sábado 24.08.2019

La renuncia de Gómez al escaño, ¿a quién beneficia?

La renuncia de Tomás Gómez a su escaño en el Senado ha sido recibida con muestras de solidaridad y apoyo en el sector sanitario...

Foto: PSM.
Foto: PSM.

La renuncia de Tomás Gómez a su escaño en el Senado (en el que estaba por elección de la Asamblea de Madrid) ha sido recibida con muestras de solidaridad y apoyo en el sector sanitario (entre ellas, un reciente artículo publicado en este diario por Carlos Barra Galán) y entre algunos sectores del PSOE. Sin embargo, no creo, con todos los respetos, que haya sido la mejor decisión desde el punto de vista político. Tampoco del de la defensa de los intereses de los madrileños.

UNA RECUSACIÓN INELUDIBLE

Gerardo Martínez Tristán es un juez conservador. Con ideas ultraliberales y favorables a la privatización de la sanidad. Desde 2006, ha presidido la Sala de los Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El pasado octubre, ante la existencia en los tribunales madrileños de varias resoluciones sobre el proceso de privatización antes apuntado, convocó, a petición de parte (tal y como está contemplado en la ley), es decir, del gobierno de la Comunidad de Madrid, a toda la Sala a un pleno para que los 50 jueces pertenecientes a ella unificaran criterios: es decir, para “controlar” el proceso judicial. No lo logró, ya que los jueces votaron mayoritariamente contra su propuesta y optaron porque cada sección resuelva según su buen y judicial entender. Su coincidencia ideológica con las posiciones del gobierno regional y del PP madrileño son públicas (al margen de su condición de marido de una consejera de la Junta de Castilla-La Mancha) y, con absoluta coherencia, el PSM lo recusó por entender que iba a ser parcial y porque no iba a actuar con la independencia que el caso requiere.

LA ENDEBLEZ DEL POSIBLE VETO COMO VOCAL DEL CGPJ

Es obvio que esa iniciativa político-jurídica era necesaria, imprescindible. Ahora bien: de esa recusación en su calidad de presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJM al veto como candidato a vocal del Consejo General del Poder Judicial hay una distancia notable. Es más, se trata de dos ámbitos radicalmente distintos. El primero es un tribunal, que Martínez Tristán preside en razón de su condición de juez. El segundo es el órgano de gobierno de los jueces cuyo sistema de elección, como emanación del Parlamento, se sustenta en el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas derivadas de la voluntad popular. Tras largos años sin lograr ese consenso, en esta ocasión se ha alcanzado y cada partido ha propuesto los candidatos que ha considerado oportuno. ¿Qué candidatos han propuesto el PSOE e IU? Pues juristas de reconocido prestigio que tienen ideas progresistas y que han mostrado una trayectoria favorable a la profundización de la democracia y a la prevalencia de “lo público”. ¿Qué candidatos cabía esperar que propusiera el PP? Obviamente, juristas con ideas conservadoras, afines al ideario que defiende el Partido Popular en su labor de gobierno en los distintos niveles institucionales. En un caso y en otro se trata de jueces en ejercicio que no pocas veces llevan adelante procesos cuyas sentencias, actuaciones o resoluciones judiciales quedan impregnadas por su “ideario” (progresista en unos casos, conservador en otros).  Los jueces, como los poetas, o los novelistas, o los urbanistas, o los catedráticos, no viven en una torre de marfil: viven en medio de la sociedad, sometidos a sus corrientes de fondo (culturales, ideológicas, mediáticas, políticas) y establecen un criterio como ciudadanos que inevitablemente se filtra a su labor profesional. Martínez Tristán es uno de ellos: ha querido influir a favor de las posiciones del PP en su labor en el tribunal al que pertenece. Por eso está recusado por el PSM como presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJM. Otra cosa sería impensable.

Si no ha delinquido, si no es un juez corrupto, si lo que ha hecho  ha sido intentar unificar “doctrina” a requerimiento de parte dejándose llevar por su sustrato ideológico político en un procedimiento en el que se va a dirimir la privatización de la sanidad en Madrid, es obvio que está incapacitado para intervenir en ese proceso judicial. Pero es precisamente ese sustrato ideológico y su cercanía al PP lo que hace que sea “normal” que el PP lo proponga, dentro de su “cuota”, al órgano de gobierno del CGPJ. Imaginemos por un momento la hipótesis contraria: que el juez que ha paralizado el proceso de privatización de seis hospitales madrileños hubiera sido recusado por el PP en Madrid e  integrado en la “cuota” de vocales propuestos por el PSOE al CGPJ. ¿Sería razonable que el PP vetara su candidatura por su beligerancia contra las privatizaciones y por su sintonía con la posición socialista? No parece, creo…

UN ACUERDO DE ÁMBITO ESTATAL

¿Cuáles, entonces, serían las razones que, en la hipótesis de haberse llevado adelante el veto exigido por Gómez, habría de argüir el PSOE y su Ejecutiva Federal ante el Congreso y ante el Senado? Apunto, en coherencia con los argumentos dados por el secretario general de Madrid, los dos únicos posibles: a) que Martínez Tristán está cerca de las ideas del PP (como el resto de los jueces que propone, por cierto), y  b) que, en su labor judicial, interpreta la ley a favor de la privatización sanitaria y ha actuado para que en Madrid ésta  vaya adelante.

La consecuencia habría sido romper un acuerdo político que estabilizaría el CGPJ tras largos años de disputas sin salida entre los dos partidos mayoritarios y, con ello, el compromiso interpartidario de no vetar a los candidatos propuestos (salvo, obviamente, en casos de corrupción o de actuaciones delictivas).

Gobernar a los jueces no es dictar sentencias. Es ejercer una función que tiene connotaciones políticas y, dado el sistema de elección con que contamos, requiere consensos fuertes y cesiones mutuas. Y mientras no exista una fórmula alternativa de elección (sólo la elección directa por los ciudadanos podría mejorar, en sentido democrático, el sistema actual), éstos pertenecerán a la “constelación ideológico-política” del partido que los propone. Así, la neutralidad e independencia que se echa en falta a Martínez Tristán no sería muy distinta de la que, desde la óptica de la derecha, habría que echar en falta en Álvaro Cuesta, por ejemplo. Se me dirá que la diferencia es que Tristán ha intervenido como juez en el TSJM apoyando la posición del gobierno del PP: por eso está recusado en ese ámbito.

LA RENUNCIA AL ESCAÑO

Tras ese acuerdo y antes de someter la propuesta de CGPJ al voto del Congreso y del Senado, el Secretario General del PSM expresa su desacuerdo con la dirección nacional mediante una carta que es difundida por todos los medios de comunicación (con un regocijo especialmente visible en los diarios conservadores y en el “TDT party”) y anuncia que antes de votar favorablemente al tantas veces aludido magistrado, renuncia a su escaño en el Senado. Es decir, los “perjudicados” son, de un lado, la dirección federal del PSOE, y de otro, los madrileños que a través de la Asamblea de Madrid, le eligieron Senador. Ningún perjuicio para el Partido Popular, que se frota las manos ante la discrepancia pública en las filas socialistas, y a los partidarios de la privatización de la sanidad en Madrid les concede la enorme ventaja que supone que la voz que se opone a esa privatización dejará de expresarse en la Cámara Alta de aquí a  2015. No se pueden lograr más objetivos con una sola decisión. Si a ello añadimos que la candidatura de Tristán no la votaba el Senado y que, de manera indirecta, los senadores socialistas y de Izquierda Unida que mantienen sus escaños han quedado como incoherentes y tibios ante la privatización (el único que mantiene la coherencia es Gómez) tenemos casi completo el panorama.

LA POLÍTICA ES, TAMBIÉN, RESPONSABILIDAD

¿Por qué digo casi? Porque el otro elemento a considerar es el de la falta de responsabilidad. Con tan endebles argumentos, ha trasladado (otra vez) a la opinión pública la idea de un PSOE en crisis tras la recuperación de la iniciativa política que ha supuesto en la relación partido-ciudadanos la Conferencia Política: ha colocado en los medios de comunicación un debate que debería haberse realizado en el interior de ese partido confundiendo, además, los distintos planos en que se desarrolla la actuación política. Y ha contribuido a que la opinión pública reciba un mensaje falso: que él está contra la privatización de la sanidad pública en Madrid y Rubalcaba y el resto de la Ejecutiva del PSOE, no. No ha destacado, sin embargo, que nadie ha cuestionado la recusación del PSM al juez como presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJM: es más, la recusación ha contado con el respaldo unánime del grupo parlamentario y de la Ejecutiva Federal del PSOE, una iniciativa que, a mi juicio, es preciso mantener con tenacidad y con cuantos argumentos sea necesario. Pero convertir esa recusación en veto para la elección del CGPJ es harina de otro costal. Porque, lo queramos o no, no sólo sería entrar en el ámbito de proposición del PP puesto que el magistrado forma parte de su “cuota”, sino que formularíamos un veto por razones ideológicas y políticas: es decir, porque Martínez Tristán defiende, en materia sanitaria, el modelo que defiende el partido que lo propone (como el resto de los jueces de esa “cuota”). No por haber cometido un delito, haber tenido conductas corruptas o haber vulnerado la Ley.  

CONCLUSIÓN

Reitero: al final, la decisión de Gómez no ha dañado al Partido Popular y a los adalides de las privatizaciones. Más allá de la personal satisfacción moral del dimisionario, a quien ha dañado ha sido al PSOE. Y al propio PSM, que quedará privado, durante casi dos años, de la voz de su máximo líder en una cámara como el Senado, la cámara en la que, con todos los defectos y a la espera de una imprescindible reforma, se expresa la representación territorial de nuestro país. También la de la Comunidad de Madrid. La coherencia política, ¿no estaría en seguir batallando en el Senado para evitar la privatización sanitaria en Madrid y en contribuir, desde ese órgano, a que no se extienda, como una mancha de aceite, en el conjunto del Estado? A mi parecer, sí. Salvo que la decisión tenga más que ver con movimientos internos y procesos electorales en el seno del PSOE. Lo que no es de descartar.

La renuncia de Gómez al escaño, ¿a quién beneficia?