Desde aquel fallido caso Naseiro, el PP ha venido realizando actividades de carácter delictivo mediante la utilización de los medios del Estado para financiarse de manera ilegal y copar, de forma ventajosa y fraudulenta, las instituciones estatales, autonómicas y municipales. Esto permitió mantener una organización delictiva, con ánimo de lucro personal y corporativo. Un personaje central, Mariano Rajoy Brey, que tomó el relevo de José María Aznar, mantiene las actividades ilegales del partido hasta el presente.
Ahora, la lista de arrepentidos repentinos en busca de favores judiciales no ha hecho más que comenzar y los corruptores, en pánico judicial, comienzan a abandonar el barco: el empresario alicantino, Enrique Ortiz, imputado en el caso Gürtel, confiesa la financiación ilegal de las campañas del PP valenciano. El juez, Eloy Velasco, dejó en libertad bajo fianza a otro empresario, David Marjaliza, socio de Francisco Granados, porque colaboró "positivamente" con la investigación de la trama Púnica. Otro juez, Pablo Ruz, dio por concluida la investigación sobre los papeles de Bárcenas y consideró acreditado que el Partido Popular dispuso de una caja B entre 1990 y 2008 con la que sufragó campañas electorales, repartió sobre-sueldos a dirigentes y pagó las reformas de sus locales, entre ellas la sede central de la calle Génova. Los papeles de Bárcenas sólo son un caso separado de la matriz Gürtel, una trama de corrupción política vinculada al Partido Popular, que operaba en las Comunidades de Madrid y Valencia, pero con derivaciones en toda España. Unos hechos que han sido asumidos por el magistrado, la fiscalía y acusaciones particulares. Los empresarios: Luis Villar Mir, Luis de Rivero, José Luis Sánchez Domínguez y Manuel Contreras aportaron más de 3,18 millones de euros, ingresados en la caja B ¡Pelillos a la mar…! ya que no quedó suficientemente probado el trasvase de esos fondos. Al parecer sólo pretendían establecer comedores sociales en la planta baja de Génova. El juez Ruz dejó abierta una investigación sobre los ordenadores de Bárcenas que fueron sometidos a 35 borrados y martillazos variados.
Lo cierto es que la ley marca prescripciones de delitos que la política no puede aceptar. No se puede admitir que un partido haya hecho trampas electorales durante más de 20 años porque los resultados están contaminados y aquellos legislativos invalidados de pleno derecho. Sus decisiones serían nulas y el resultante deberá ser declarado Estado fallido a todos los efectos. Un corrupto no puede dirigir un país, de igual modo que un conductor ebrio no puede pilotar un autobús escolar. Ilegalizar al Partido Popular debiera ser el primer Pacto Social transversal que los poderes democráticos tendrían que adoptar, con la exclusión explícita de los contaminados, hoy en el Gobierno, creando un Ente constituyente provisional, que siente las bases para unas Elecciones Generales limpias por primera vez en 25 años, libres de ventajistas, con la mirada puesta en un pasado que nunca debimos admitir.