La semana pasada el defensor del Pueblo presentó su informe anual. Como es habitual, dicho informe se divide en dos volúmenes. El primero, por norma, trata sobre las gestiones llevadas a cabo sobre los diferentes asuntos de su incumbencia como son las quejas y denuncias en los diferentes aspectos que afectan a los ciudadanos; y el segundo volumen, recoge un estudio sobre los inmigrantes y su aportación al país de acogida. De ese segundo volumen voy a hablar.
En primer lugar, elegir “la aportación de la inmigración a la economía española” como tema a estudiar y destacar en estos momentos es digno de elogio.En segundo lugar, es un estudio audaz a pesar de la pandemia y sus graves consecuencias, porque ha evidenciado que los inmigrantes son siempre un factor de aportación y de riqueza. El estudio corroboró la dependencia de sectores importantes de producción y de asistencia de la mano de obra inmigrante, en tiempos de crisis también. En tercer lugar, el estudio es sobre todo valiente, porque asocia la prosperidad de la sociedad española en el futuro con más presencia cuantitativa de inmigrantes,pero con derechos y obligaciones, y sobre todo con reconocimiento, porque la mano de obra extranjera particularmente la cualificada, se va a hacer cada vez más necesaria en todos los niveles y facetas de la vida si España quiere mantener su capacidad competitiva y transformadora.
El informe del Defensor del Pueblo aunque se ha enfocado sobre la aportación económica que repercute enel bienestar de los españoles, y sobre la capacidad de competitividad de los productos españoles gracias a la mano de obra extranjera, refutando de paso los discursos reaccionarios y xenófobos, se ha enfocado sobre asuntos tan relevantes y poco evocados como la sostenibilidad demográfica, la compensación de la fuerza laboral y el sostenimiento progresivo de la tasa de actividad femenina entre otros,cuestiones de gran relevancia que se obvian hasta en los discursos de ciertos actores sociales que se sienten más cómodos con el paternalismo y la asistencia caritativa.
En resumen, el informe merece ser leído y sobre todo tomado en cuenta por las partes concernidas e interesadas. No obstante, me hubiera gustado más énfasis y concreción en las propuestas de modificación de la ley de extranjería y algún que otro reglamento que la regula porque la equiparación de derechos no se va a hacer efectiva sin una profunda reforma de esta o inclusive sin su derogación y sustitución por otra normativa. Por una parte,para que sea más acorde con la nueva realidad migratoria en España y con las necesidades y derivaciones que de ella emanan,y por otra, para que sea una normativa que hace del acervo legal comunitario una de sus fuentes, particularmente la directiva 2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, y la directiva 2000/43/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, directiva esta última que fue transpuesta con “nocturnidad y alevosía” en la época de Aznar porque, me temo, invertía la carga de la prueba de manera que es el racista el que tiene que demostrar que no comete el delito, y no la victima de actos racistas como era el caso hasta entonces.
En todo caso, por si puede ser de utilidad, en el corpus jurisprudencial desarrollado desde entonces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea abundan sentencias pioneras en materia discriminatoria de toda índole, aunque no por ello hay que desdeñar saber que las disposiciones de la legislación europea no impiden a los Estados miembros establecer condiciones más favorables en su propia legislación.
No cabe duda de que el Defensor del Pueblo quiso con el estudio situar el debate sobre la inmigración mediante parámetros objetivos y ecuánimes, pero también quiso emplazarlo desde una perspectiva puramente pragmática por no decir provechosa, y creo que lo consiguió. Sin embargo,a mi modo de ver, faltaron algunos aspectos importantes como el derecho de voto y la participación política de los inmigrantes con residencia de larga duración. El derecho de voto convierte al inmigrante en un sujeto activo que ejerce atracción sobre los actores políticos, particularmente en las zonas de concentración de inmigrantes, lo que facilita al inmigrante participar y sentirse concernido y no como un sujeto pasivo o incluso sumiso y dejado a su suerte expuesto a los diferentes y variopintos riesgos y peligros. Además, toda participación consciente conlleva implicación y compromiso, y en mi opinión ahí empieza o termina la verdadera integración, porque a un inmigrante que no le permiten y faciliten participar, le impiden integrarse y sentires correspondido, y por supuesto sentirse útil más allá de su mera aportación económica.
En otro orden de cosas, mientras el defensor del pueblo presentaba su informe, nos hemos enterado del barullo montado por la patronal agraria ASAJA y la COAG por la nota de la inspección de trabajo para evitar y prevenir la explotación laboral. O sea, montan un alboroto para que les dejen seguir vulnerando la ley y explotando a los trabajadores sin derechos ni coberturas para amasar dividendos a costa de personas indefensas en tiempos de pandemia, y de las arcas del Estado que pertenecen a todos los contribuyentes. ¿Eso es lo que quieren?
España es un Estado Democrático y de Derecho que no puede ni debe permitir a que estos explotadores sin escrúpulos sigan a su libre albedrío. Si bien es cierto que lleven tiempo haciéndolo, porque otros gobiernos prefirieron mirar al otro lado, hasta que llegó el relator de Naciones Unidas de los Derechos Humanos para sacar los colores a España ante la comunidad internacional por el grado de irresponsabilidad y voracidad de los protagonistas que estas organizaciones agrarias pretenden defender ahora.
Que hay explotación y abuso desmedido en el campo, lo sabe hasta el tato. No hay día donde no salga alguna noticia estremecedora relativa a episodios de vulneración extrema de los derechos de los trabajadores del campo, sobre todo de los indocumentados, y particularmente de las mujeres.
Con sólo volver a la hemeroteca se dará uno cuenta de la gravedad de lo que aquí queremos desenmascarar y denunciar. Y hablando de hemeroteca, me limitaré a aportar solo dos ejemplos a título ilustrativo. Una mujer inmigrante queda atrapada en una maquina empaquetadora con resultado de muerte. El encargado no permitió ni un minuto de parada de las máquinas ni del resto de trabajadoras porque los productos tenían que salir como fuera.
Otro más, una trabajadora de otra empresa empaquetadora y/o manipuladora de productos agrícolas queda embarazada. Al visitar a su médico en una de sus revisiones periódicas descubre que toma otros productos farmacéuticos que no le había recetado. La moraleja: les ponían sustancias en el agua para “rendir” más.
Obviamente, no hay que generalizar, pero cuando estamos hablando de empresas conocidas y de personas migrantes regularizadas hay suficientes motivos para estar inquietos.