Las Cajas de Ahorros fueron víctimas de sus propios errores, su borrachera crediticia en la expansión de la burbuja, las vinculaciones políticas de gran parte de sus gestores y la incapacidad de muchos de ellos
La crisis económica en España y la explosión de la “burbuja inmobiliaria” comportó una quiebra profunda del sistema financiero del país con el rescate subsiguiente y los recortes que está pagando el conjunto de la ciudadanía del país.
Como consecuencia de esta situación ha tenido lugar un proceso de concentración bancaria en torno a tres entidades privadas, Santander, BBVA y Caixabank, junto con una entidad rescatada y nacionalizada Bankia, las cuales constituyen un verdadero oligopolio financiero. Junto a ellas permanecen dos bancos medianos Sabadell y Popular, este último en proceso de desaparición, y otras entidades menores.
Durante el proceso desapareció un sector de entidades, las Cajas de Ahorros, que durante el siglo XX, tuvieron una gran importancia como sector financiero que canalizaba el ahorro popular de las familias hacia el proceso productivo y tuvo un importante papel de servicio a la inclusión financiera de las clases populares. Las Cajas significaron durante una gran parte del siglo XX alrededor de un tercio del ahorro del país. A finales del siglo se sucedieron toda una serie de medidas legislativas que equipararon la actividad de las cajas a la de la banca privada eliminando determinadas limitaciones como la de no permitir la expansión de estas entidades fuera de sus comunidades de origen. Las Cajas de Ahorro fueron incrementando su expansión hasta canalizar la mitad del total del ahorro.
Y finalmente con el auge inmobiliario y con la crisis económica vino su implosión fruto básicamente de tres circunstancias. Las Cajas de Ahorros fueron víctimas de sus propios errores, su borrachera crediticia en la expansión de la burbuja, las vinculaciones políticas de gran parte de sus gestores y la incapacidad de muchos de ellos. Por otro lado el deseo de gran parte de los poderes económicos y políticos de conseguir su desaparición (no eran deseables entidades financieras no privadas) y en este sentido empezaron legislando primero su liberalización, y después la crisis estimuló su liquidación. Y como tercer motivo el hecho objetivo que la crisis inmobiliaria y económica afectó de forma más grave a las familias, especialmente por el incremento exponencial del paro. Esto impactó especialmente a las entidades de ahorro que canalizaban en mayor cuantía el ahorro familiar. Si la crisis de la reconversión industrial liquidó los bancos industriales la crisis inmobiliaria lo hizo con las Cajas.
Pero la crisis de estas entidades podría haber tenido otro final. Se podría haber optado, en lugar de regalarlas o venderlas por cuantías ridículas especialmente al oligopolio mencionado, por haberlas estructurado en torno a una entidad de ahorro público puesto que se habían rescatado con el dinero de todos.
Porque la desaparición de las cajas ha llevado aparejadas otras consecuencias. La pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo en el sector financiero. El cierre de miles de oficinas bancarias y lo más importando la desaparición de las entidades que hasta finales de los años 80 del pasado siglo estaban al servicio de las capas más desfavorecidas de la sociedad. Es cierto que en los últimos años, con su equiparación a la banca privada se había dado un cambio progresivo en su función de servicio y se habían convertido, como la banca privada, en vendedores de productos de todo tipo que colocaban a la clientela sin distinciones.
Ello ha comportado múltiples problemas y verdaderos fraudes, desde las “Primas Únicas” que colocó la Caixa a principios de los ochenta, hasta las participaciones preferentes, las deudas subordinadas sin fecha de caducidad, o la propias salidas a bolsa colocando las acciones entre impositores sin conocimientos financieros.
La desaparición, tanto de la banca pública cómo de las cajas está comportando otro problema que puede agudizarse en el futuro, el de la exclusión financiera de una parte importante de la población más desfavorecida.
Hoy en día las entidades financieras ya no comercializan productos de ahorro típicos como era los productos de ahorro a plazo. Hoy básicamente se venden productos estructurados complejos o productos especulativos de riesgo. Por otro lado a los pequeños ahorrativos se los grava con comisiones sin fin por cualquier servicio, muchos de los cuales eran gratuitos en otro tiempo. El pequeño ahorrador se contempla por las entidades más como una carga que como un cliente rentable e interesante. Cada vez más los trabajadores financieros se han convertido más en vendedores que en asesores. Cada vez menos personal se dedica a la atención del cliente de caja, que normalmente se trata del pequeño ahorrador. Existen ya entidades como Caixabank que potencian grandes oficinas sólo dedicadas a la inversión y dónde ya no existe la típica función del servicio de caja que se desplaza a los cajeros automático de difícil acceso para la población de mayor edad o menos preparada. Mientras las pequeñas oficinas que existían por toda la geografía se cierran en número considerable. Esto se nota especialmente en poblaciones rurales que se han quedado sin ninguna oficina bancaria. Así mismo acciones como el cobro de recibos por caja, para clientes que cada vez abundan más sin cuentas bancarias, se abren como mucho una o dos horas a la semana y en horarios no centrales.
La exclusión financiera es una fase más del proceso de desigualdad. Una situación que ya se ha dado en otros lugares como Gran Bretaña. En el Reino Unido, donde tuvieron su origen las Cajas de Ahorros a inicios del siglo XVIII, desaparecieron a mediados del siglo XX y provocaron un incremento de exclusión financiera en una parte de la ciudadanía con menor poder adquisitivo con las dificultades que esto comporta al no poder domiciliar sueldos ni pagos de recibos ni utilización de los servicios financieros en general.
Esto empieza a suceder en nuestro país, tanto en los municipios pequeños como entre las capas sociales con menos recursos y es una situación negativa desde el punto de vista social y económico por la marginación que comporta.
Hay soluciones posibles para poner un cierto freno tanto a la concentración bancaria en pocas manos privadas como al proceso de exclusión financiera. La mejor posible de realizar sería la conversión en banca pública de las entidades nacionalizadas mediante la fusión de Bankia y BMN, ampliado si se tercia por la integración del Popular. Esto sólo comportaría beneficios para el conjunto de la sociedad. Todo el mundo es consciente que no se privatizarán con devolución del importe del rescate. Por lo tanto si el rescate lo pagaremos todos lo más lógico es que la entidad bancaria sistémica resultante esté al servicio de todos como banco público. Un banco de estas características podría efectuar una función social similar a la de las antiguas cajas de ahorros de canalización y servicio al ahorro popular. A la vez este polo financiero público sería un contrapeso a la presión del oligopolio financiero-especulativo privado existente