La prioridad es hacer ciudades más solidarias a la vista de los efectos del desempleo, las bolsas de exclusión, los desahucios provocados por la banca reflotada con dinero público ante la indiferencia del Gobierno de Rajoy, la pobreza infantil...
Nuestras ciudades son el espacio de expresión de las crecientes desigualdades y los dramas familiares que ha desencadenado la crisis económico-financiera. Y los Ayuntamientos aparecen como las instituciones en las que se ha producido la mayor parte de los casos de corrupción.
La extensión de la crisis y su repercusión en la financiación municipal me lleva a reflexionar sobre los cambios que ha provocado en la acción de algunos gobiernos locales. La nueva situación ha afectado a los Ayuntamientos situándolos ante la realidad de sus fuertes limitaciones financieras, en gran medida por la reducción de sus ingresos urbanísticos -también de sus ingresos corrientes-, obligándoles al recorte de sus gastos corrientes y a una gran disminución de las inversiones. En consecuencia, han tenido que ajustar servicios, congelar las contrataciones de personal, reducir programas y sueldos, retrasar inversiones y buscar un funcionamiento de los equipamientos públicos adaptado a sus posibilidades presupuestarias.
La respuesta de los Ayuntamientos a este escenario les debe llevar a desarrollar un modelo democrático de gestión basado en la transparencia, la participación y, sobre todo, la priorización de políticas de solidaridad en defensa de la cohesión social a la hora de aplicar los recursos disponibles. Todo ello será posible si se recupera el concepto de “ciudad educadora en valores”.
Superado el tiempo de la competencia entre ciudades y de las ofertas electorales de los partidos prometiendo hacer más y más inversiones, se impone el reto de buscar la máxima rentabilidad social de sus servicios y equipamientos, el mejor aprovechamiento de todas las dotaciones levantadas en su día -en bastantes casos con alegría y poca previsión- y hoy difíciles de mantener.
Por tanto, la prioridad es hacer ciudades más solidarias a la vista de los efectos del desempleo, las bolsas de exclusión, los desahucios provocados por la banca reflotada con dinero público ante la indiferencia del Gobierno de Rajoy, la pobreza infantil, la necesidad de comedores escolares y de “bancos buenos” de alimentos, el gran incremento de las demandas de ayudas sociales en las ventanillas municipales, etc.
La ciudadanía deberá juzgar, en las próximas elecciones municipales, a los alcaldes y alcaldesas que no hayan entendido cual era su papel al convertirse en simples espectadores, en testigos mudos de tanto dolor y en cómplices de un Gobierno que ha impuesto a los Ayuntamientos un recorte vergonzoso de sus competencias en servicios sociales por medio de una retrógrada ley de reforma local. Y tendría que ser un juicio electoral implacable contra quienes desde las alcaldías hayan sido incapaces de rebelarse en defensa de la ciudadanía. No ha sido el caso de las alcaldías del PP.
Un juicio que ha de extenderse a quienes no hayan puesto en marcha los mecanismos de un sistema de democracia local participativa, vinculada no solo a la dimensión de la presencia de los agentes sociales y la ciudadanía en la gobernanza de la ciudad, sino también a un ejercicio de búsqueda de corresponsabilidad y complicidad ciudadana en la gestión mediante lo que denomino “contratos ciudadanos”, entendidos como compromisos entre el gobierno local y la ciudadanía.
Con los contratos ciudadanos estoy proponiendo a la ciudadanía corresponsabilizarse en la gestión compartida del Ayuntamiento mediante la formalización de compromisos para el logro de objetivos concretos y la realización de buenas prácticas o comportamientos ciudadanos que permitan reducir el gasto corriente para concentrarlo en actuaciones contra los efectos de la crisis.
Hablo de impulsar las buenas prácticas cívicas -como ejercicio de la condición de ciudadanía- para incrementar el reciclaje de basuras, ayudar a mantener limpia la vía pública, plazas y playas, respeto al mobiliario urbano, colaboración en la reducción de emisiones CO2 con un mayor uso de los autobuses y la bicicleta; tutorías de parques y jardines por parte de entidades vecinales y colegios de su entorno; participación de jóvenes y mayores en tareas de voluntariado social, participación de asociaciones en la gestión de instalaciones culturales y deportivas, desaparición de graffitis y de excrementos de perros, etc.
Vivimos un nuevo tiempo en el que desde las alcaldías se ha de hacer más pedagogía que nunca para limitar gastos evitables. El mismo esfuerzo para fijar las grandes prioridades del mandato del gobierno local en procesos deliberativos con los agentes sociales y la propia ciudadanía. Es una etapa para gobernar de otra forma, construyendo ciudadanía activa, abriendo cauces reales de participación y convirtiendo la ciudad en un semillero de valores, en un intento de recuperar la confianza ciudadana hacia los Ayuntamientos.