jueves. 28.03.2024

Amenazas para la Sanidad Pública

Cuando se analizan los problemas que tiene planteados la Sanidad Pública con frecuencia nos equivocamos poniendo el foco en aspectos que  aun siendo importantes no son las principales causas de los mismos y que suelen usarse como verdaderas “cortinas de humo” para encubrir los temas cruciales. Eso suele suceder con el envejecimiento de la población que siempre se utiliza como un poderoso argumento para justificar la supuesta “insostenibilidad” del sistema sanitario, cuando en realidad lo que se conoce es que el envejecimiento no es quien incrementa principalmente el gasto y la demanda sanitaria, sino la innecesaria sobreutilización de la tecnología.

Las verdaderas amenazas para la Sanidad Pública están situadas en otros problemas, en gran parte creados por las políticas sanitarias desarrolladas y las presiones de la industria tecnológicas del sector, resumiéndolos serian las siguientes:

Privatización y mercantilización. La Sanidad Pública es el resultado del esfuerzo solidario de las personas más sanas y con más recursos con aquellas que son más pobres y tienen más problemas de salud. El ejercicio del derecho a la protección de la salud rompe con los criterios mercantiles que priman la demanda económicamente solvente por encima de la necesidad y la provisión privada antepone los intereses económicos de las empresas por encima de la resolución de los problemas de salud de la población.

Nuestro sistema sanitario ha tenido una deriva privatizadora desde mediados de los años 90 del siglo pasado que ha sido distinta en intensidad según las CCAA y que he tenido un recrudecimiento a partir de 2011 lo que ha supuesto importantes sobrecostes de la asistencia sanitaria y numerosos problemas asistenciales, así como un aumento de las inequidades. Por eso uno de las primeras cuestiones que hay que afrontar es acabar con la deriva mercantilista y privatizadora del sistema sanitario reforzando el sector público, recuperando lo privatizado y anteponiendo el derecho de la población a una atención sanitaria de calidad a los intereses del mercado.

Recortes y subfinanciación. El segundo problema tiene que ver con la subfinanciación crónica de nuestro sistema sanitario que se ha visto seriamente agravada por los recortes impuestos por el gobierno con la excusa de la crisis, y que se pretende continuar de acuerdo con los memorándum enviados por el este a la UE que plantean que en 2018 el gasto sanitario público sea el 5,3% del PIB (era el 6,5% en 2009) lo que nos situaría casi a 2 puntos del promedio de gasto sanitario público de la UE.  El daño que han producido los recortes ha sido especialmente intenso, primero porque se trataba de un sistema sanitario subfinanciado con presupuestos crónicamente por debajo del gasto real, y luego porque se han realizado de manera indiscriminada provocando verdaderos desastres asistenciales.

Hay que ser conscientes de que esta política de subfinanciación / recortes esta incardinada en el horizonte de la privatización del sistema sanitario, tal y como señalaba una viñeta de El Roto “hay que destrozar todo lo público para demostrar que no funciona”. Si la Sanidad Pública empeora notablemente lo más probable es que aquellas personas que puedan costeárselo busquen en el sector privado la alternativa a sus problemas asistenciales, y de alguna manera los recortes y el subsiguiente deterioro del sistema público (listas de espera, etc) sirven como incentivo y promoción del sector privado de provisión y aseguramiento, lo que aumenta los costes del sistema sanitario en su conjunto, empeora la calidad de la asistencia e incrementa las desigualdades y la inequidad de cara a la atención sanitaria.

Por lo tanto es necesaria una financiación suficiente de la Sanidad Pública para permitirle afrontar con éxito las necesidades asistenciales de la población, y además establecer un adecuado sistema de financiación que acabe con la tremenda dispersión de financiación per capita entre las CCAA, lo que debe pasar por una financiación finalista para el sistema sanitario público.

Sobreutilización tecnológica y encarnizamiento terapéutico. La tercera amenaza, que suele pasar desapercibida pero que es muy importante proviene del uso inapropiado y abusivo de la tecnología médica (incluyendo de manera relevante los medicamentos). Desde hace tiempo se viene señalando que aproximadamente el 30% de la utilización de los medios tecnológicos para el diagnostico se usan de manera inapropiada y a veces incluso con serios riesgos para la salud (la relación entre el TAC y el cáncer ha sido bien establecida). Esta situación se amplifica en el caso de los medicamentos que frecuentemente se utilizan sin una clara indicación y con más riesgos que beneficios potenciales para la salud (España es uno de los países de la UE con mayor utilización de antibióticos per capita, por lo que también nos situamos a cabeza en porcentaje de resistencias bacterianas, y también el país de la UE con mayor consumo per capita de antiúlcerosos, 1,68 veces más que el promedio de la UE-17) y además hay que tener en cuenta los precios desorbitados de los nuevos medicamentos protegidos por las patentes y situación de monopolio (un buen ejemplo es el Sofosbuvir contra la hepatitis B), la promoción de la denominadas “terapéuticas personalizadas” de inciertos resultados pero de precios exorbitantes, a lo que se suma la actitud del Ministerio de Sanidad que apuesta claramente por favorecer los intereses de la industria farmacéutica por encima del interés general (en un entorno en el que como ya se ha señalado la tendencia es a disminuir el presupuesto sanitario público en relación con el PIB se le garantiza a Farmaindustria un crecimiento de gasto paralelo al aumento del PIB). Todo ello agravado por la continuada intervención de la industria en la “formación” de los profesionales y sus agresivas políticas de marketing que últimamente también se dirigen hacia las asociaciones de enfermos.

El encarnizamiento terapéutico es un complemento y en parte una de las causas de esta inapropiada utilización tecnológica. Hace tiempo se conoce que aproximadamente el 80% del consumo sanitario de una persona se produce el último año de su vida lo que pone en evidencia que frecuentemente se utilizan exploraciones y tratamientos innecesarios en personas con problemas de salud que prácticamente carecen de probabilidades de mejoría.  Ahí intervienen muchos factores que van desde una cultura médica que considera la muerte como un fracaso profesional hasta la creación de falsas expectativas en muchos tratamientos (los nuevos productos contra el cáncer solo han logrado un aumento de 2,1 meses de la supervivencia), y la lógica negación de los pacientes y sus familiares ante situaciones muy negativas.

Afrontar estas tendencias es tan necesario como complicado, tanto por las interferencias de las multinacionales de la tecnología, como porque precisan de un cambio en la cultura profesional, y porque el uso apropiado de las tecnologías puede ser entendida equivocadamente como una actuación más en un entorno de recortes económicos. No obstante, se trata de un tema crucial para la sostenibilidad del sistema sanitario público y por lo tanto debe ser abordado con urgencia limitando las prácticas abusivas de la industria (patentes, precios, etc), promocionando la medicina basada en la evidencia científica y desmedicalizando la vida y la muerte.

Incoordinación.  Cuando ya ha pasado un tiempo suficiente desde que se finalizaron las transferencias a las CCAA (2001) puede asegurarse que la descentralización del sistema sanitario en las CCAA aunque ha tenido indudables efectos positivos ha llevado aparejada una descoordinación del sistema sanitario en su conjunto, de manera que se ha llegado a decir, un tanto exageradamente que hay 17 sistemas sanitarios distintos. Es por lo tanto importante el establecer sistemas eficaces de coordinación, objetivos comunes del Sistema Nacional de Salud (el Plan Integrado de Salud, pendiente nada menos que desde 1986 cuando se aprobó la Ley General de Sanidad) y una financiación finalista que acabe con las escandalosas diferencias presupuestarias actuales.

Olvido de la Atención Primaria.  El desarrollo de la Atención Primaria (AP) ha sido una de las grandes mejoras de nuestro sistema sanitario y debería ser capaz de resolver el 90% de los problemas de salud de la población, sin embargo ha sido sistemáticamente olvidada en los últimos años, disminuyendo sus recursos profesionales y su capacidad de resolución con la excusa de la crisis a pesar de que es precisamente la que puede dar una respuesta más eficiente a las necesidades asistenciales de la población. Un buen ejemplo son los planes de crónicos donde se intenta promocionar la tecnología, que en muchos caso no saben utilizar los pacientes, en detrimento de la atención domiciliaria (conviene recordar que España es el país de la UE con menor número de profesionales de enfermería por habitante). Fomentar la AP es fundamental para mejorar la asistencia sanitaria de una manera eficiente y también para desarrollar labores de prevención y promoción que están prácticamente abandonadas.

Abandono de la Salud Pública. La Salud Pública está siendo progresivamente abandonada y en ella se han cebado los recortes económicos (- 17,09%) en estos últimos años, cuando precisamente una gran parte de las patologías prevalentes y precisamente las que provocan mayores costes para el sistema sanitario deben de abordarse desde la promoción, la prevención y el estudio y control de los determinantes de salud.

Desatención de los profesionales. Los profesionales, los trabajadores sanitarios, son una de las calves para el buen funcionamiento de la Sanidad Pública, y aunque las declaraciones oficiales siempre suelen enfatizarlo, la realidad es que la actuación de las administraciones públicas lo ha olvidado sistemáticamente y es mas ha actuado con evidente desprecio y maltrato hacia los mismos. El cambio es urgente, habría que favorecer el compromiso profesional con el sistema sanitario mediante una adecuación de los salarios, de los sistemas de provisión de plazas, fomento de la dedicación exclusiva, sistemas de formación continuada públicos, etc.

Ausencia de participación. La participación social y profesional es el gran ausente de la Sanidad Pública, aunque su conveniencia este siempre presente en todas las leyes y declaraciones de las administraciones sanitarias. Se necesita un sistema de participación de ciudadanos y profesionales que tenga capacidad real para intervenir y controlar en la gestión y funcionamiento de la Sanidad Pública, aparte de porque sea una necesidad democrática, porque es imprescindible para mejorar la corresponsabilidad, la eficacia y la eficiencia, en los procesos de atención a la salud.

Como es lógico estas amenazas no son las únicas que tiene nuestro sistema sanitario, pero si las que precisan unas respuestas más rápidas y contundentes. Por suerte en los últimos años se está produciendo una importante respuesta social y profesional concretada en grandes movilizaciones que cuestionan la deriva de recortes y privatizaciones de la Sanidad Pública y que han conseguido algunos éxitos, se trata de continuar avanzando para garantizar una Sanidad Pública, universal, de calidad, eficaz y eficiente que garantice el acceso al derecho a la salud.

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