martes 22.10.2019

Feijóo y el Sovaldi denegado

Estamos ante primera causa penal abierta en España contra una administración pública por dilación injustificada en la prescripción de medicamentos a enfermos de hepatitis C

La Fiscalía acusa al Gobierno de Feijóo de homicidio por retrasar fármacos para la hepatitis C por “razones presupuestarias”. Atribuye al director de Asistencia Sanitaria de la Xunta, Félix Rubial Bernárdez, y a la subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado Mateo, un delito de homicidio imprudente por retrasar los fármacos a enfermos de hepatitis C en el último año, además de otro delito de prevaricación. La Galicia de Feijóo se pone a la cabeza de la desidia sanitaria. Estamos -nada más y nada menos- ante primera causa penal abierta en España contra una administración pública por dilación injustificada en la prescripción de medicamentos a pacientes afectados por esta enfermedad.

La iniciativa partió de la Asociación Batas Blancas que presentó una denuncia ante el TSJG el pasado mes de marzo, motivada por retrasos y denegación de fármacos de nueva generación, concretamente el Sovaldi, imprescindible para la curación de enfermos afectados por la hepatitis C. ¡¡Seis pacientes han muerto en Galicia!!, sin que la Xunta autorizase la medicación prescrita por el especialista, que debían ser aprobadas por las comisiones de Farmacia del Hospital y por la Autonómica y Central de Farmacia y Terapéutica, órgano asesor nombrado por el Director General de Asistencia Sanitaria del SERGAS, pero que carecía de funciones de “anulación o confirmación de un tratamiento”. Este órgano retrasó deliberadamente resoluciones -incluso aduciendo extravíos- denegando, finalmente, tratamientos para pacientes que cumplían los requisitos exigidos por el Ministerio de Sanidad. Evaristo Valo, portavoz del colectivo médico,  añade que "hay responsabilidades penales y políticas por cómo actuaron (…) se puso en peligro la vida de mucha gente". Es de resaltar el caso de una doctora que saltándose todo el procedimiento logró salvar a un paciente, en Lugo, al conseguir el tratamiento tras escribir a la, ahora, exconselleira de Sanidade, Rocío Mosquera. Quizás, en este caso, asistamos a un delito de tráfico de influencias con resultado de “vida”.

A partir de ahora veremos maniobras orquestales de distracción en los órganos de intoxicación informativa de la Xunta, acompañada por medios de comunicación afines, sujetos a subvenciones publicitarias “institucionales”. Se cubrirán los hechos denunciados por velos jurídicos que modifiquen la visión de lo narrado y, a ser posible, acaben señalando a los fallecidos como responsables por “dejación de funciones vitales”-murieron porque les dio la gana-. Lo único cierto es que al candidato Feijóo nadie le estropear el discurso populista que ha preparado con su equipo de campaña. Este señor no está para tonterías judiciales, de todos es sabido que ha sacrificado su travesía personal y política por Galicia y los gallegos. Si no lo derribó un Cunqueiro de turno, con la semiprivatización del Hospital Xeral de Vigo, con cientos de miles de manifestantes protestando por las calles, tampoco será pasto de las llamas de unas “sospechosas batas blancas”. Intentarán convencernos que aquellas víctimas fueron simples daños colaterales al servicio de la deuda pública gallega, modelo a seguir, del gobierno de Feijóo.

Feijóo y el Sovaldi denegado