conservador. Los resultados fueron calamitosos para la sanidad británica. Un informe de la OMS, que analizaba 15 años de esta experiencia, demostró que estos hospitales son más caros, tienen peor calidad asistencial y reducen la transparencia en la gestión. A pesar de estas evidencias el PP impulsó este modelo en Valencia (el primer hospital de este tipo fue el de Alzira, con nefastos resultados) y Madrid (ambas comunidades tienen ahora la sanidad en bancarrota). Este fue el gran modelo de negocio de la sanidad diseñado por la derecha en convivencia con determinadas empresas en las que practican con asiduidad el ejercicio de la "puerta giratoria": hay políticos que privatizan parcelas de la sanidad que después pasan a gestionar cuando se retiran de la actividad pública. Pero esta estrategia de parasitación de la sanidad pública está en un momento bajo: la crisis económica, con la disminución de crédito bancario, y la contestación social pusieron freno temporal a estas maniobras.

La movilización profesional y ciudadana realizada en Madrid por la "Marea Blanca" puso en cuestión estas maniobras privatizadoras y consiguió de los tribunales de justicia una suspensión cautelar de las externalizaciones, avalada por el TSJM. El rechazo de los recursos presentados por la Comunidad de Madrid obligó al gobierno regional a suspender definitivamente el plan de privatización de los seis hospitales que había previsto, y provocó la división del consejero Fernández-Lasquetty. La privatizacion de los hospitales de Castilla-La Mancha, anunciada por la presidenta de la comunidad, también está en stand by. En Galicia la construcción del hospital de Vigo, promovida con este modelo PFI, está detenida, pues la UTE no consiguió financiación suficiente para continuar la obra: los bancos no confían en la viabilidad de la obra; el presidente de la Xunta, en contra de lo establecido en el contrato (de donde se especifica que "la financiación es a riesgo y ventura de la Concesionaria") anda en busca de financiación para que el hospital no quede en el esqueleto. Pero tal como están las cosas es muy posible que este sea otro Gaiás inacabado. Este puede ser otro gran fracaso de Núñez Feijóo, que dejará una pésima herencia en la dotación sanitaria del sur de Galicia.

-Externalizacións y privatizaciones. Cuando no es posible privatizar el hospital entero van entregando a manos privadas aquellas áreas de actividad de donde se puede extraer beneficio a costa de los presupuestos públicos. Núñez Feijóo es un experto privatizador: fue a mano derecha de Romay Beccaría para la implantación de las Fundaciones Sanitarias (que el gobierno progresista de Galicia -2005-2009- tuvo que rescatar pues estaban todas en quiebra), y también privatizó Correos (desde la dirección que ocupó de 2000 a 2003). Cuando llegó al poder en la Xunta de Galicia ya avisó que era partidario de privatizar "todo lo que no sea el núcleo duro del sistema sanitario". Se entregó en el empeño desde el primer momento.

La historia clínica, la receta electrónica, la central de llamadas, los teléfonos de información, la alta tecnología diagnóstica y terapéutica, el mantenimiento de los equipos, los servicios informáticos, el almacenamiento y distribución de material sanitario, la investigación y la docencia: todas estas parcelas están en manos privadas. Muchos trabajadores públicos quedan relegados y sin función mientras el Sergas paga a empresas externas por servicios que ellos venían realizando a la perfección. También es muy relevante que se entregue a empresas privadas información privilegiada de los servicios estratégicos del sistema y de los propios pacientes. La Administración pierde el control y queda como rehén de estas empresas que son las que controlan y utilizan los datos sensibles de la sanidad.

El dos de enero fue publicado en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea), el anuncio de un concurso para la privatización del servicio de esterilización. El contrato asciende a 160 millones de euros, y puede entregar a una empresa este servicio para toda Galicia. Esta propuesta resulta alarmante, y puede afectar a cientos de trabajadores públicos que actualmente realizan estas tareas con absoluta garantía y calidad. Los actuales responsables de esta tarea afirman en un escrito que "esta decisión fue tomada por motivos ajenos al rigor técnico" y que no existe ninguna certeza de que se vaya a mejorar la eficiencia. La Xunta pretende ceder a manos privadas un servicio tan delicado e importante para la salud de la población. Porque las empresas privadas tienen que conseguir beneficios al cierre del ejercicio, y la seguridad puede quedar en un segundo llano. (A principios de enero tuvieron que cerrar dos quirófanos en el hospital de Santiago; el servicio de mantenimiento está subcontratado).

-Áreas de Gestión Clínica (AGC). La privatización completa de los hospitales está frenada como consecuencia de la movilización ciudadana, de la actuación de los tribunales de justicia y por la propia crisis económica que dificulta la obtención de créditos por parte de las empresas adjudicatarias. Pero el PP no desiste de privatizar la "bata blanca". Para eso utiliza la propuesta de las AGC. La gestión clínica es un concepto bien considerado en la sanidad: hace referencia a la necesidad de que los profesionales sanitarios asuman responsabilidad en la práctica clínica y en la utilización de los recursos sanitarios. Pero no requiere modificar la personalidad jurídica de las unidades que realicen estas tareas ni tiene nada que ver con la laboralización del personal sanitario. El gobierno publicó en el BOE, en julio de 2013, (incrustada en una ley sobre farmacovigilancia) una disposición final quinta que plantea la creación de las AGC con un régimen laboral distinto al actual. Promueve la laboralización del personal sanitario que se integre en estas unidades, con la consiguiente pérdida de los derechos laborales que hoy tiene el personal estatutario.

La forma de legislar, con ocultación y engaño, hace sospechar de las intenciones del PP. Estas AGC serían como "reinos de taifas" con autonomía en su gestión, capacidad para contratar personal y con reparto de beneficios entre sus gestores; podría dar entrada a las empresas privadas y llegar a la fragmentación de los centros con la creación de microempresas dentro de los hospitales, financiadas con fondos públicos pero reguladas por el derecho privado. En Galicia también se aprobó en el Parlamento una propuesta del PP para la creación de AGC, que afirma garantizar el carácter público de estas unidades. Pero los juristas están de acuerdo: una ley estatal prevalece sobre una autonómica. La voluntad política de la Conselleira está bien clara: ha afirmado en público que el actual sistema sanitario no sirve, que hay que cambiar el sistema retributivo de los profesionales y que "no nos queda otra que aplicar fórmulas de colaboración público-privada". En este momento los directivos del Sergas tratan de impulsar proyectos de AGC en los hospitales gallegos y en algún centro de salud; tienen serios problemas para superar los recelos de los profesionales. Pero parecer que otros proyectos pueden estar ya en una segunda etapa. A finales de 2013 se habló del interés de una empresa multinacional de tecnología médica para hacerse con el control de la Unidad del Corazón del hospital de A Coruña, dirigida hasta el momento por el doctor Castro Beiras, que está próximo a la jubilación. Él mismo desmintió esta posibilidad. Pero sea o no cierta esta propuesta lo cierto es que marca el camino a seguir en el resto de los centros sanitarios, si los profesionales no perciben la amenaza y se oponen con firmeza a esta propuesta que puede representar, a corto plazo, la destrucción desde dentro del sistema sanitario público.

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