jueves. 28.03.2024

El mito de la transparencia

La sociedad genera nuevos mitos. Uno, la transparencia; unido a otro, la rendición de cuentas.

La sociedad genera nuevos mitos. Uno, la transparencia; unido a otro, la rendición de cuentas. Las nuevas armas de los adalides de la democracia, al pretender lo imposible de hacer en la realidad, gobiernos abiertos. Que la ciudadanía pueda ver a través del funcionamiento de las instituciones, de exigir que se rindan cuentas así como de sus responsabilidades por los resultados de las decisiones adoptadas y responder por el hecho de no cumplir las expectativas.

Pero como dice, Jacqueline Peschard (otrora comisionada Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública) “Si la transparencia avanzara de golpe de ceremonias oficiales y discursos presidenciales, iríamos por buen camino, pero suele haber una distancia entre los dichos y la práctica institucional” (La Voz de Michoacán, 30 de junio de 2015). Y en efecto, en México proliferan los actos y convenios que pretenden fortalecer la transparencia y luchar contra la corrupción, tal como el compromiso firmado por la comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos, Ximena Puente de la Mora y Juan Manuel Portal titular, titular de la Auditoría Superior de la Federación, para capacitar a los auditores en temas de buenas prácticas y promover el cumplimiento de la Ley General de Transparencia, y en donde Ximena Puente “Planteo que la Auditoría Superior de la Federación cuenta con un rol protagónico al interior del Sistema Nacional de Transparencia, al que contribuye con la generación de información de calidad, veraz y oportuna” (La Voz de Michoacán, 16 de diciembre de 2015, p. 8 B). Y también acuerdos entre el órgano rector de la Secretaría de la Función Pública con gobiernos estatales en materia de transparencia y combate a la corrupción, en donde se insiste en la capacitación de los auditores y en la autonomía, aunque se incluye la tramitología y las denuncias, convirtiendo al denunciante en figura importante, tal como en el principio en el sistema penal (pero de relevante en el pasado, ahora es impugnado), aunque ahora en el Sistema Nacional Anticorrupción se pretende se convierta en actor principal.

Así, deslindando la responsabilidad a la ciudadanía en aras de la gobernanza, como de la misma forma a su personal, es decir, a los auditores, el eslabón más débil y que se encuentra en la indefensión. Pero no, el problema de la auditoría y fiscalización no es personal, no se deriva de la voluntad de los individuos, ni se reduce a una toma de posición individual. Como tampoco los desvíos y omisiones tanto en firmas de auditoría como entidades de control y fiscalización, la cuestión es que no se reconoce que los principios de auditoría, mismos que fundamentan la teoría y práctica de la fiscalización que actúan como guías y reglas en la actualidad resultan inoperantes para entender y enfrentar los vicios que aquejan a las administraciones públicas y que afectan a la sociedad, se han convertido en dogmas, rígidos, inamovibles, no permitiendo su crítica y reflexión.

Pero no sólo en México, también en España y en otros países, domina en el horizonte de la fiscalización la visión light, un optimismo sin sustento, que suprime la contradicción de polos incompatibles en su interior, sin reconocerlo para no abrir la puerta a la incertidumbre y a la angustia conceptual. Por ello desde hace más de ocho años, Luis Muñoz Garde, Presidente de la Cámara de Cuentas de Navarra, en artículo publicado en julio 2007, en la revista Auditoría Pública, número 42, insistió que los Organismos de Control abrieran sus puertas, aunque su transparencia se reducía a la política de comunicación, refutando la afirmación de su propio responsable de comunicación, Fermín Erbiti Zabalza, al decir “las instituciones de control siguen viviendo de espaldas a la comunicación” (junio 2003). Sin embargo, la transparencia es mucho más que publicar una página web y datos de la entidad. La comunicación es una actividad de ‘ida y de vuelta’, es decir, Fermín Erbiti escribe su posición, y cuatro años más tarde le responde su jefe, el Presidente de la Cámara de Cuentas de Navarra, y Erbiti ya no vuelve a defender su tesis. Luego, el debate no existe en el mundo de la fiscalización, condición de la democracia. Ah pero en los XI Encuentros Técnicos y VI Foro Tecnológico de los OCEX, en este año, en sus retos institucionales, el punto 8 establece, los OCEX “deben abrirse, difundiendo sus actuaciones y educando sobre la valiosa función que desempeñan en democracia”. Y lo anterior demuestra su contradicción, entre el secreto y la transparencia, aunque se justifique en razón del sigilo profesional, pero en el fondo se impone la cerrazón, en su vida y práctica institucional, y discrecionalmente lo que se informa carece del método o procedimiento que muestre la independencia y objetividad en cada auditoría practicada en lo concreto y específico y demuestre su contenido y forma al escrutinio público.  No obstante, dice Carolina Darias San Sebastián, Presidenta del Parlamento de Canarias, “Los órganos externos de control son uno de los pilares fundamentales de nueva política, basada en la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas” (Entrevista, revista Auditoría Pública, número 66, noviembre 2015).

Luego, si el Tribunal de Cuentas, los Organismos Autonómicos de Control Externo (OCEX) son pilares de la transparencia y rendición de cuentas. Y sí éstas instituciones privilegian el secreto y su práctica permanece ajena a lo público. Entonces, la transparencia y rendición de cuentas en el Tribunal de Cuentas y los OCEX es un mito.

Y el  mito se reproduce cotidianamente, “El papel de los auditores es importantísimo en el sistema de controles que garantizan la fiabilidad de la información financiera de las empresas” (Entrevista a Elvira Rodríguez, Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, revista Auditores, número 22, julio 2015). Y lo anterior se nos presenta más como una historia imaginaria que real, ante los millones de desempleados, empobrecidos, en un ambiente de quiebra aunque se afirme su recuperación, y una crisis que ignora su profundidad en lo público y lo social. Pero inútilmente los voceros de la oficialidad repiten una y otra vez su mismo discurso, inamovibles ante la realidad. Como el Presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Mario Alonso Ayala, que tituló su presentación “Preparados para el cambio” en donde señaló “El año 2014 ha llegado plagado de cambios normativos que, con total seguridad van a alterar el mapa de la profesión en toda Europa. La reforma de los servicios de auditoría (…) tenemos claro el objetivo: aumentar su transparencia del sector público” (revista Auditores, número 21, junio 2014). Aunque dichos cambios no han revertido la ineficacia de la auditoría y fiscalización para enfrentar los desafíos de la actualidad. Y todavía ahora en el año 2015 en los XI Encuentros Técnicos se afirma “Los OCEX también han sido eficaces en la detección de prácticas irregulares y fraudulentas (…) Con todo, no son los OCEX los que tienen que perseguir el fraude y la corrupción, pervirtiendo de ese modo su función principal”. Luego, cómo entender que los organismos de control y fiscalización en México se han comprometido a luchar contra la corrupción, ¿será que han pervertido su función? Y en todo caso, qué dice la INTOSAI sobre la discrepancia en entidades de fiscalización superior en uno y otro país. Más ya lo sabemos no dice nada, su permanente evasión a temas controvertidos, de la realidad en el mundo de las entidades de fiscalización.

En consecuencia carece de importancia si España ocupa el lugar 37 y México el 103 del Índice anual de percepción de la corrupción 2014 de Transparencia Internacional. O, si “las normas mexicanas en materia de transparencia son ya las más detalladas y las más audaces del mundo” tal como ha afirmado Mauricio Merino, prestigiado académico y miembro de la coordinación de la Red por la Rendición de Cuentas en México (26 de noviembre de 2015), y en contra se afirme en España que su Ley de Transparencia ha llegado tarde y no es la mejor.

Entonces, ¿Qué sentido tienen las evaluaciones sobre la percepción de la corrupción, o se legisle en la materia mejor o peor, si la concepción de la auditoría y fiscalización permanece igual?

El mito de la transparencia