La primera vez que escuché el nombre de Manuel José García Caparrós no fue en el colegio, ni siquiera años más tarde en el instituto. Fue a principios de los ochenta, cuando yo tendría más o menos unos seis o siete años. Por aquel entonces llegó a mis manos una cinta de casete (ya ha llovido) de la comparsa del Puerto de Santa María, ‘Raza Mora’, donde había un pasodoble, ahora ya mítico, en el que se hablaba de lo que sucedió un 4 de diciembre de 1977 en Málaga y que yo cantaba de memoria sin saber muy bien lo que significaba su letra.
Cuento esto porque es curioso que fuese la voz del pueblo, la memoria de la ciudadanía, la que haya hecho mucho más por mantener viva la figura de Caparrós, que la propia oficialidad, que aunque, como es bien sabido hizo a Caparrós hijo predilecto de Andalucía, tardó mucho tiempo (allá por 2013) en reconocer su enorme importancia en aquellos días en que los andaluces y andaluzas inundaron las calles para pedir autonomía, aquellos días de diciembre de 1977 en los que gritamos a los cuatro vientos que no pretendíamos ser más que nadie pero tampoco menos, esos días en los que se clamaba por conseguir las mismas competencias que poseían vascos, catalanes y gallegos, como regiones históricas.
Hoy, más de cuarenta años después de la muerte de Caparrós, la Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado "autorizar la consulta de la documentación secreta" de las actas de la comisión de investigación que investigó su asesinato y ha concedido dicha autorización a la diputada malagueña de Izquierda Unida en el grupo de Unidos Podemos, Eva García Sempere.
Podría parecer un logro -que en parte lo es- pero bajo mi punto de vista es un logro a medias, cercenado y con condiciones, que si bien podrá servir para que la familia de Caparrós tenga más información sobre lo que pasó, también hay que decir que esta autorización tiene su parte negativa, ya que esta información será sesgada y como bien dijo Teresa Rodríguez, coordinadora de Podemos Andalucía, será una información “anonimizada”, es decir, "no será posible conocer los nombres de los responsables políticos, policiales, judiciales o militares que estuvieran implicados" en la muerte de Caparrós.
Este silencio, esta “anonimización” de las actas de investigación del asesinato de Caparrós demuestra una vez más que en España todavía no hemos superado el franquismo porque no se quiere dar a conocer a la gente toda la verdad sobre las atrocidades que se cometieron en aquellas fechas y mucho menos se pretende “depurar responsabilidades”. ¿De verdad creen que se puede restablecer la memoria de Caparrós, y por ende la de todo un pueblo, el andaluz, sin conocer los responsables de su muerte?...
Pero aquí entramos otra vez en el cumplimiento de la ley. Esa legalidad de la que el Partido Popular se llena la boca cuando habla de Cataluña, pero que olvida instantáneamente cuando hay que cumplir la ley de Memoria Histórica, una legalidad que la derecha de este país entiende a su antojo y que una vez más servirá para que conozcamos la Historia cercenada y no sepamos quiénes estuvieron implicados en aquel asesinato terrible.
Y es que la derecha en este país lleva años argumentando que la izquierda debe olvidar de una vez por todas a “sus muertos”. Los gerifaltes herederos del franquismo y que ahora están casi todos en las filas del Partido Popular nos recuerdan que los que creemos en la recuperación de la memoria histórica deberíamos mirar hacia adelante y no abrir “viejas heridas”.
Por eso no podemos conformarnos con sólo poder ver las actas sino que es necesario que se siga luchando por la "desclasificación absoluta" de las mismas para que así los familiares de Caparrós puedan tener toda la información precisa y, lo más importante, para que se haga justicia. Porque no hay reparación posible sin justicia.
Recuperar la memoria es un acto de justicia y nada tiene que ver con rememorar el dolor, más bien tiene que ver con tratar de paliar el sufrimiento de cientos de familias, la de Caparrós entre ellas, que quieren saber lo que realmente les pasó a sus hijos y cuáles fueron los responsables de esos asesinatos.
El pueblo andaluz necesita saberlo y es obligación de nuestra clase política el no dejar que se silencie por más tiempo todo lo relacionado con el asesinato de un joven de 19 años que salió a la calle un 4 de diciembre para exigir tierra y libertad. Para que nunca olvidemos que sin un 4 de diciembre difícilmente hubiera habido un 28 de febrero.
“Un cuatro de diciembre muere un malagueño/ Una bala traidora le quitó la vida/ Tan sólo porque estaba queriendo a su pueblo/ y alzando la bandera de su Andalucía”. Así rezaba la copla de ‘Raza Mora”. Queremos, exigimos saber quién fue “la mano que apretó el gatillo”. Queremos saber la verdad.